Después de varios meses, anteayer volvimos a la “Ciudad Judicial” de Atlacholoaya y estuvimos en varias audiencias del nuevo sistema de justicia penal en calidad de espectadores. La jornada estuvo variadita y nos permitió arribar a diversas reflexiones sobre la impartición de justicia en Morelos.

Nuestra primera percepción es que ha cambiado positivamente el trato en los tribunales orales. No sabemos si es por el regreso de Rubén Basurto como administrador del complejo judicial o el relevo en la presidencia del Poder Judicial, pero se respira un ambiente diferente.

Por la pandemia no se permite la entrada del público a las salas de audiencia, pero sí a la prensa. Ya no hay restricciones para el desempeño de nuestro trabajo (salvo un encargado de sala que al parecer es nuevo y que nos advirtió: “no pueden anotar nada eh”).

Lástima que nunca funcionó el sistema que pretendía publicitar en una pantalla instalada en la sala de espera, los nombres de los imputados y de los jueces, así como los delitos a juzgar por horario y número de sala, lo que habría sido “la cereza del pastel” en materia de transparencia.

10:30 am. Sala 3. Preside el Juez Martín Domínguez Casarrubias. La audiencia tiene como finalidad calificar la detención de una persona acusada de asaltar una tienda de conveniencia en la avenida Palmira. Es un cargador del mercado de aspecto humilde que dice tener una hija a la que le pasa mil pesos mensuales de pensión.

El informe policiaco refiere que al ir circulando por Humboldt recibieron el reporte de que acababan de asaltar el Oxxo de Palmira, por lo que llegaron inmediatamente, subieron a la patrulla al empleado de la tienda y se fueron a buscar a los dos asaltantes. Ubicaron a un sujeto con las características descritas pero sin el arma ni el dinero.

El juez consideró que no hubo flagrancia en la detención, por lo que decreta la libertad del detenido que al parecer ya ha tenido otros ingresos al Penal. El tema es polémico y se presta para un análisis posterior sobre la llamada “puerta giratoria”.

11:00 am Sala 5. Preside el Juez Daniel Rodríguez Apac. Es una audiencia para formular imputación por el delito de uso de documento falso. Los nombres son muy conocidos pero no los vamos a poner aquí porque uno de los involucrados tiene una extraña compulsión de demandar por daño moral a todo aquel que se atreva a publicar su nombre. La audiencia no se lleva a cabo porque los imputados (hermanos gemelos) le dicen a los empleados del hotel de su propiedad que cuando llegue cualquier notificador les digan que no los conocen, por lo tanto no pudieron ser emplazados.

No obstante, el intento de audiencia nos permite comparar cómo se juzga a una persona pobre (el cargador del mercado) y cómo se pelean los millonarios en tribunales. El ofendido o víctima llega con dos abogados impecablemente vestidos que seguramente cobran por hora, y los imputados estarán gastando miles de pesos también para “chicanear” el asunto, un asunto que, lamentable y tristemente, es entre un padre y sus dos hijos.

11:30 am. Sala 1. Preside la jueza María Luisa Rodríguez Cadena. Los datos publicados en la relación de audiencias nos llama la atención de inmediato: JC/196/2020, Ejercicio indebido del Servicio Público, Formulación de Imputación en contra de Blanca Estela Almazo Rogel, Fátima Dayana López Castañeda, Lucero Campos Mercado y Patricia Izquierdo Medina. 

La única que llega acompañada de su abogado es Lucero Campos Mercado. Las demás no se presentan pero no es necesario, pues la fiscal anuncia que va a retirar la imputación “por así convenir a sus intereses”. 

Preguntamos por aquí y por allá y obtenemos la información: se trata del caso de unas viviendas que debían ser construidas con recursos federales, a través de la Secretaría de Desarrollo Social que encabezaba Blanca Almazo Rogel, con la intervención de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que dirigía Patricia Izquierdo, mismas que serían destinadas a personas de escasos recursos afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Las investigaciones fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción pero de última hora decidieron retirar la imputación porque quieren “amarrar bien” el asunto para que no se les caiga. Pero sí, la licenciada Blanca Almazo, ex titular de Sedeso, se suma a la lista de ex funcionarios de Graco Ramírez que están a un paso de la cárcel.

12:00 am. Sala 4. Preside la jueza Lorena Becerra Arroyo. Ejercicio indebido del servicio público. Imputados: América Elizabeth Díaz Mendoza, Daniela Albarrán Domínguez, Janet de la Luz Cortéz, María Cristina Rodríguez Montes, Ruperto Ángel Dirzo Muñoz y Salvador Solano Díaz.

Este asunto lo publicamos en La Unión de Morelos el 9 de diciembre del año pasado bajo el título “Regidor de Temixco hace de su oficina un ‘aeropuerto‘”.

En dicho trabajo, exhibimos que el regidor del Ayuntamiento de Temixco, Salvador Solano Díaz, tenía contratados como empleados de su oficina a la madre de su hijo, a la novia de éste y a tres personas más que aparentemente son “aviadores” pues aparecen en nómina pero nunca se encuentran en sus lugares de trabajo.

Ayer por la mañana la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que Salvador “N” y Ruperto “N” fueron señalados como coautores de la conducta delictiva de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, en tanto, las cinco empleadas fueron imputadas como autoras materiales del delito doloso.

“A solicitud de la agente del Ministerio Público, la jueza impuso como medida cautelar a los imputados, la firma periódica bimestral ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), en tanto, otorgó a la defensa 144 horas para la próxima audiencia”, dice el comunicado.

Y así terminó nuestra cobertura de audiencias orales en la mal llamada “Ciudad Judicial”, que no es más que una enorme nave construida con los materiales de la peor calidad, que fue entregada prácticamente en obra negra, pero que la entonces presidenta del TSJ, Carmen (Verónica) Cuevas López, le agradeció infinitamente a su amigo el gobernador Graco Ramírez Garrido.

Irónicamente, la responsable de Obras Públicas de la administración anterior, Patricia Izquierdo Medina, ha tenido que acudir con frecuencia a estas instalaciones horribles pero carísimas, a comparecer en calidad de imputada por las constantes denuncias en su contra.

HASTA EL LUNES.