El primero de ellos es el encargado de integrar la carpeta de investigación FECC/455/2019-12 en contra del secretario técnico interino, Alejandro González Chevez por ejercicio ilícito de servicio público, en la que se le dio una celeridad inusitada y se cometieron irregularidades procesales con tal de vincularlo a proceso.
El informe de orden de investigación firmado por el agente de grupo de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Adolfo Colín Pineda, es un ejemplo de cómo integrar un expediente cuando hay “línea”.
Ahí se menciona, por ejemplo, que “con base en investigaciones pasadas” se pueden integrar datos a la carpeta y que una persona x “me indica que la persona que busco vive en el número 1 de la Calle Compositores”, y otra vecina le dice que el sujeto que busca tiene una oficina en la colonia Vista Hermosa, pero con tan buena suerte que “una persona del sexo masculino el cual omite sus generales para no verse involucrado en problemas legales me dice que la persona requerida se encuentra en Río Nazas número 810 de la colonia Vista Hermosa”.
¡Que ciudadano tan bien informado y tan colaborativo encontró el agente de la policía!
El expediente en su totalidad está plagado de inconsistencias, declaraciones de 10 páginas que se hicieron en cuestión de minutos, fechas cambiadas, todo “armado” con tal de que el juez vinculara a proceso al imputado.
Y por supuesto que lo vincularon a proceso, pues para eso una de las aliadas es la presidenta del TSJ.
Recordemos que los comisionados (que a su vez fueron electos por un grupo de nueve ciudadanos, no por el congreso ni por los partidos) resultaron ser Roberto Coranguez Esquivel, Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida, cuya presidencia es rotativa, en ese orden.
En tanto que el Comité Coordinador está integrado por el presidente del CPC (Roberto Coranguez); el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (con una encargada de despacho); el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez; el titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, César Santana Nava; la representante del Consejo de la Judicatura estatal (o su equivalente) María del Carmen Verónica Cuevas López; la comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dirzo; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; Manuel García Quintanar, y la representante común de los Contralores Municipales del Estado, América Berenice Jiménez Molina.
La manzana de la discordia siempre fue el nombramiento del secretario técnico. La primera terna fue rechazada, y al secretario técnico interino no solamente lo desconocieron sino que lo quieren meter a la cárcel.
Todo esto impidió que funcionara el Sistema Estatal Anticorrupción.
Fue hasta el pasado lunes, cuando la oficina de Comunicación Social de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, habilitada como oficina de prensa del SEA, emitió un comunicado titulado: EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACUERDO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL SISTEMA.
Y como subtítulo dice: “Eva Penélope Picazo Hernández es la nueva Presidenta del Comité Anticorrupción del Estado de Morelos”.
Dicho comunicado refiere que el pasado viernes 13 de marzo de 2020, se llevó a cabo a las 13:30 horas, en la oficina de la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la Primera Sesión Extraordinaria del año 2020, del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.
Informa que una de las conclusiones a las que arribaron es que los integrantes de la propuesta para el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos presentadas por el entonces presidente del Comité de Participación Ciudadana, no se encuentran legalmente conformadas, en virtud de que las personas que la integran, no reúnen los requisitos que exige el artículo 36 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, por lo que se pide una nueva terna integrada por personas que si reúnan los requisitos.
Y finalmente, menciona que en la sesión referida estuvieron presentes “en su totalidad todos (sic) los integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, establecido en el Artículo 30 del la Ley Anticorrupción del estado de Morelos.
Ahí se menciona ya a Penélope Picazo Hernández como presidenta del SEA.
A través de un comunicado firmado por tres de los cinco integrantes del CPC-SEA, se dio a conocer el relevo de Coránguez Esquivel por “la falta reiterada de actividad sustantiva” y “la omisión en el cumplimento de sus funciones y atribuciones”, por lo que “con el voto de la mayoría de sus integrantes determinaron necesario y justificado declarar la Ausencia del Presidente y proceder a la designación de la Consejera Lic. Penélope Picazo Hernández, como Presidenta Sustituta del Comité de Participación Ciudadana, lo anterior con fundamento en el artículo 19 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos”
Por lo tanto, Picazo Hernández, será presidente sustituta hasta el 30 de abril, fecha en que culminaba el periodo de su antecesor, y posteriormente se mantendrá en el cargo hasta el 30 de abril de 2021, ya que en orden de prelación le toca asumir la representación del CPC-SEA por un año.
Es decir, combaten una ilegalidad con otra ilegalidad.
Pero esto apenas comienza.
