Se imagina usted la cara de los empleados del Ayuntamiento que creían que habían hecho el negocio de su vida y al momento de recibir el dinero los supuestos clientes les dicen: “somos de la Fiscalía Anticorrupción y están ustedes detenidos”.
Esa escena que es típica de las películas norteamericanas ya se dio en la vida real en Morelos. Lástima que fue en un pequeño municipio para muchos desconocido: Atlatlahucan y fue por 50 mil pesos, cuando sabemos que en los municipios con mayor densidad poblacional las transas se dan con más frecuencia y con más ceros en las cifras.
En este caso que dio cuenta la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dos servidores públicos adscritos a la Coordinación de Rentas del Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc del Ayuntamiento de Atlatlahucan fueron detenidos por el delito de Ejercicio Abusivo del Servicio Público y quedaron vinculados a proceso.
Además, Cristofer “N” también fue vinculado por el delito de Falsificación de Documentos y José Alberto "N" por Cohecho.
Los funcionarios fueron detenidos el pasado 19 de febrero de 2020, derivado de las operaciones encubiertas que realizaron elementos de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía.
Lo que hicieron los agentes fue hacerse pasar por usuarios que querían “pagar menos” en sus adeudos de Catastro por los inmuebles que tienen en Lomas de Cocoyoc. Los servidores públicos cayeron en la trampa y les sugirieron que podían borrar los adeudos correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018, de una cuenta catastral.
- ¿Y cómo cuanto necesitaríamos para eso? Preguntaron los policías con cara de ingenuidad.
- Pues mire jefe, normalmente se cobra más, pero por tratarse de ustedes se lo podemos dejar en 50 mil- dijo el incauto empleado.
Y así fue como acordaron verse en un lugar para hacer la transacción: los supuestos usuarios llevarían los 50 mil pesos y los desleales servidores públicos le entregarían un documento en el que daban constancia de que el predio en mención estaba al corriente de todos sus pagos. Obviamente dicho documente era apócrifo, impreso por ellos mismos en una computadora, con firmas falsificadas y sellos que también mandaron hacer exprofeso.
¿Cuántas transas iguales hicieron estos sujetos? No lo sabremos y tampoco van a ser juzgados por delitos anteriores, pero lo que sí es indiscutible es que están bien presos en la cárcel Distrital de Cuautla.
Días después de la detención sus abogados solicitaron la suspensión condicional del proceso con el fin de obtener la libertad de los imputados, pero ante la oposición de la representación social y los sólidos argumentos que presentó, el Juez negó la petición y ambos servidores públicos continuarán en prisión preventiva.
La Fiscalía Anticorrupción manifestó su oposición a esa solicitud por su improcedencia jurídica, en razón de que además del delito de Ejercicio Abusivo del Servicio Público, a Cristofer “N” se le imputa Falsificación de Documentos y a José Alberto “N” Cohecho, con lo cual, superan la media aritmética de cinco años de prisión, por ello, era improcedente la suspensión.
El Juez, además de coincidir con la argumentación del Ministerio Público, estableció que los imputados fueron vinculados a proceso por la suma de dos delitos cada uno, conforme el auto de vinculación a proceso, por lo que no alcanzan ningún beneficio de libertad.
Además, dijo que los delitos que se atribuyen a los servidores públicos, no pueden separarse uno de otro, porque la legislación penal no hace esa distinción.
A diferencia de lo que ocurre en la Fiscalía General (quizás porque la carga de trabajo es mayor), en la Fiscalía Anticorrupción se notan los resultados. Diariamente están generando tarjetas informativas de las carpetas de investigación que judicializan, algunas “pegan” y otras se las regresan, pero no dejan de insistir.
Es digno de reconocer que en la Fiscalía Anticorrupción no sólo se avocan a los asuntos de renombre (todos relacionados con el gobierno de Graco, hasta ahora), sino también en casos de poca relevancia mediática pero socialmente necesarios.
Tal es el caso de la joven “bombera” de Cuernavaca, a quien presuntamente uno de los directivos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital de Morelos, la acosaba sexualmente y le pedía la mitad de su sueldo.
Aun cuando la investigación se encuentra en una etapa inicial, la agente del Ministerio Público consideró pertinente privilegiar la integridad física, sicológica y patrimonial de la víctima, por lo que, en audiencia, solicitó a un juez del Control, la ratificación de las medidas de Protección por 60 días, para que el hombre denunciado no se acerque a su trabajo, ni a su casa.
En otro caso, la Fiscalía Anticorrupción logró ratificar las medidas de protección a favor de un niño de 12 años y su madre, ya que el menor presuntamente fue agredido y amenazado por su tío, quien es policía de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
El pasado 6 de diciembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción recibió la denuncia de una mujer y su menor hijo, quienes declararon que ese día, Juan “N” tío del agraviado, estando vestido de policía, lo empujó y amenazó con “levantarlo”, diciéndole que su mamá no lo iba a encontrar.
Ante tal situación, la Fiscalía Anticorrupción dictó medidas de protección apegándose al artículo 137 fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que mientras se realizan las investigaciones y se está en condiciones de judicializar la carpeta, el imputado no puede acercarse al menor, ni a su madre, quienes deberán contar con protección policiaca.
Lo anterior, a pesar de que recientemente el abogado Gibran Haro Álvarez hizo público a través de su cuenta de Twitter un documento en el que el comisionado de Seguridad Pública, Antonio Ortíz Guarneros, le advierte al Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, que ya no le va a mandar elementos cada vez que un agente del MP lo requiera, sino solamente en aquellos casos realmente justificados.
“…le comunicó que a partir de la fecha no podrá implementarse ninguna medida de protección si no se acompaña al oficio de solicitud la siguiente información”, dice el documento fechado el 13 de febrero, y enseguida viene una lista de cinco condiciones para autorizar los elementos.
Luego dice que las medidas de protección “son giradas de manera indiscriminada” por los agentes del MP y le pide al fiscal general que “exhorte a los MPs a que solamente soliciten el auxilio de esta dependencia cuando esté acreditado el riesgo inminente que tenga la persona a la cual se le brindará la medida de protección”.
¿Será también justificado que elementos de la CES sirvan de escoltas de servidores públicos de los tres poderes del Estado?
HASTA MAÑANA.
