Es justo aclarar que al general Menchaca le pidieron su renuncia por incapaz, pero a la contralora no la despidieron, sino que ella había pedido retirarse semanas atrás, por motivos que explicaremos más adelante. El relevo en el sector educativo era una petición recurrente desde aquel asunto del Acuerdo por la Calidad de la Educación (ACE), pero el PAN-Gobierno siempre se resistió a “entregar la cabeza” de José Luis Rodríguez porque sería admitir que equivocaron la estrategia.

Hecha esta aclaración, pasemos a analizar los cambios uno por uno.

Lo dijimos en este espacio y lo leímos en otros tantos:  el general Menchaca ya era insostenible. Dados los últimos acontecimientos, era inaplazable la salida del responsable de prevenir la comisión de delitos en territorio morelense.

Muchos políticos y algunos colegas daban por hecho que también se iba el procurador Pedro Luis Benítez Vélez, lo que no ocurrió, por lo pronto. Aceptarle la renuncia en estos momentos nos dejaría con la eterna duda de si habría podido resolver el asunto o no, por eso le están dando el tiempo necesario para aportar resultados en el caso Sicilia. El otro motivo de su permanencia es que difícilmente encontrarán a alguien que acepte tomar las riendas de la Procuraduría con un asunto tan delicado en la lista de pendientes.

Como ya es del dominio público, Pedro Luis tiene amarrada ya una jubilación que le permitirá una vida decorosa el resto de sus días, pero no quiere irse por la puerta de atrás.

Volviendo al tema de los que sí se fueron, queda más que demostrado que la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos sigue concesionada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y que así seguirá por lo menos hasta que termine el sexenio de Felipe Calderón.

Mis fuentes al interior de la Sedena me comentan que el general Menchaca Arias y el general Gilberto Toledano tienen un rango similar pero sus estilos son totalmente diferentes. Gastón es el tranquilo, ecuánime, apacible hasta cierto punto. Toledano Sánchez es todo lo contrario.

Meses después de que asumiera el cargo de secretario de Seguridad Pública de Morelos, el general Gastón Menchaca Arias recibió la orden de que le diera trabajo al también general Gilberto Toledano Sánchez, ambos recomendados por el alto mando militar. Toledano esperaba un cargo de buen nivel, pero la subsecretaría operativa ya estaba ocupada por el también general Rafael García Aguilar, de tal manera que lo único que podían ofrecerle era una Dirección, la de supervisión de empresas de Seguridad Privada.

El militar convirtió la tranquila oficina en un cuartel castrense, llevando obviamente a más militares como sus subordinados y aplicando procedimientos que nunca se habían visto en la vida civil de esa institución, además de no tomar en cuenta a la superioridad. En términos prácticos el general se mandaba solo, “hacía y deshacía”, hasta que la información llegó a oídos de Gastón Menchaca Arias.

Su intento por disciplinar a quien siendo de su mismo rango militar ahora era su subordinado, provocó un altercado vía telefónica en el que Toledano no se dejó regañar, haciéndole notar que “tan general es usted como yo”, y hay quien asegura que hasta recordatorios familiares hubo.

Toledano Sánchez decidió entonces dejar el cargo, lo que benefició a Fernando Álvarez Mata, quien asumió el puesto en medio de descalificaciones hacia su antecesor. Hoy, “con la cola entre las patas”, Fernando sólo tiene como esperanza que su hermano el senador le eche una llamadita al nuevo titular para pedirle que no lo corra, pues de otra manera está prácticamente fuera de la institución.

Pero el general Gilberto Toledano supo retirarse a tiempo y esperar. El descontento popular por el asesinato de siete personas en Temixco (entre ellos el hijo del poeta Javier Sicilia), le sirvió para que el alto mando tomara la decisión de quitar al general Menchaca. Y ahí estaba Toledano Sánchez, esperando pacientemente a que cometiera un error para pedir nuevamente la oportunidad de entrar a la SSP de Morelos, pero ahora no como un directorcillo, sino como el número uno.

Ojalá me equivoque, pero quienes conocen a ambos generales aseguran que llegará un momento en que llegaremos a la conclusión de que estábamos mejor con Menchaca, aunque se durmiera en las reuniones. Al tiempo.

