La aplicación de la ley debería ser pareja para todos y ajena a cuestiones políticas y/o partidistas, pero en los hechos ha quedado demostrado que la procuración y la administración de justicia depende mucho del estilo personal del gobernante en turno. Esa fue la conclusión a la que llegamos ayer en el simposium sobre el tema de la libertad de expresión organizado por la Universidad de Ciencias Jurídicas en el que un servidor fue invitado como ponente.
Analizamos 10 casos en los que periodistas y escritores sufrieron las consecuencias de haber ejercido su libertad de expresión, y cómo cambió el trato que les dieron a sus juicios al pasar de un gobierno a otro, en algunos casos en forma tan radical, que los acusadores pasaron a ser acusados, e incluso detenidos.
Uno de ellos fue el de Gerardo Sosa Castelán contra el periodista Alfredo Rivera Flores. En agosto de 2004 el exrector de la Universidad Autónoma de Hidalgo demando por daño moral al periodista Alfredo Rivera Flores autor del libro “La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo”, en el que señala presuntos abusos y atropellos cuando era dirigente estudiantil y, luego, rector.
El juicio civil por daño moral continúa, pero hoy Gerardo Sosa tiene cosas más importantes que atender, ya que en agosto del año pasado fue detenido por peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, y actualmente permanece preso.
Otro caso emblemático fue el de Olga Wornat, la escritora argentina que escribió el libro “Crónicas Malditas” y su fragmento publicado en la revista Proceso, en los que daba a conocer el contenido de la carta que Martha Sahagún le mandó al Papa explicándole los motivos para solicitar la anulación de su matrimonio con Manuel Bribiesca y después casarse con el presidente Vicente Fox.
Después de ser sentenciada al pago de casi dos millones de pesos, en abril de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo promovido por Marta Sahagún por el juicio de daño moral realizado en 2005 contra Proceso y Wornat y les concedió la razón a los periodistas.
La misma ruta siguieron casos como el de Jesús Ortega contra la periodista Sanjuana Martínez, Humberto Moreira contra Roxana Martínez, y Eruviel Ávila contra el reportero Humberto Padgett, que habiendo sido condenados al pago de la reparación del daño por tribunales estatales, fueron protegidos por el máximo tribunal del país y tuvieron que ser absueltos.
Pero el caso más emblemático sin duda es el de Carmen Aristegui, demandada por daño moral por el propietario de la empresa MVS, por el simple hecho de escribir en el prólogo del libro “La casa blanca de Peña Nieto”, la forma como fue despedida de la estación radiofónica al intentar dar a conocer los resultados de la investigación de sus compañeros reporteros.
Después de que un tribunal en la Ciudad de México declarara culpable a la periodista por daño moral, la SCJN decidió atraer el amparo interpuesto por la defensa y el 20 de febrero de 2019 resolvió a favor de la periodista argumentando que la resolución que le exige a una periodista probar las expresiones contenidas en el prólogo de un libro sobre un tema de actualidad nacional, en el que se aludía a los dueños de una concesionaria de radio y televisión y su relación con el poder político en México, no es congruente con los criterios de la Primera Sala sobre libertad de expresión.
De igual manera dijeron que se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca frente a los derechos de la personalidad de los involucrados. En opinión de los expertos en derecho, los ministros hicieron suyos los argumentos de la defensa de Aristegui.
Quizás porque en diversas ocasiones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había expresado su desacuerdo con la injusticia que estaban cometiendo los Vargas en contra de la periodista.
Pero quizás el caso que más demuestra que “los carniceros de hoy pueden ser las reses de mañana”, es el de Lydia Cacho, la periodista que en 2005 publicó el libro "Los demonios del edén", en el que denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos, uno de ellos Kamel Nacif.
Meses después de la publicación de su libro, en diciembre de ese año, Cacho fue detenida en Cancún, donde residía, por agentes de la Fiscalía de Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia que en ese tiempo era considerado delito, en agravio de Nacif.
Un mes más tarde, salió a la luz una grabación de una conversación telefónica entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y Nacif, en las que el funcionario afirmó que le había dado a Cacho un "pinche coscorrón" porque "en Puebla se respeta la ley".
Fue entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de México abrió la investigación del caso por tortura a la periodista. Sin embargo, el voto de la hoy secretaria de Gobernación, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, fue determinante para que los acusados quedaran exonerados.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictó una resolución en la que reconoce que la reportera mexicana fue detenida de forma arbitraria y que sufrió agresiones durante su arresto en 2005, y dictaminó que el Estado mexicano debía procesar, juzgar y castigar "con penas adecuadas" a los responsables de esas agresiones.
Posteriormente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió disculpas públicas y en abril de 2019 se emiten órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y contra el exdirector de la Policía Judicial de Puebla. Como ya sabemos, el ex gobernador de Puebla fue detenido hace unos días y hasta hoy duerme en un penal de Quintana Roo.
Otro caso menos conocido pero también emblemático, es el del periodista indígena (maya) Pedro Canché, al que el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, le imputó el delito de “Sabotaje” y lo mandó a la cárcel por nueve meses. Hoy, los que están bajo proceso penal son la agente del Ministerio Público y el juez que libró la orden de aprehensión contra Canché.
Recordemos que también en Morelos hemos tenido periodistas encarcelados por venganza del gobierno, y que varios reporteros hemos sido demandados por la vía civil exigiendo cantidades millonarias como indemnización.
Casualmente, tanto el que metió a la cárcel a nuestros compañeros, como el que demandó por la vía civil a otro, buscan la presidencia municipal de Cuernavaca. Pero esa es otra historia.
HASTA MAÑANA.
