Cuando el doctor Lauro Ortega Martínez ordenó que el aguinaldo para los funcionarios y trabajadores del gobierno del estado fuera de tres meses de sueldo, se ganó el mote de “el mejor gobernador que ha tenido Morelos”, pero condenó a las instituciones gubernamentales a un desequilibrio financiero de por vida porque en ningún otro estado del país se da esa prestación.

Y es que, con todo el respeto que me merece el ex gobernador y su distinguida familia, el señor Ortega Martínez no realizó tal decreto en su primer año de gobierno, sino en el último, sin prever de dónde saldría ese dinero.

Desde entonces, el aguinaldo de tres meses se convirtió en una especie de “botín” del que todos hemos disfrutado (y quien esto escribe se incluye por sus efímeras incursiones a la administración pública), junto con una ley de pensiones que permite a una persona con 18 años de trabajo obtener una jubilación millonaria si en las últimas anualidades desempeña un cargo bien remunerado.

Aquí debemos hacer una diferenciación: los tres meses de aguinaldo para un trabajador que gana mil 500 pesos a la quincena son una verdadera bendición porque le permite “echarle la loza” a su vivienda, pero es un robo en despoblado cuando un diputado, un secretario de gabinete o un magistrado se lleva casi medio millón de pesos en un diciembre.

Lo peor es que todos esos funcionarios de alto rango, no se atreven a bajarle ni un peso a ese aguinaldo escudándose en “la no afectación a la base trabajadora”. Por eso decimos que es un “botín” del que todos participamos, pues cuando se está fuera del presupuesto se critica, pero cuando se recibe se siente bien bonito y piensa uno: “Quién soy yo para oponerme a los designios del mejor gobernador que ha tenido Morelos”.

El último intento se dio hace unos días. Se filtró un documento según el cual el Partido Morena pretendía propondría la reducción del aguinaldo a la mitad. Bastó una publicación en redes sociales para que los dirigentes de todos los sindicatos acudieran a reclamar al Congreso, donde una diputada salió con su boletín diciendo “yo no fui, pero mis compañeros quien sabe”.

El miércoles, la diputada Keyla Figueroa ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que sí había una propuesta, pero que por todo el escándalo que generó mejor la retiraba, además de quejarse amargamente del “fuego amigo” del que fue víctima.

La diputada aclaró que dicha iniciativa “de ninguna manera pretendía afectar los salarios de la base trabajadora ya que en ningún momento toca o modifica los 90 días asignados a esta prestación, sino únicamente poner un tope a la remuneración recibida por parte de la burocracia dorada”, asimismo, tampoco se buscaba “golpear” los intereses o ir en contra de los miembros de ninguno de los diferentes sindicatos al servicio de los poderes de la entidad, ya que esta iniciativa solo aplicaría para funcionarios que sean nombrados después de que la propuesta hubiese terminado su proceso legislativo, el cual no ha ni iniciado.

Finalmente hizo un llamado a la base trabajadora del estado y a la ciudadanía en general a no dejarse engañar por la información que circula a través de medios no verificados que utilizan las redes sociales para perjudicar políticamente en estos tiempos electorales y “garantizó que su iniciativa sólo será procesada si recibe el respaldo de las organizaciones gremiales de Morelos”, o sea nunca, porque una propuesta de esa envergadura es “políticamente incorrecta”.

Luego entonces, los diputados, secretarios de gabinete y magistrados, recibirán este fin de año su jugoso aguinaldo porque “son derechos adquiridos”. Es como decirle a los trabajadores: “Defiendo tu derecho a que recibas 30 mil pesos de aguinaldo, y de paso me ayudo yo a seguir recibiendo mis 300 mil pesos”.

Y ya que hablamos de sindicatos, nos da mucho gusto saber que el pasado 30 de noviembre la Planilla Naranja obtuvo el triunfo para convertirse en la nueva mesa directiva del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo, entidades paraestatales y órganos constitucionales autónomos del estado de Morelos para el periodo 2021-2024.

Con 751 votos, resultó ganadora la planilla conformada por las siguientes personas:

Santiago Muñoz, secretario general; Sergio Pineda Barrera, secretario de Trabajo y Conflictos; Eduardo Ávila Pérez, secretario de Organización; Xiomara Rodríguez Ríos, secretaria de Actas y Acuerdos; Miguel Ángel González Bahena, secretario de Finanzas; Javier Peralta Villalba, secretario de Relaciones Exteriores; Laura Angélica Castillo Ramírez, secretaria de Acción Social.

En la Comisión de Hacienda, Verónica Wendy Mejía Tirado, Alma Graciela Jaime Galván e Isidro Rivera Velázquez; en la Comisión de Honor y Justicia Adrián Valle Flores, Yuri Patricia Hidalgo Ramírez y Adrián Valle Flores; Vocales, Leticia Poblano Castrejón y David Banda Rodríguez.

Como secretario de Prensa y Propaganda, Eduardo Sanvicente Bustamante; secretaria de Acción Femenil y Capacitación, Lisbeth Quintero González; secretario de Deporte y Cultura, José Saturnino Sotelo Román. Finalmente, Graciela Fuentes Clemente, Daniel Zavaleta García y Rosa María Anzaldo González, como enlaces regionales.

Su lema fue “por el progreso, transparencia y unidad sindical”, de ahí que tengan la difícil responsabilidad de transparentar el uso de los recursos del gremio, pues sus antecesores no lo hicieron.

Entre sus principales promesas de campaña está el negociar en tiempo y forma las condiciones generales y el anexo económico en igualdad de circunstancias para el Poder Ejecutivo, las entidades paraestatales y los órganos constitucionales autónomos que integran el sindicato, así como ampliar el alcance de las becas a familiares directos o dependientes económicos.

Por cierto, no sabemos dónde esté la falla pero el hecho es que nadie en el gobierno estatal se ha tomado la molestia de felicitarlos. Bueno, ni siquiera un tuit de la secretaria de Administración, Mirna Zavala, quien parece que está muy ocupada en otros menesteres en lugar de cuidar la relación con el sindicato de burócratas.

HASTA EL LUNES.