Se murió el Seguro Popular. El pasado miércoles se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” se publicó el decreto mediante el cual se da por extinguido el organismo descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y sólo existirá para efectos de liquidación. Con él se van los recuerdos de millonarias transas que —todo parece indicar— quedarán en la impunidad.
Conforme a las reformas a la Ley General de Salud, por las cuales fue eliminado el Seguro Popular y creado el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se concedió a las entidades federativas un plazo de 180 días naturales, contados a partir del 1 de enero de 2020, para armonizar las leyes estatales.
Como parte de esta armonización, el Poder Legislativo de Morelos aprobó el decreto para la extinción del REPSS, al haber dejado de tener un objeto o fin legal para su funcionamiento.
De acuerdo con el decreto que autorizó la extinción del organismo público descentralizado, creado en diciembre de 2015, comenzará un proceso gradual de liquidación y conservará únicamente su personalidad jurídica para efectos del proceso de liquidación.
Para realizar este proceso, se instalará un Comisión Auxiliar Liquidadora, que será un órgano colegiado interinstitucional de análisis y, en su caso y excepcionalmente, de decisión, que estará integrada por las Secretarías de Hacienda, de Administración y Salud.
Será nombrado un liquidador que tendrá la tarea de continuar, hasta su conclusión, los procesos, programas y demás actos jurídicos que se encuentren en trámite; y podrá apersonarse en los juicios y procedimientos jurisdiccionales pendientes de resolución en los que el REPSS es parte.
Los bienes muebles del organismo extinto serán transferidos a la Secretaría de Administración para su reasignación, en términos de la normativa aplicable, priorizando las necesidades de la Secretaría de Salud y de sus organismos públicos descentralizados.
Respecto a las relaciones burocráticas que subsistan con el recurso humano del REPSS, serán terminadas de conformidad con la legislación de la materia, respetando sus derechos laborales.
Los recursos financieros remanentes que, en su caso, subsistieran una vez concluido el proceso de liquidación, y que formaban parte del patrimonio del REPSS, serán transferidos, previa opinión de la Comisión Auxiliar Liquidadora, a la Secretaría de Hacienda, para su reasignación correspondiente.
La base de datos del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, así como los archivos, consistentes en los expedientes físicos de afiliación, deberán ser entregados a la Dirección de los Servicios de Salud de Morelos, que deberá realizar el resguardo y uso, de conformidad con la normativa aplicable. Es decir, ninguna, pues la Ley General de Archivos entró en vigor el año pasado y aún no se hacen las adecuaciones necesarias para su aplicación en la entidad.
La desaparición de ese organismo le cayó “como anillo al dedo” a funcionarios que se encargaron de “inflar” el padrón de beneficiarios para acceder a los fondos federales. Hasta los muertos aparecían como vivos según me confió una ex trabajadora.
Sin embargo, el verdadero saqueo se dio en las altas esferas, a nivel de directivos. Y ahí es donde vuelve a aparecer el nombre de Joaquín Guillermo Fernández Urbán, de quien nos referimos recientemente en este mismo espacio.
Fernández Urbán (hoy exiliado en España), era el propietario de la empresa Especialidades Médicas de México, laboratorio que durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal Ramírez (quién diría que después se quedaría con la esposa) obtuvo dos contratos millonarios por intermediación del entonces oficial mayor Alfonso Pedroza y el director de adquisiciones, Jorge Mario Arreguí.
Dicha empresa se llevó casi 60 millones de pesos en esa operación consistente en el pago por adelantado de 40 mil “check ups” (pruebas de laboratorio), los cuales nunca se realizaron.
Según las clausulas del contrato, el gobierno estatal le entregó el dinero a Guillermo Fernández sólo con la presentación de las formas administrativas (ordenes de trabajo) mientras que el dinero que representó ese gasto se repartió entre, al menos, seis personas.
Y por si eso fuera poco, Fernández Urbán se llevó otros tantos millones por concepto de “asesoría” a través de su despacho, Fernández Azcárraga.
Todavía en agosto del 2017, la entonces secretaria de Salud, Patricia Mora González, refirió que existía un déficit por 92 millones de pesos heredado por el gobierno de Marco Adame Castillo.
A decir de la encargada de la Salud en la entidad, fue desde el inicio de gobierno entrante de Graco Ramírez que se detectó un gasto por 92 millones de pesos en medicamentos de los que la administración saliente del panista Marco Adame Castillo no entregó facturas ni comprobantes de pago a proveedores, las denuncias ante los entes fiscalizadores se interpusieron desde entonces pero después de cinco años el caso seguía "congelado".
Ahí quedará, en alguna caja de cartón en calidad de “archivo muerto”, la averiguación previa SC/2ª./695/08-01 que se inició durante la administración del médico Adame Castillo, pero que nunca fructificó porque el empresario Fernández Urbán amenazó con delatar a todos los servidores públicos involucrados en el saqueo al Seguro Popular.
Y no sólo eso: se jactaba de haber aportado varios millones de pesos a la campaña de Adame “hasta que Javier López me dijo que ya no diéramos dinero, que había llegado un ingeniero del norte de la república que iba a poner todo el dinero para el resto de la campaña”.
Ya en el poder, Marco Adame Castillo no le quiso dar contratos, lo que fue considerado por el empresario como una traición.
Con la entrada de Graco Ramírez al gobierno del estado las cosas no mejoraron para el Seguro Popular. Lo siguieron saqueando.
Angélica Ivonne Cisneros, titular del programa del Seguro Popular en el gobierno federal, aseguró el año pasado que el organismo realizaba una investigación junto con la Contraloría y el abogado general de la Secretaría de Salud por desvíos de más de 7 mil millones de pesos en ese programa en Morelos, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Nayarit y Sonora, según una nota publicada en el diario Reforma.
Con Graco Ramírez uno de los directores del Seguro Popular fue el médico Alejandro Álvarez Ramírez, quien hoy se desempeña como “coordinador de crónica presidencial” con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
HASTA MAÑANA.