Por lo que se refiere a la Contraloría, reiteramos que Patricia Mariscal no fue destituida. Ella pidió retirarse del cargo cansada y frustrada por no poder hacer bien su trabajo. Primeriza en la administración pública, su primera sorpresa fue cuando, tras hacer unas declaraciones en la prensa, le habló un funcionario cuyo nombramiento era larguísimo, quien le recomendó pedir permiso antes de abrir la boca ante la prensa. En protesta porque siendo servidora pública no podía ejercer su derecho constitucional a la libre expresión, la contralora decidió imponerse a sí misma una “huelga de boca cerrada”, y cada vez que algún reportero le preguntaba algo de su trabajo, le pedía que se lo fueran a preguntar “al señor López”.

Pero ese detalle era lo menos importante. En los siguientes meses y años, la contralora descubrió que en Morelos todo parece estar hecho para que nadie que incurre en una irregularidad pueda ser sancionado. La legislación está llena de recursos a los que puede recurrir un funcionario corrupto para operar impunemente. Y por si fuera poco, cuando ya se acabaron los recursos jurídicos entonces quedan los recursos políticos.

Aunque tiene mucho qué decir, la notaria con licencia ha optado por el silencio. Sólo concedió una entrevista a su amigo Eolo Pacheco. “La dirigencia del PAN nunca me quiso, siempre les estorbé, pidieron mi cabeza varias veces. Seguramente el gobernador tuvo problemas con su partido”, afirmó sin mencionar por su nombre a Germán Castañón Galaviz (inmiscuido en el asunto de la liberación de concesiones del transporte cuando era secretario de Gobierno y por lo tanto uno de los que debió ser investigado por la Contraloría).

Tampoco mencionó al actual secretario de Gobierno Oscar Sergio Hernández Benítez (ex dirigente del PAN), pero lo dejó entrever con su frase “trabajé con dos magníficos secretarios  de Gobierno: Sergio Álvarez Mata y Jorge Morales Barud”. Al buen entendedor…

No tenemos los elementos objetivos para calificar el desempeño de Patricia Mariscal al frente de la Contraloría, pero consideramos que su estatus económico y formación familiar, la hacían menos vulnerable a la tentación. Dicho en otras palabras, Mariscal Vega jamás aceptaría una dádiva ni pondría en riesgo el apellido, por favorecer a un servidor público corrupto. Por eso prefirió renunciar, y eso es algo que debemos reconocer.

Diametralmente opuesta es la situación de su sucesor. Alfredo Jaime de la Torre es parte de ese sistema que Patricia Mariscal combatió y terminó por rendirse.  Prácticamente toda su vida ha sido empleado de gobierno en el área administrativa, por lo tanto conoce el “teje y maneje” de las licitaciones, los recursos humanos y los presupuestos.  La Iglesia en manos de Lutero, se podría decir.

Es el elemento perfecto para garantizar que no haya “huecos” en las cuentas públicas de las dependencias gubernamentales. En términos más claros, Alfredo seguirá siendo el empleado de Alejandro Villarreal Gasca, pero despachará en la oficina de enfrente. Tiene como encomienda preparar la retirada del PAN-Gobierno para que Marco Adame y su equipo no pasen por lo mismo que Sergio Estrada Cajigal.

Alejandro Pacheco Gómez, nuevo secretario de Educación, tiene como puntos en contra sus orígenes porriles y priístas. Asimismo, su paso por oficinas administrativas ha dejado estelas de dudas en el manejo de los recursos, como fue en la construcción del Gimnasio-Auditorio de la UAEM y en el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. Hoy mismo, sus manejos en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata están siendo revisados con lupa por la Contraloría (aunque podría ser el primer beneficiado con la llegada de Alfredo Jaime).

Pero al margen de lo anterior Alejandro Pacheco viene precedido de un buen prestigio como académico. Tiene como encargo conciliar a la Secretaría de Educación con los diferentes sectores sociales con quienes su antecesor ya estaba muy desgastado.

El más importante de ellos es el Sindicato de Maestros, con quien Alejandro Pacheco no tiene contacto alguno. Por cierto que un buen canal de comunicación con esta organización sindical podría ser Francisco Argüelles Vargas, director del Instituto de Educación Básica cuando Alejandro era secretario académico de la UAEM, además de que ambos tuvieron a un colaborador mutuo: Julio Reyna Gutiérrez.

