Ya en otras ocasiones hemos abordado en este espacio el tema de los notarios públicos, un sector de la sociedad que alguna vez tuvo un buen prestigio, pero que actualmente cada vez es menor la confianza de quienes requieren sus servicios. En esta ocasión el aludido es el titular de la Notaría 7 con sede en Cuernavaca, José Eduardo Menéndez Serrano, a quien le imputan el delito de fraude, pero además han iniciado una queja ante la Secretaría de Gobierno para pedir que le quiten la patente.
Todo inició en 2018, cuando en virtud del fallecimiento de quien fuera su esposo, una mujer se vio en la necesidad de tramitar legalmente un juicio de sucesión intestamentaria por lo que contrató los servicios profesionales de un abogado amigo de su esposo que le inspiró confianza.
Se iniciaron los trámites correspondientes y una vez que un juzgado dictó la escrituración, el litigante le recomendó que ese trámite se llevara a cabo en la Notaría Pública número 7 de Cuernavaca, con el licenciado Eduardo Menéndez Serrano, por lo que se solicitó al Juzgado que remitiera el expediente de la sucesión a la Notaría ya mencionada.
Con fecha 11 de mayo de 2018 se llevó a cabo dicha protocolización del acto antes mencionado en la Notaría Pública número siete, acudiendo con él por recomendación de su abogado en ese momento, “ya que me mencionaba que era amigo que había conocido a mi esposo y que nos iba a echar la mano, nos agilizaría los trámites de la sucesión intestamentaria de los bienes que dejó mi esposo, a lo cual yo me confié por tales dichos de mi abogado.
“Pero no fue así. Desde el principio el licenciado Eduardo Menéndez Serrano fue grosero en su trato y déspota conmigo, haciéndome dar muchas vueltas, teniéndome sentada por horas en la entrada de la Notaría con cita y sin atenderme, dándole instrucciones a su recepcionista que se limitara a decirme que se encontraba en reunión o en firmas, poniendo muchos pretextos para recibirme”, narró en su denuncia.
Derivado de la escrituración correspondiente el Notario Público número siete de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, Eduardo Menéndez Serrano le realizó el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI) por un monto superior a lo establecido por la ley que es del dos por ciento del valor de la propiedad sobre el avalúo correspondiente, quedando en un monto de 20 mil 650 pesos sobre el valor de la propiedad de 190 mil, monto reflejado en el recibo 6447 de fecha 11 de mayo del 2018, y como se menciona en la copia simple de la escritura que el notario me entregó al momento de ir a firmar la escritura, “yo desconociendo que estuviera errónea la cantidad, pero sí se me hizo excesiva , la pagué, porque ya quería mi escritura y por los malos tratos de dicho notario ya quería agilizar todo el trámite”.
En meses posteriores se le hizo entrega de la escritura original ya inscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, y pudo darse cuenta que en dicha escritura se menciona que la liquidación del impuesto sobre adquisición de los bienes inmuebles, daba un total de 4 mil 750 pesos.
En el mismo recibo ya citado aparece por concepto de Certificado de Gravámenes la cantidad de dos mil 115 pesos cuando el costo por un certificado de gravámenes es la cantidad de mil 100 pesos.
Asimismo, aparece el cobro de 3 mil 526 pesos por concepto de avalúo comercial, sobre un bien valuado en 190 mil pesos, “cuando los valuadores en general tienen una tasa y se me informó que el valor era aproximado a los dos mil pesos”, dice la quejosa.
Finalmente, por concepto de honorarios pagó la cantidad de 11 mil 252 pesos por lo que me vi en la necesidad de cotizar los honorarios en otra Notaría y se me entregó un presupuesto por escrito donde indica que los honorarios que corresponden a un notario público es la cantidad de tres mil 975 pesos más iva.
“Debo mencionar que no soy abogada ni contadora pública por lo que no tengo los conocimientos para darme cuenta por mi misma de los abusos y cobros exagerados que se me hicieron por parte del licenciado Eduardo Menéndez Serrano, sí podía darme cuenta que era mucho dinero el que me pedía pero de manera grosera y prepotente”.
“El día que por fin me atendió me dijo que ya no tenía yo ninguna opción que el juez había mandado la escritura a su notaría y que no me quedaba otra cosa me gustara o no, y no obstante el retraso de varios meses y de tratos sumamente groseros y en virtud de mi falta de conocimiento me vi obligada a realizar esos pagos sin saber que el lic se estaba aprovechando de mi situación de mi desconocimiento en la materia y de mi necesidad de escriturar.
La afectada presentó queja ante la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno con fecha 10 de noviembre de 2020 y al mismo tiempo inicio una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, misma que quedó registrada bajo el numeral SC01/11454/2019, por el delito de fraude.
La semana pasada, el juez Ramón Villanueva Uribe emitió una notificación en la que cita al imputado José Eduardo Menéndez Serrano, en el domicilio ubicado en Avenida Domingo Diez número 1589 local 6 y 7, Plaza Corporativa, colonia el Empleado, Cuernavaca, Morelos. “Debiendo realizar la notificación en el caso con la precisión que una vez de cerciorarse de encontrarse en el domicilio correcto y en caso de que la persona buscada no se encuentre en el domicilio, deberá dejar citatorio con cualquier persona que se localice en éste para que el interesado lo espere a una hora fija el día hábil siguiente, y si éste no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, y de negarse está a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, la notificación la realizará por instructivo que deberá fijar en lugar visible del mismo, ello con la finalidad de lograr la notificación el acuerdo citado”, dice.
Obviamente que para llegar a eso, la víctima del fraude y su abogado, tuvieron que enfrentar las dilaciones típicas en la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde pareciera que el agente del Ministerio Público no tenía ninguna prisa en judicializar la carpeta de investigación, y si a eso le agregamos el tema de la pandemia, sólo así nos podremos explicar que un asunto iniciado en 2019, esté llegando a su fin en diciembre de 2021.
Veremos qué resuelve el Juez Villanueva Uribe cuando se realice la audiencia de imputación, y también la queja que ya está en los terrenos del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas.
De lo que se trata es de que los notarios se den cuenta que ya no son una clase privilegiada como antes, y que el imperio de la ley tarde o temprano se impone.
HASTA MAÑANA.
