Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a nivel federal se crearon diversos órganos que tuvieron que ser replicados a nivel estatal, pero que a la larga están representando más gastos que beneficios, y que ahora con la pandemia todos están en crisis y a punto de colapsar.
Un caso emblemático es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que desde su nacimiento tiene problemas económicos pero que con la pandemia, casi el 60% del personal perderá su trabajo en los próximos días ante la falta de recursos para pagarles.
Funcionarios de la propia comisión dieron a conocer que se notificó a más de 100 colaboradores que ya no hay dinero para sus sueldos. Además, no hay recursos para pagar ni la renta de la sede central, ni los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país. Por ende, tampoco existirá sitio para atender a más de 7 mil 200 víctimas que se reciben mensualmente, ni para tramitar los apoyos de otras cinco mil.
Incluso, al no haber dinero para mantener sistemas informáticos, se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas con los datos personales de más de 34 mil personas.
“La CEAV informa que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, advirtió el organismo en un comunicado.
La CEAV reconoce que este nivel de afectación tiene su origen en el mal diseño con el que fue construido el organismo hace unos años. Se trata de un organismo que carece de inmuebles propios, donde la gran mayoría de sus servicios son subcontratados y donde dos terceras partes del personal es eventual o de contratación “outsourcing”.
Debido a esto, la nómina de esos colaboradores, las rentas y servicios esenciales se cubren justamente con las partidas 2000 y 3000 de servicios generales que el gobierno decidió recortar a un 75%. La Comisión subrayó que explicó esta situación a la Secretaría de Hacienda, pero fue inútil y se ordenó la reducción.
“Se autorizó sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”, dijo la CEAV.
Algunas de las consecuencias que traerá consigo este recorte al presupuesto del organismo son los siguientes:
*La pérdida de los puestos de trabajo de casi el 60% del personal de las áreas centrales, que equivalen al menos a 230 funcionarios que se quedan sin trabajo.
*No se cubrirá el pago de renta, agua, luz ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 centros de atención estatal. La deuda tan solo por estos servicios supera los 120 millones de pesos.
En Morelos su similar se denomina Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, y su principal función es repararle el daño a las personas que han sido víctimas de un delito, y que no hay quien se haga cargo de ello. Es decir, que asume la responsabilidad del victimario, si es que éste no tiene dinero para hacerlo.
Recordemos que inicialmente este organismo tenía cinco comisionados y una coordinadora ejecutiva que desde su creación es Nadxieelii Carranco Lechuga. Los comisionados eran Norma Delgado Díaz, Angélica Rodríguez Monroy, Concepción de la Rosa Bernal, Penélope Picazo Hernández y Juan Carlos Morales Figueroa.
La ley de víctimas (por la que Graco Ramírez le pagó cinco millones de pesos al ex juez Baltasar Garzón), no establecía con claridad cuáles eran las funciones específicas de los comisionados, así que prácticamente los dejaba a su gusto personal de cada quien.
Así, tenemos desde las comisionadas que hacían más de lo que la ley les concedía, convirtiéndose prácticamente en asesoras jurídicas de las víctimas (tal es el caso de Norma Delgado y Angélica Rodríguez); las que hacían solamente lo que la legislación dice (Penélope Picazo y Concepción de la Rosa) y el que no hacía más que asistir a las sesiones y los días de quincena (Juan Carlos Morales, pariente político de Olga Durón, la primera esposa de Graco).
En un evento al que asistió Elena Cepeda, esposa del entonces gobernador, dijo que los comisionados no deberían cobrar porque no hacían nada, y que la única que trabajaba era la coordinadora ejecutiva. Y su voz fue profética: pocos meses antes de concluir el sexenio, los diputados reformaron la ley y desaparecieron la figura, conservando a Nadxieelii Carranco Lechuga en su cargo.
Extrañamente, a pesar de que “Nad” es una de las personas más cercanas a Graco Ramírez y Elena Cepeda, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas la ha mantenido en el cargo en la presente administración “nadando de a muertito”, lo que le ha servido para mejorar sustancialmente su nivel económico.
Recuérdese que en el sexenio de Graco Ramírez los recursos financieros los movía Jorge Michel Luna a su antojo o según se lo requiriera el gobernador. De ahí que tuvieron que pasar dos años para que la CEARV pudiera emitir el primer pago para indemnizar a una víctima.
La CEARV tiene un presupuesto de poco más de ocho millones de pesos, pero la mayor parte se le va en pago de salarios y en la renta del inmueble que ocupan en la avenida Galeana.
Su página de internet está caída y en su “fanpage” de Facebook sólo replican información del gobierno estatal.
Su último post propio fue del 21 de mayo a las 13:28 horas, para informar que a Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas #Morelos la Lic Nadxieelii Carranco Lechuga, junto con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado, sostienen reunión de trabajo para dar seguimiento a casos de personas en situación de víctima. Así mismo, durante la reunión se llevó a cabo la revisión e integración de la documentación necesaria para llevar a cabo Sesión Ordinaria 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos”.
Y en la misma situación están otros organismos de reciente creación como es la Comisión de Búsqueda de Personas y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de los que hablaremos en entregas posteriores.
HASTA EL LUNES.