En conclusión, de estos tres nuevos funcionarios dependerá en mucho la calificación que le dé la ciudadanía morelense al gobierno de Marco Adame en la recta final de su mandato, pues son los encargados de brindar seguridad, educación y rendición de cuentas. Y esa calificación se traduce en votos para el 2012.

LOS DOS JOVENES DIPUTADOS

Los dos tienen nombres de artistas y se asumen como profundamente cristianos, aunque en diferente religión. Ambos comenzaron desde muy abajo y hoy tienen cargos privilegiados que nunca imaginaron tener, al grado de sentir que el estado de Morelos no camina si no es con su anuencia.

Irónicamente pertenecen a partidos distintos, pero los dos llegaron por caprichos del destino. El primero está en el Congreso porque su contrincante exageró en su publicidad al grado de que a la gente le pareció un insulto tanto derroche de recursos, y prefirió votar por cualquier otro. El otro joven diputado ni siquiera votos tuvo, se benefició con la obsoleta Ley que permite a los partidos nombrar diputados plurinominales.

Ambos iniciaron ya sus campañas a pesar de que sus informes de trabajo son raquíticos. Dedican gran parte de su tiempo a visitar escuelas y colonias en busca de votos y con recursos del erario público.

Los dos alguna vez criticaron con ímpetu desde trincheras diferentes lo que hoy practican de manera cotidiana. Los dos volverán a ser mortales a partir del próximo año, pero hoy disfrutan de la comodidad y el poder que les otorga el cargo.

HACE 16 AÑOS

Anteayer hizo 16 años que la Procuraduría de Justicia amaneció con la noticia de que ya no había director de la Policía Judicial porque había sido asesinado durante la madrugada. Darío Lugo Sánchez había llegado a ese cargo precedido de un gran prestigio como comandante de la Policía Federal, donde se ganó la confianza del general Jorge Carrillo Olea, quien lo invitó a trabajar en Morelos en cuanto asumió la gubernatura en junio de 1994.

Pero esa mañana los reporteros que cubríamos diariamente la información policiaca nos encontramos con la novedad de que Darío había sido asesinado en un enfrentamiento con secuestradores, pero había tres detenidos.

Presente en las audiencias públicas  que se llevaron a cabo en uno de los juzgados contiguos al Penal de Atlacomulco, este reportero pudo conformar una historia que se publicó en las páginas del naciente diario La Unión de Morelos, pero que más bien parecía el guión de una película de acción.

Inspirados en una serie norteamericana de televisión (así consta en el expediente al que más tarde tuvimos acceso), tres jóvenes de entre 18 y 20 años decidieron ejecutar un secuestro. Eran Luis Arturo García Zapata, Armando Acevedo Jiménez y Ricardo Arroyo Sánchez, quienes ostentaban un nivel socioeconómico regular, estudiaban en escuelas particulares y planearon el ilícito en busca de dinero fácil y adrenalina.

Fue así como el 11 de abril de 1995 irrumpieron en la residencia de Jorge Coghland Crombre, en el fraccionamiento Santa Fe donde Ricardo Arroyo ocasionalmente acudía a limpiar la alberca acompañando a un familiar, siendo ahí donde se percató de la opulencia económica de los ocupantes y se lo comentó a sus amigos.

El empresario fue subido a una camioneta de su propiedad y llevado a una casa en obra negra, propiedad de unos familiares de los jóvenes, ubicada en la calle La Estación, colonia El Vergel, en Cuernavaca. Vía telefónica exigieron tres millones de dólares, pero al final aceptaron liberarlo a cambio de 600 mil.

No sabían que la familia había denunciado los hechos a las autoridades y que el director de la Policía Judicial había decidido participar directamente en el operativo para rescatar a Coghland y detener a los delincuentes, quizás como una forma de lucirse con quien lo había designado en el cargo.

A bordo de una camioneta Suburban color azul irían el hijo del secuestrado manejando y a su lado Darío Lugo haciéndose pasar por un tío. Agazapados entre los asientos traseros iban los comandantes Martín Landa Herrera y Víctor Hugo Mejía Topete, listos para entrar en acción.

Precisamente para evitar que “les pusieran un cuatro”, los mozalbetes advirtieron que a través del teléfono celular los irían guiando hasta donde se realizaría el pago del rescate. Los anduvieron paseando por varios lugares, hasta que finalmente pidieron que se aproximaran a la colonia Vista Hermosa, en donde había varios terrenos baldíos.

