Es bien sabido que hay dos formas de aplicar la ley: justicia y gracia y justicia a secas, dependiendo de quién se trate. Así lo aplica la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) que encabeza el ex consejero jurídico del gobierno de Graco Ramírez, el controversial Juan Salazar Núñez.
En ocasiones ni ruido hace para llevar a cabo diligencias, pero cuando hay un interés especial ordena un vistoso operativo como el de ayer por la mañana en las instalaciones de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) en el que cualquiera diría que se trataba de un cateo a la casa de una peligrosa banda de delincuentes.
A decir de los empleados de la ESAF, los elementos policiacos prácticamente “tomaron por asalto” las instalaciones ubicadas en la calle Cecilio Robelo de la colonia Chapultepec.
Luego de darse a conocer en redes sociales algunas imágenes del operativo, la oficina de Comunicación Social de la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado en el que aclaró que la diligencia fue “en cumplimiento de una orden cateo concedida por un Juez de Control” y que se había hecho respetando lo establecido en el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Derivado de las múltiples negativas, evasivas y omisiones a los requerimientos de información realizados por la Fiscalía Anticorrupción, hoy se llevó a cabo la diligencia de cateo relacionada con la causa penal JC/1051/2020 autorizada por un Juez”. Obviamente, no dio detalles del contenido del expediente por motivos de secrecía.
Después del mediodía vino la contrarréplica de la ESAF, en voz de América López Rodríguez, “encargada de despacho de la Auditoría General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización”, quien en una conferencia de prensa condenó la forma en cómo procedió el personal de la FECC.
Confirmó que derivado de la irrupción, el personal de la FECC sustrajo el expediente de la revisión que se encuentra radicado en la Dirección General Jurídica, a partir de una de una denuncia ciudadana por presuntas irregularidades financieras en la Fiscalía General del Estado.
"Ingresaron sin ningún protocolo, no nos permitieron designar a dos testigos de asistencia, no nos permitieron interactuar con ellos y a todo el personal lo sacaron de la oficina y los amedrentaron prohibiéndoles grabar lo que sucedía con sus teléfonos celulares", narró López Rodríguez.
Cuestionó que nuevamente, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, en una clara acción de subordinación a la Fiscalía General, continúe obstaculizado las atribuciones legales de fiscalización que tiene asignadas la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.
América López reprochó que a partir de lo ocurrido la mañana de este lunes, que no tiene precedente en Morelos, la Fiscalía haya vulnerado claramente —en principio— el derecho del ciudadano que se atrevió a realizar la denuncia en contra de la Fiscalía General, pero en general, en contra de todos los ciudadanos que pudieran estar valorando ejercer su derecho de denuncia ante las instituciones.
“¿Qué garantías ahora tiene la ciudadanía de venir aquí o por la vía anónima realizar alguna denuncia, cuando viene la propia Fiscalía y se lleva la denuncia?”, cuestionó.
Anticipó América López que la Entidad Superior "estará valorando, presentar los elementos jurídicos pertinentes correspondientes y ¿por qué no?, la ampliación de la denuncia que ya habíamos presentado ante la Fiscalía General de la República contra estos actos de intromisión por parte de la Fiscalía General”.
También hizo uso de la palabra el encargado de despacho de la Dirección General Jurídica de la ESAF, Alberto Salgado Pérez, quien apuntó que el personal de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, también se llevó lo que se denomina "libro de gobierno", en el cual se registran todas las denuncias que se reciben en la ESAF y a las que debe darse el cauce legal correspondiente.
Fue precisamente el funcionario mencionado, al que llegaron buscando la semana pasada elementos de la FECC que llevaban “terciada” (como le dicen en el argot policiaco) un arma larga. Pudiendo dejarle el oficio con el personal de vigilancia, exigieron que fuera el propio Alberto Salgado quien saliera a recibir el documento.
Obviamente no lo hizo, pues temía que ya teniéndolo cerca “le dieran levantón” sólo para demostrar quién manda.
Ambas instituciones esconden algo y actúan sospechosamente. ¿Qué contiene la denuncia anónima que recibió la ESAF en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado? ¿Qué contiene la famosa causa penal JC/1051/2020 que derivó en el cateo de ayer por la mañana? ¿Qué juez libró dicha orden de allanamiento? Recordemos que los jueces tampoco actúan imparcialmente, pues algunos tienen compromisos con la anterior presidenta del Tribunal, Carmen Cuevas.
No hay que olvidar que Carmen Cuevas (quien ayer apareció cínicamente como aspirante a un cargo de elección popular), fue parte del plan que urdieron Salazar Núñez, Penélope Picazo y el magistrado de Justicia Administrativa Manuel Quintanar, para tratar de encarcelar al entonces presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Roberto Coranguez Esquivel y a Alejandro González Chévez.
No lo lograron, pero en ese expediente hay infinidad de violaciones procesales y “cosas raras” que demuestran que no importaban los medios sino conseguir el objetivo final: sacar del Sistema Estatal Anticorrupción a Coranguez Esquivel.
Ironías de la vida: el abogado y contador público Roberto Coranguez Esquivel podría encabezar la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, luego de que el contador Miguel Ángel Romano Fuentes, quien estuvo a dos votos de quedarse con el cargo el año pasado, me confirmó que esta vez no va a registrarse como aspirante porque quedó “muy decepcionado de todos”.
HASTA MAÑANA.
