El encargado de la ventanilla de Migración revisó detenidamente por algunos segundos el pasaporte y enseguida dijo: “¿Señor Joaquín Guillermo Fernández Urbán?, parece que hay un pequeño problema con su pasaporte, le ruego me espere un momento”.
Eran las cuatro de la mañana del miércoles 25 de mayo del 2022, y el avión que llevaría al poderoso abogado a Madrid estaba a punto de partir del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
A una seña del agente de Migración se acercaron tres hombres que se identificaron como agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía de Justicia del Estado de México.
“Tenemos una orden de aprehensión contra usted, tendrá que acompañarnos”, le comunicaron.
Y Joaquín Guillermo ejecutó una pieza teatral que tiene muy bien ensayada:
“No saben con quien se meten, ahorita mismo haré que los despidan”, vociferó. Luego sacó de su maleta un documento y se los mostró a los agentes aprehensores: “Aquí traigo un amparo, no me pueden detener”.
Le explicaron que esa suspensión provisional ya no tenía efectos, pues era contra una detención arbitraria, pero en este caso se trataba del cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez penal del estado de México.
Ya cuando preparaban su traslado llegó un tipo “gordo y de barba” que dijo ser “el ex subprocurador de Justicia del Estado de Morelos”, para exigir la liberación de su cliente. Nada le funcionó.
El poderosísimo abogado que nadie pudo detener en Morelos fue conducido al Penal de Chiconautla, en el municipio mexiquense de Ecatepec. Había pasado dos semanas de vacaciones que aprovechó para visitar a sus familiares en Yautepec y ver algunos asuntos de negocios en Cuernavaca, para después regresar a España, donde reside desde hace un año con su esposa, Maica Borbolla.
Ayer mismo fue presentado ante una Jueza del Poder Judicial de aquella entidad, y en una “jugada maestra”, el imputado solicito que se difiriera la audiencia para dar tiempo a que llegara su abogado particular con las pruebas que le permitirán “demostrar su inocencia”. Y la juez lo admitió, de tal forma que será hasta hoy a las 19 horas que se llevará a cabo la audiencia, con tiempo suficiente para que Guillermo y su abogado hagan uso de las marrullerías en las que son expertos.
Ya en 2017 logró sacarlo en libertad cuando fue detenido por el delito de fraude procesal.
Su temor es que las víctimas de otros fraudes se enteren de que está detenido y agilicen las órdenes de aprehensión correspondientes para no dejarlo salir. De acuerdo a información hemerográfica, son por lo menos 20 casos en los que este sujeto ha despojado a familias de su patrimonio.
Una nota del periódico Reforma afirma que “un empresario inmobiliario está acusado de 16 despojos de propiedades en la Ciudad de México mediante la falsificación de escrituras, contratos e identificaciones, y la complicidad de funcionarios.
“Joaquín Guillermo Fernández Urbán, dueño de Administradora de inmuebles Fernández, ya ha sido procesado por al menos uno de estos atracos. La Procuraduría de la CDMX afina los detalles de otros expedientes para pedir su aprehensión”.
En otra denuncia, se establece que el 30 de junio de 2016 se formalizó la compraventa respecto del inmueble ubicado en Calle Explosivos sin número, Colonia Lomas Chamizal, delegación Cuajimalpa, Ciudad de México, siendo Guillermo el vendedor y Oaks Leadership la compradora.
El 2 de agosto se presentó para inscripción al Registro Público de la Propiedad, sin que hasta ese momento tuviera anotaciones preventivas, por lo que la empresa tomó posesión del predio y contrató a un velador.
Sin embargo, posteriormente apareció una demanda civil en la que otra empresa, Llanto Caf S.A. de C.V. demandaba a Fernández Urbán ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial con sede en Cuernavaca, Morelos, bajo el número 416/2016-3 el pago de 60 millones de pesos.
Mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2016, a través de su apoderada, Fernández Urbán exhibió certificado de gravamen expedido por la Dirección de Acervos Registrales y Certificados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con respecto al inmueble con fecha de elaboración 27 de junio de 2016, en el que falsamente se asentó que existía anotación preventiva de dación en pago ante el notario uno de la Ciudad de México a favor de Organización Llanto Caf S.A. de C.V.
El 20 de enero de 2017 el Juez Cuarto Civil dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la acción y condenó a Joaquín Guillermo Fernández Urban a firmar las escrituras que contengan el reconocimiento de adeudo y la dación en pago a favor de la persona moral mencionada y a entregarle la posesión del inmueble objeto del juicio.
En diligencia practicada el 18 de octubre de 2017 “con lujo de violencia y en uso excesivo de la fuerza, sin respetar el contrato en virtud del cual poseía el inmueble y sin seguir las formalidades del procedimiento, en clara violación de los derechos humanos desalojaron el inmueble y lo pusieron en posesión de la empresa Llanti Caf”.
Según la empresa denunciante, Joaquín Guillermo Fernández Urbán y dos personas más, “simularon un procedimiento por la vía civil” para despojar del predio a la empresa que lo había adquirido con anterioridad.
Y es que resulta que Myriam Mar Vázquez Rizo, quien aparece como su apoderada legal de Guillermo, es al mismo tiempo secretaria del Consejo de Administración de Organización Llanti Caf S.A. de C.V.
El año pasado, los propietarios de una vivienda ubicada en la calle Guillermo Gándara de la colonia Amatitlán, denunciaron también a Guillermo Fernández Urbán y a varias notarías que validan las operaciones fraudulentas. La víctima se llama Carolina González y su abogada es Ivette García Chirino.
Después de que este columnista dio a conocer en exclusiva la detención del abogado, su esposa Maica Borbolla se comunicó vía Twitter para decir que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
Le contesté que, efectivamente, toda persona acusada de un delito tiene ese derecho, pero Guillermo Fernández Urbán no está acusado de uno, sino de muchos delitos, y el abogado ha abusado de sus conocimientos jurídicos y relaciones, para obtener un lucro con el patrimonio de muchas familias a las que les costó toda una vida hacerse de dichos bienes.
HASTA MAÑANA.