Ahí, a una distancia de 15 metros estuvieron frente a frente la camioneta Suburban y el Concord de los secuestradores. “Oigo que se bajan y efectúo un disparo”, declararía Luis Arturo posteriormente ante el Juez Samuel Sotelo Salgado.

Los testigos no pudieron describir bien a bien lo que sucedió. Jorge Coghland hijo recordó que escuchó muchos balazos mientras se resguardaba en el piso de la camioneta, y al cabo de unos momentos vio al comandante Darío Lugo sangrando del pecho y sus compañeros solicitando auxilio por radio. Los ocupantes del Concord habían escapado pero los policías estaban seguros de que al menos uno iba herido.

Todavía llegó vivo Darío Lugo al Hospital del Seguro Social, pero la bala estaba destinada a ser mortal. Advertidos de que uno de los secuestradores iba herido, los policías recorrieron los hospitales hasta que en el Morelos descubrieron que un joven estaba a punto de entrar a quirófano para salvarle la pierna que llevaba prácticamente colgando.

Los policías sacaron a Luis Arturo García Zapata del quirófano y se lo llevaron detenido al igual que a su acompañante Armando Acevedo.  En esas circunstancias, los dos secuestradores llevaron a la Policía hasta donde tenían escondido al empresario y la redada incluyó a tres familiares que finalmente se comprobó que no participaron en el secuestro.

Lo único cierto hasta ese momento era que Darío Lugo estaba muerto. La versión de que un jovenzuelo de 19 años que disparaba por primera vez una pistola había matado de un solo balazo a un experimentado policía resultaba difícil de creer pero fue la que se sostuvo  en los tribunales y mantiene a Luis Arturo García Zapata preso  en el Penal de Atlacomulco, y sin una pierna. Su abogado fue el hoy coordinador de asesores de la Procuraduría, Carlos Villavicencio.

El hecho de que el comandante Martín Landa Herrera ocupara el cargo que dejó vacante Darío Lugo, alimentó las versiones de que se había tratado de un complot para matarlo. Nunca hubo suficientes indicios (o voluntad) para iniciar una investigación al respecto.

Irónicamente, el mismo médico legista que emitió un acta de necropsia según la cual la bala que mató a Lugo Sánchez entró de arriba hacia abajo (y que renunció a los pocos días sin explicación alguna) se encuentra nuevamente en el cargo de responsable de los servicios periciales, y hoy también tiene en sus manos un asunto delicadísimo como es el levantamiento de los siete cadáveres encontrados en un fraccionamiento de Temixco.

Sólo Samuel Nava Vázquez sabe si lo que consta en el certificado de necropsia corresponde a la realidad de lo que ocurrió aquel 13 de abril de 1995.

DE TODO UN POCO

Grupos Vulnerables.- Invitada por la Fundación Morelos A.C. que preside Jorge Meade Ocaranza, Yolanda de la Torre Valdez, presidenta de la comisión de grupos vulnerables de la Cámara de Diputados Federal, subrayó el enorme avance que en el rubro que representa contar en breve con una Ley General para la Integración de Personas con Capacidades Diferentes que en breve será publicada por la presidencia de la República, luego de ser aprobada por el Congreso de la Unión, que entre la novedades que incluye es un fondo de más de 8 millones de pesos para la adecuación del transporte para este grupo social.

“Sobre-asesorado”.- Además de ser el único secretario de gabinete que ocupa dicho cargo a pesar de tener un proceso pendiente en la Contraloría del Estado, el titular de la Comisión del Agua y Medio Ambiente, Fernando Bahena Vera, ocupa el primer lugar en mayor número de asesores, pues ya sea como encargados de alguna área, o simplemente como asesores, mantiene a: Elizabeth Olaiz Viveros, Marco Antonio Nieto Avila, Jesús Fernando Serrano Lauretta, Fidel Carrillo Herrera, Yadira Lucía Vergara Trejo, Brenda Arcelia Alvarez Rojo, Magdaleno Ramírez Rodríguez, Víctor Hugo Hernández Viveros, Dante Figueroa Castelar, Guillermo García Rodríguez y Claudia Iragorri Rivera. Eso sí, en el apartado (de su página oficial de internet)  donde debería estar el jefe de ordenamiento ecológico  aparece la leyenda: “vacante por falta de suficiencia presupuestaria”.

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