Un Juzgado de Distrito resolvió recientemente el recurso de amparo interpuesto por Uriel González Sotelo, quien se quedó de encargado de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso Local a la salida de Vicente Loredo Méndez. La resolución federal es desfavorable para el quejoso, pero muy favorable para la actual responsable de la institución, América López Rodríguez.

Como se recordará, el 31 de octubre del año pasado, Uriel González Sotelo solicitó amparo por estimar transgredidos los derechos fundamentales reconocidos en diversos artículos de la carta magna, por parte de 12 de los 20 diputados que integran la LIV Legislatura Local.

Les reclamaba “la designación de una persona encargada de la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal, así como una persona encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, lo que trajo en automático mi indebida e ilegal remoción de mi cargo como auditor Especial (…) sin que se haya observado las formalidades esenciales en el procedimiento, en principio porque el suscrito, en términos del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, debí de haber sido evaluado para poder determinar si podría tener un periodo más en dicho cargo”.

Los términos de la resolución emitida por la juez cuarto de distrito del Estado de Morelos, Erika Nayeli Torres Santiago, al resolver el sobreseimiento del juicio de amparo que promovió Uriel González Sotelo para combatir su remoción del cargo de Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal con funciones de encargado de despacho de la Auditoría General, despeja de manera directa cualquier cuestionamiento respecto a la legal permanencia de López Rodríguez como actual encargada de despacho de la ESAF.

Se espera que con esta resolución los miembros de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción terminen con su campaña de persecución en contra de la ESAF, pues sus investigaciones están basadas en que el nombramiento que sostiene en el cargo a América López es ilegal.

 “…es evidente que tanto la propuesta y el diverso acuerdo emitido por la Junta Política y de Gobierno del Congreso, constituyen actos de carácter soberano y discrecional, aun cuando no se disponga expresamente así en la Constitución local, ni en Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos”, señala tajantemente la resolución que tuvimos a la vista.

 “En el caso se considera actualizada dicha causal de improcedencia (del juicio de amparo) porque conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, se otorgan facultades soberanas y discrecionales a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, para designar y remover al personal integrante de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a propuesta de la Comisión de Hacienda (como fue el caso)”, se lee en la resolución.

Incluso, en el expediente del juicio se advierte que la “propuesta de nombramiento de los encargados de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, atendió a que el 14 de septiembre de 2019 habían concluido en su encargo los Auditores Especiales, incluyendo al quejoso como Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal, que les fue conferido por un periodo de cuatro años.

Líneas más adelante la juez cuarto de distrito expone: “derivado de lo anterior, el mismo 10 de octubre de 2019, la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, emitió diverso acuerdo mediante el cual nombró entre otros a América López Rodríguez como encargada de despacho de la Auditoría General…”, reafirmando con ello la legalidad en el nombramiento que hoy tiene la encargada de despacho de la ESAF.

Por tanto –agrega-, al presente asunto resulta aplicable la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que impone sobreseer dicho juicio. “El presente sobreseimiento alcanza los actos de propuesta del quejoso  en el cargo de auditor especial de la Hacienda Pública Estatal, así como de las funciones que desempeñaba como encargado del despacho del Ente de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, ante la ausencia del auditor general, así como la propuesta de nombramiento hecha a favor de los terceros interesados, América López Rodríguez y Samuel Álvarez Miranda, como encargados de despacho del auditor general y del auditor especial de la Hacienda Pública Estatal, respectivamente, y también respecto de las consecuencias materiales de la remoción de nombramiento, pues si la improcedencia se actualiza contra la remoción y la elección de otra persona en lugar del quejoso, que son los únicos actos que, en todo caso, podrían irrogar perjuicio a éste, en su contra, menos procede la acción constitucional del amparo contra aquellos actos previos atribuidos a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y a los posteriores, así como aquellas violaciones que se hacen valer en el sentido de que dicha Comisión no estuvo debidamente integrada al momento que emitió el acuerdo de 10 de octubre del 2019, ya que en todo caso, esa acción complete hacerla valer en la vía y forma que en derecho corresponda, a los diputados que no estuvieron presente, pero no al quejoso”, especifica.

Se espera que en los próximos días la Cámara de diputados proceda a la designación del titular de la Auditoría General de la ESAF, una vez que la semana pasada concluyó con la etapa de entrevistas a los aspirantes, pasarela que no tiene ningún efecto práctico pues a la hora de la elección ningún diputado se basa en la exposición de los aspirantes para emitir su voto.

En esta misma columna ya advertimos que si los diputados hacen una designación a conciencia, basada en el interés general y no en cuestiones políticas, el próximo titular de la ESAF deberá salir de una terna de hombres conformada por Roberto Coranguez, Alfredo Salgado y José Alberto Pérez Apaez, o la actual responsable de la institución que ha desempeñado un papel muy aceptable y es la primera mujer después de cuatro varones que han ocupado el cargo. 

Otros nombres reconocidos en la lista de aspirantes son Edgar Ibarra Martínez, quien desde hace cinco años trabaja en la Auditoría Superior de la Federación realizando auditorías a los estados y municipios del país, además de que también estuvo en la Secretaría de la Contraloría y en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

El contador público Benjamín Romero Rogel, quien fuera director administrativo del Tribunal Superior de Justicia, también pudiera tener posibilidades, sin olvidar al contador Miguel Ángel Flores Mendoza, ex auditor de la UAEM.

HASTA MAÑANA.