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Designaciones, antes del 31 de agosto


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Cada vez cobra más fuerza la versión de que Ariadna Barrera fue sustituida porque pretendía que las designaciones de magistrados, comisionados y demás, fueran realizadas por la Legislatura que inicia el próximo primero de septiembre, bajo el argumento de que la actual “no ha podido ponerse de acuerdo en nada”. De todos modos, ella y Tania Valentina tienen garantizada su permanencia en la LV Legislatura.

Incluso, hay quienes aseguran que Ariadna “ya estaba negociando las posiciones con los diputados de la próxima legislatura a cambio de que la dejaran permanecer otro año más en la presidencia de la Junta”, lo que provocó la indignación de los demás legisladores.

Ahí es cuando entra en acción el hábil diputado Javier García Chávez, quien convenció a sus compañeros de que si le daban chance a él de presidir la Junta Política y de Gobierno, haría las cosas de tal forma que todos quedarían contentos. Para ello pidió “manga ancha” en materia de contrataciones y el primer cambio que hizo fue en la secretaría técnica de la Junta.

Nadie se puede explicar todavía cómo llegó a esa posición un abogado de Jiutepec, cercanísimo al ex edil y candidato perdedor en las pasadas elecciones, José Manuel Agüero Tovar. Se trata de Víctor Rogel Gabriel, quien fue secretario particular del priísta-perredista y secretario municipal en el trienio 2015-2018 de Jiutepec, obteniendo una jubilación de 28 mil pesos mensuales de por vida.

Su cercanía con el famoso “tik tokero” no puede ser más evidente, pues en la planilla de la Coalición PRI-PRD por la presidencia municipal de Jiutepec el abogado venía como suplente de Agüero Tovar. Lo más extraño es que se rumora que Víctor Rogel llega a ese cargo por recomendación de otra diputada de Morena, Alejandra Flores, y del ex candidato del Partido Verde a diputado local, Omar Barrera.

Como dijera el ex presidente Calderón, “haiga sido como haiga sido”, el hecho es que hoy por hoy los hombres fuertes de la agonizante cuadragésima cuarta legislatura lo son Javier García y Víctor Rogel, quienes tienen sobre sus espaldas la pesada responsabilidad de sacar, sin complicaciones, la designación de servidores públicos de diversas instituciones.

Afortunadamente para ellos, ya se desahogó la fase de entrevistas a todos los aspirantes, misma que se tuvo que “chutar” Ariadna en ocasiones sola y su abogado Rogelio Sánchez. Fuimos testigos de cómo la diputada morenista tuvo que escuchar las disertaciones de los más de cien aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa.

Hasta donde se sabe, el mecanismo para seleccionar a los futuros magistrados y comisionados del IMIPE es el mismo que se ha venido utilizando tradicionalmente: que cada partido proponga a una persona y después se someta a votación… y a negociación.

Algunos consideran que se debe respetar “el derecho de silla”, es decir, que si a Dora Ivonne fue una propuesta panista, pues que su sustituta también sea panista; que al doctor Díaz Vázquez lo sustituya un priísta y que a Mireya la sustituya una perredista. Lo anterior, por cuanto a las tres vacantes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

En virtud de los criterios para la paridad de género, es de esperarse que haya dos mujeres y un hombre entre los designados.

Por cuanto a las magistraturas, cada partido propondrá a una persona y al final verán cuál de ellas recibe el mayor número de votos, procurando también que se materialice la equidad de género. El siguiente criterio es privilegiar la carrera judicial, por lo que se presume que habrá por lo menos dos jueces.

Hasta este momento se mantienen como los que tienen mayores posibilidades para las magistraturas del TSJ, la presidenta de la Asociación de Jueces, Mireya Díaz Cerón, la vice-fiscal anticorrupción Guadalupe Flores Servín y el ex subsecretario de Gobierno, Jesús Guízar Nájera, sin perder de vista al ex subprocurador Alejandro Hernández Arjona y al también juez Martín Domínguez Casarrubias.

Por cuanto a las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa, se habla mucho del abogado jojutlense Carlos Fernando Martínez Martínez, primo de Alfonso de Jesús Sotelo, y de Penélope Picazo, esposa del regidor electo por Cuernavaca, Víctor Hugo Manzo Godínez.

Por otro lado, igual de urgente que la designación de magistrados y comisionados es la actualización a la constitución del estado para que entre en vigor la llamada “reforma laboral”, que consiste básicamente en que las Juntas de Conciliación y Arbitraje que hoy dependen del Poder Ejecutivo, pasen al Poder Judicial.

Recordemos que con fecha 1o. de mayo del 2019, el Congreso de la Unión, modificó diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para la operación del nuevo sistema de justicia en materia laboral. En dicha modificación se otorgó un plazo de tres años, en su artículo 5to. transitorio, para que las autoridades federativas iniciarán la operación del nuevo sistema de justicia, lo que debe ocurrir en el estado de Morelos el próximo 1 de octubre de la presente anualidad.

Es por ello que, el pasado martes, las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobaron por unanimidad de votos el proyecto de iniciativa de decreto que reforma en materia laboral, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, con las modificaciones hechas por los magistrados, misma que fue enviada desde la oficina de la Presidencia a la LIV Legislatura del Congreso Local para su análisis y aprobación.

El proyecto propone un lapso de tiempo que permita culminar con la implementación administrativa, tecnológica y financiera del nuevo sistema, y que el primero de octubre ya esté todo listo.

En el documento que ya tienen los diputados se plantea una distribución de la materia por distrito, con cabecera en las ciudades de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. La designación de juezas y jueces, se efectuará mediante concurso público y abierto, acreditando tener conocimiento en la materia.

Ojalá no se repita lo que ocurrió en el 2008, cuando entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal que crea los juicios orales, pero que hubo tanta negligencia en el gobierno de Marco Adame Castillo, que las primeras audiencias tuvieron que llevarse a cabo en salas improvisadas, pues todavía no estaban listas las definitivas.

HASTA MAÑANA.

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Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

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