Aquella tarde del 28 de marzo del 2012, el abogado de 69 años de edad se echó hacia atrás en el vetusto sillón y miró fijamente el personalizador sobre el escritorio donde podía leerse “Rogelio Sánchez Gatica, presidente municipal de Cuernavaca”. Lanzó un largo suspiro y dibujó una leve sonrisa de celebración en su rostro.

Y vaya que había motivos para celebrar. A sus casi 70 años por fin había logrado ser alcalde de la ciudad que lo adoptó seis décadas atrás, cuando sus padres lo trajeron de su natal Nochistlán, Oaxaca. 

Para lograrlo tuvo que aceptar ser suplente de su ex alumno en la Facultad de Derecho, Manuel Martínez Garrigós, quien ganó las elecciones en 2009 y renunció en diciembre de 2011 para buscar la gubernatura del estado, que no ha podido conseguir hasta la fecha.

No había sido fácil encargarse de la capital morelense. El joven político renunció al cargo pero antes le dejó todo el gabinete ya conformado sin la posibilidad de hacer movimientos. A duras penas le había dado chance de meter a su secretario particular José Luis Victoria y meses después al oficial mayor, Jorge Arturo Olivares, pero nada más.

En eso estaba pensando cuando entró apresuradamente la secretaria con el teléfono en la mano. “Es el gerente del banco, dice que es urgente”, le dijo mientras el alcalde ya se enderezaba para tomar la llamada.

Lo que escuchó lo dejó pasmado: entre las 9:20 y las dos de la tarde “alguien” había transferido alrededor de 300 millones de pesos de una cuenta del Ayuntamiento que se suponía estaba “etiquetada”.

“Pare todo, bloquee esa cuenta por favor”, ordenó el presidente municipal, quien de inmediato pidió que dieran vista al Ministerio Público.

Primero la Procuraduría de Justicia en manos de Rodrigo Dorantes, y después el fiscal general Javier Pérez Durón, iniciaron una investigación en la que incluyeron al denunciante como probable responsable del delito de peculado, al igual que a Alma Graciela Domínguez Torres, quien se desempeñaba como coordinadora de finanzas del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Rogelio Sánchez Gatica terminó su periodo en diciembre del 2012 pero tuvo que seguir compareciendo ante los tribunales para tratar de demostrar que él no dispuso de ese dinero de una cuenta de Bancomer, que estaba reservado para abonar a un crédito que el Ayuntamiento había contraído con Banco del Bajío.

Tras nueve años de que ocurrieron los hechos, el pasado miércoles 21 de abril, un tribunal de enjuiciamiento conformado por los jueces Edie Santiago Sandoval Lome, Alma Patricia Salas Ruiz y Martín Domínguez Casarrubias, emitió su veredicto final.

Los tres jueces resolvieron absolver de toda responsabilidad a Rogelio Sánchez Gatica, al considerar que, si bien él era la máxima autoridad, no se le atribuye la conducta desplegada, sobre todo porque no tenía físicamente los dispositivos electrónicos que dan los bancos para hacer las transferencias, conocidos coloquialmente como “tokens”, y dentro de sus facultades no está la de encargarse personalmente de los movimientos bancarios.

En lo que no hubo uniformidad de criterios fue en cuanto a la funcionaria, pues los dos primeros jueces aquí mencionados la declararon culpable, no así el juzgador Domínguez Casarrubias, quien emitió un voto particular para dejar en claro que para él ninguno de los dos son culpables.

Para la abogada defensora, Naybi Ríos Sandoval, la sentencia de condena contra su cliente Alma Graciela Domínguez Torres es un caso de opacidad, ya que nunca se conoció dónde quedaron los 300 millones de pesos.

Por ese motivo, Naybi Ríos, en compañía de la excoordinadora General de Finanzas, citó a conferencia de prensa, la mañana ayer para dar a conocer su opinión respecto al juicio.

“Manuel Martínez gestiona un préstamo de 300 millones de pesos para pagarle al Banco el Bajío los 600 millones de pesos que también había gestionado Martínez Garrigós. Esto lo hace en coordinación con Mauricio Castillo, director de Bancomer, quien lo atiende de manera personal”, dijo Ríos Sandoval.

“Uriel Carmona es Fiscal, que fue impuesto por Graco Ramírez, y si buscamos atrás de todo esto esta Rodrigo Gayosso… todos los contratos los firma Manuel Martínez Garrigós, Nelson Torres y Villarreal Gasca… mi representada no firma ni contratos, ni tokens, ni acuses y eso quedó debidamente acreditado en juicio”, expresó la abogada.

El Ministerio Público, primero como Procuraduría y después como Fiscalía General, no ahondó en las empresas que recibieron las transferencias que se hicieron indebidamente desde una cuenta bancaria que no debía ser usada para esos fines. Ahí está la clave de todo.

Ocurrió algo similar a la famosa “estafa maestra” de la Secretaría de Desarrollo Social: el dinero salió del Ayuntamiento y se fue diluyendo en pagos de una empresa a otra, hasta desaparecer.

Por increíble que parezca, ni siquiera un perito en informática pudo establecer desde dónde se manipularon las computadoras para hacer las transferencias con la ayuda del “token”.

Es por eso por lo que Naiby Ríos afirma que la sentencia emitida por los jueces Edie Sandoval Lome y Alma Patricia Salas es parcial ya que Alma Graciela Domínguez es un “chivo expiatorio” y se quiere cerrar un caso en donde se protege a delincuentes de cuello blanco.

“Estamos viendo todavía hasta dónde llega el poder de Graco Ramírez, al dejar a un supuesto Fiscal que sigue resolviendo o sigue pidiendo favores a favor de Graco Ramírez”, opinó la postulante.

La acusada tiene el recurso de apelación para que el Tribunal Superior de Justicia ratifique o revoque la sentencia.

Una vez más “el hilo se rompió por lo más delgado”, y nunca sabremos dónde están esos 300 millones, ni cuantos más fueron desviados sin dejar rastro legal alguno.

HASTA EL LUNES.