La pandemia del Covid 19 -que todavía no termina- hizo que aflorara lo mejor de los seres humanos, pero también lo peorcito de nuestros defectos. Y uno de esos es el tratar de sacar provecho económico de las desgracias, lo ocurrió en todos los niveles, por lo que se dieron (y se siguen dando) fraudes en todas las escalas, desde gobiernos en todo el mundo, hasta familias que –además de perder a sus seres queridos por covid- quedaron endeudados con pseudoempresas que les ofrecieron respiradores y que resultaron de pésima calidad.

En mayo del año pasado, el doctor Abimelec Torres Quiroz, ex director de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, publicó en sus redes sociales una dura crítica a las autoridades y a la sociedad morelense tras la muerte del médico Mauricio Toledo, misma que tituló precisamente “El negocio de la Muerte”.

Ahí decía que al doctor Toledo no sólo lo mató el Coronavirus; “él es una víctima más de la indolencia, irresponsabilidad, indiferencia e incapacidad de las autoridades y la sociedad morelenses”.

Y en este triste escenario -apuntaba el doctor Abimelec- el negocio de la muerte se hace presente dentro y fuera de las unidades hospitalarias y el sistema de salud; ante la inoperancia y posible corrupción de todos los niveles de gobierno en torno a la compra de insumos y equipo para el personal médico, en cuestión de semanas ha surgido una cantidad impresionante de “proveedores y vendedores” de equipo supuestamente especializado.

 “En su desesperación, médicos, enfermeras, y la mayor parte del personal de salud está buscando hacerse por sus propios medios de este equipo, mucho del cual es de dudosa procedencia, lo que genera un riesgo mayor de contagio sin que las autoridades de salud tomen las riendas del tema, asuman su responsabilidad y les den en tiempo y forma lo necesario para enfrentar esta batalla”, afirmaba.

Si eso ocurrió en el gremio de los que conocen las enfermedades, imagínese las tragedias que se dieron en las familias donde no teníamos la menor idea de qué hacer ante este mal en el que muchos creían que se trataba de un invento.

Una pariente de este columnista tuvo la mala fortuna de que su familia materna se viera afectada por la fatídica epidemia, con un saldo de su madre y dos hermanos fallecidos. Así me contó su historia:

“A mi mamá y hermana las diagnostican el lunes uno de marzo del 2020; a mí hermana la internan en el IMSS 3 de marzo y mi mamá que hasta entonces estaba asintomática se quedó en casa. Se van a hacer la prueba todos y salen positivos dos hermanos más, y cómo no tenían seguro, los llevan al doctor y se quedan en casa.  El 9 de marzo dan de alta a mi hermana que estaban en el Seguro y el 10 de marzo muere mi hermano de 63 años, para esto no se sabe si mi mamá se re contagió y muere el 14 de marzo, ese día se interna otro hermano que había llegado de Estados Unidos días antes y muere el 25 de marzo del 2020”.

Explica que durante ese tiempo los que están en la casa (ocho personas) todos están ya contagiados, unos asintomáticos y otros no, por lo que ven la necesidad de comprar tanques de oxígeno y empiezan a buscar respiradores de oxígeno por internet.

Así fue como encuentran el establecimiento denominado “INSMED” con domicilio en la calle Sonora número 34 colonia Flores Magón, que ofrecía en redes sociales un respirador con capacidad de 10 litros por minuto en 41 mil pesos, siendo éste el más barato que encontraron en el mercado.

Al acudir al lugar indicado, resulta que no es una empresa como tal, sino una persona física que se llama Rocío Arriola Vilchis, a quien le entregan los 41 mil pesos que con muchas dificultades habían conseguido pidiendo prestado entre amigos y familiares.

El documento que ampara la compra del aparato no es una factura, sino un recibo con el domicilio y teléfono de INSMED un logotipo en el extremo izquierdo y otro más del lado derecho indicando que son distribuidores oficiales de Good Medical. No hay Registro Federal de Causantes, ni como persona física ni como persona moral.

Con letra a mano le ponen las características del aparato, indicando “capacidad 10 lts” y abajo la leyenda “garantía por tres meses”. La familia que adquirió el concentrador de oxígeno no reparó en esos detalles, pues lo único que quería era atender a sus enfermos.

De inmediato lo conectaron, se percataron que no generaba los 10 litros por minuto que se anunciaba, pero lo siguieron usando, hasta que a las seis horas “se prendió un foquito” y al buscar en el manual de uso éste indicaba que había una falla que ameritaba llamar al proveedor.

Le hablaron a la señora Arriola Vilchis y ésta ofreció cambiarles el aparato “por uno más caro” y de otra marca. Le dio un segundo recibo en el que anotó que seguía siendo de 10 litros, cuando en el aparato claramente decía que su capacidad era de 8 litros de oxígeno por minuto, por lo que no fue suficiente para las necesidades de los pacientes.

Para que su cliente quedara satisfecha, la proveedora “le prestó” otros dos aparatos de menor capacidad, pero desafortunadamente tres de los contagiados fallecieron. La proveedora manda a recoger todos los aparatos, y por poco se llevan otro que habían conseguido por otro lado.

La persona que compró el aparato interpuso una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), delegación Morelos, pero sólo fue a perder su tiempo, pues tras tres audiencias la autoridad se declaró incompetente pues las partes no aceptaron llegar a un arreglo. Eso sí, le impuso dos multas a la proveedora por no estar registrada en el SAT y por realizar actividades diferentes a las que anuncia.

En su comparecencia ante Profeco, la señora Rocío Arriola Vilchis trata de “lavarse las manos” diciendo que ella solamente es intermediaria entre la empresa Services Medical que representa un tal Antonio Ruiz Ruiz, que tiene su domicilio en la calle Guadalupe número 39 colonia Agrícola, Ciudad de México, y propone que la compradora demande a dicha empresa y no a quien recibió el dinero, que fue ella.

En conclusión, en el caso que hoy exponemos la quejosa se quedó sin madre, sin dos de sus hermanos, con un aparato que le vendieron pero que nunca funcionó correctamente, que la empresa que se lo vendió no respondió por ello, y se queda con la deuda por el dinero que pidió prestado creyendo que ese respirador le salvaría la vida a sus seres queridos.

Por cierto, la empresa INSMED de la colonia Flores Magón sigue ofreciendo sus respiradores a familiares de enfermos de covid.