El ejemplo más cercano lo tenemos con el programa inventado por el entonces gobernador Graco Ramírez para enfrentar los daños provocados por el sismo de 2017 en Morelos. A la fecha nadie sabe cómo se ejercieron los recursos de “Unidos por Morelos” porque ahí se mezcló dinero de la Federación, del estado y de fundaciones privadas.
Ahora, con el tema de la pandemia por el virus conocido como Covid 19, tanto a nivel nacional como estatal e incluso los municipios se están haciendo compras sin licitación porque así lo permite la Ley sobre Adquisiciones (la de Morelos lo contempla en su artículo 50).
Sin embargo, en ningún momento la emergencia puede justificar la discrecionalidad en la actividad pública y menos la suspensión de los derechos de la sociedad de conocer que se está haciendo. Es más, la emergencia debe de ampliar el margen de información y transparencia para generar certeza en el colectivo, y con ello, atajar de mejor forma, la gravedad del momento.
El alcance de la posible afectación no tiene todavía un límite y, por tanto, es necesario la intervención directa de la autoridad para encontrar el mejor camino que permita salir lo antes posible de la emergencia, y tratando que sea en condiciones de menor afectación a la población.
Producto de ello, los primeros responsables de atajar el momento es el Poder Ejecutivo federal, locales y los presidentes municipales, a través de las atribuciones que tienen en materia de salud y emergencias, así como con las estructuras orgánicas a su mando. Por el nivel y gravedad de la situación han implementado, esos gobiernos medidas para restringir ciertos derechos y libertades y con ello atender de mejor forma los retos del virus Covid-19. Por ello deben de efectuar medidas sumarísimas que paleen la gravedad de cada día, como es la compra de productos, equipo e insumos de salud que no estaban programados al momento de hacer el presupuesto anual.
Sin embargo, el uso de los recursos públicos en ningún momento puede estar sujeto a una discrecionalidad y obscurantismo en la que muchos años vivió la sociedad mexicana y que hizo tanto daño.
Pero no solo ello, la transparencia no solamente debe de ser respecto del uso de los recursos, sino de cada una de las actividades que se lleven a cabo dentro de la emergencia. En otras palabras, la gravedad no puede justificar una actuación en sentido contrario a la transparencia establecida en la norma mexicana y la cual está hecha para legitimar el uso del recurso, así como de la actividad pública (de todos los poderes y órganos públicos). Si se necesitan ejercer recursos, hacer acciones y quizá algunas omisiones, como parte de la estrategia de la función pública, debe, aun así, de llevarse a cabo con la difusión más amplia ante la sociedad, por lo que bajo ninguna circunstancia se puede renunciar al escrutinio público.
Hacer lo contrario solamente nos llevaría a una regresión que iría en contra del principio de progresividad de los derechos humanos, como es el de transparencia y acceso a la información.
Es por ello, que las actividades del sector público deben de reducirse para evitar mayores infecciones, pero en ningún momento se puede cerrar el paso a la transparencia, de ahí la importancia de que los órganos garantes de la transparencia amplíen su esfuerzo de trabajo de fiscalización pública respecto de la actividad pública, claro, con todos los cuidados y protocolos del caso.
Pero, ¿qué creen? Tanto a nivel nacional como en lo local los órganos garantes decretaron que por la contingencia sanitaria se suspenden los plazos legales, tanto para dar respuesta a solicitudes de información como para tramitar recursos de inconformidad.
El 20 de marzo pasado el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) determinó suspender los términos y plazos, del lunes 23 de marzo al viernes 17 de abril. Posteriormente, tras declararse la fase 2 de la emergencia sanitaria, suspendió sus sesiones de manera provisional, pero ayer –por primera vez en su historia- realizó una sesión de pleno “virtual”.
En el caso del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), no tienen necesidad de hacer sesión de pleno pues –como lo informamos oportunamente- el órgano garante se quedó con un solo integrante que actúa únicamente con su secretaria ejecutiva. En la sesión del pasado 6 de abril, la presidenta Ivonne Rosales Sotelo acordó ampliar el término al 30 de abril.
Es decir, la opacidad se regodea en Morelos y los sujetos obligados pero incumplidores pueden estar tranquilos un buen tiempo.
Claro, la presidenta del IMIPE puede decir que ella no tiene la culpa de que haya coronavirus y que el Congreso local no designe a sus dos compañeros que faltan, y tiene razón.
Y es que la Legislatura Local es la que ha salido más beneficiada con la contingencia sanitaria (como anillo al dedo, diría AMLO), pues las diputadas y diputados se fueron a sus casas y desde ahí mandan las típicas declaraciones de que “el diputado fulano condena tal cosa”, y que la diputada equis exige que se atienda determinado asunto.
Pero no todos, algunas y algunos ya tomaron el asunto del Covid 19 como bandera para iniciar su precampaña y andan repartiendo despensas, vendiendo pollo a precio módico y regalando sanitizantes, lo cual no está mal pero que no olviden que su principal responsabilidad es legislar.
HASTA MAÑANA.
