La aprobación casi unánime de la reforma al artículo 58 de la Constitución local fue un mero trámite en la LI Legislatura, pues el requisito de la oriundez tiene mucho tiempo que ya resulta obsoleto, tanto jurídica como socialmente, aunque no faltó quienes se autonombraron “operadores de la reforma” y en breve buscarán cobrar el favor a sus respectivos partidos.
Ahora, ya sin ese pequeño obstáculo, los partidos políticos podrán dedicarse de lleno a elegir a sus mejores hombres y mujeres para los cargos de elección popular que se habrán de votar en julio del próximo año, pero su principal reto es evitar el “síndrome de los cangrejos mexicanos” que se basa en que ninguno puede sobresalir porque sus propios compañeros se encargan de jalarlo hacia abajo.
Vamos por partes.
En el PRI se debe reconocer que, aún con todos sus errores, el candidato que tiene mayor arrastre es Manuel Martínez Garrigos. Es el candidato natural pero no puede hacerlo solo, de ahí que tendrá que hacer alianzas como las hizo en su momento para llegar a la presidencia municipal. Un PRI dividido por la avaricia del poder sería excelente para los partidos de oposición.
Por ello, para nadie es un secreto que las últimas designaciones de Manuel Martínez tienen una intención a futuro. ¿Qué hacen en Cuernavaca personajes que son conocidos en determinadas regiones pero que en la capital sólo los conocemos por foto? Tampoco es casualidad que los fines de semana (como lo hacía Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno del DF) visita determinados municipios a invitación de alguno de sus colaboradores.
De manera paralela, se han incrementado los programas sociales, la entrega de becas y mochilas a estudiantes, la feria fue todo un éxito y las obras que tanto se criticaron están por terminarse y demostrar sus bondades.
Habrá quien califique estas acciones de populistas y que recrimine que se hacen con dinero público, pero la ventaja de que en Morelos haya tres partidos políticos gobernando las principales ciudades de la entidad, es que nadie puede criticar estas acciones porque los tres partidos están haciendo lo mismo en sus respectivos municipios.
Sólo hay que checar las redes sociales de los diferentes alcaldes y diputados para ver cómo se dieron “baños de pueblo” en las celebraciones por el día del niño. Los pequeños ya no sabían qué hacer con tantas pelotas de a 6 pesos que les llevaban, y eso que ellos ni votan. Ahora imagínense el día de las madres.
En el Partido Acción Nacional le toca a Adrián Rivera. Hace 25 años, cuando unas cuantas familias ligadas a la Iglesia Católica iniciaron el proyecto del Partido quedó perfectamente claro que el primer gobernador auténticamente panista sería Marco Antonio Adame Castillo, el único con la preparación académica y la oratoria necesarias para llegar a ese puesto. Su antecesor, Sergio Estrada Cajigal, fue sólo el artífice para llegar al poder y lo dejaron ser gobernador porque ya llevaba un buen trecho recorrido como presidente municipal, pero en cuanto pudieron, los integrantes de “La Sagrada Familia” tomaron el control.
Los jerarcas del PAN, además del hoy gobernador, eran Adrián Rivera Pérez, José Raúl Hernández Ávila, Oscar Sergio Hernández Benítez, José Luis del Valle Adame y Sergio Álvarez Mata. Esos son los iniciadores de un proyecto en el que la idea era que, si todo salía como ellos querían, se irían pasando la gubernatura entre ellos.
Las circunstancias han cambiado y se antoja difícil el pase de estafeta entre azules para el 2012, pero “escalafonariamente” le corresponde a Adrián Rivera la candidatura. Que gane es otro cantar, pero las leyes no escritas de “La Sagrada Familia” dicen que le toca a Adrián.
Podrá haber otros candidatos que quizás le reditúen más votos al partido, pero esos llegaron después, cuando el PAN ya era primera fuerza política en el estado. Ellos no se fletaron en aquellos tiempos que no había ni para imprimir volantes y que nadie quería ser candidato para no gastar su dinero inútilmente.
En el Partido de la Revolución Democrática Graco Ramírez lleva la delantera por obvias razones. En estos momentos no hay ningún otro perredista más conocido en Morelos que Graco Ramírez. El nombre no es común y su rostro tampoco se olvida fácilmente, sobre todo si se distribuyen estratégicamente cientos de lonas con su nombre y fotografía por todo el territorio morelense.
Bajo esa perspectiva, nombres como Fidel Demédicis y Rabindranath Salazar Solorio ni siquiera figuran en el espectro de las encuestas.
Ahora bien, el problema es que Graco no se lleva bien con nadie. El día que vino López Obrador a Morelos aquello parecía un acto en contra de Graco. En las conferencias de prensa Graco se pone “al tú por tú” con los reporteros que lo quieren cuestionar. Al señor se le dificultan las relaciones interpersonales aunque maneje muy bien la mercadotecnia electoral.
Ahí están los nombres de los “candidatos naturales” de los tres principales partidos en el Estado, pero insistimos, primero tendrán que sortear el llamado “fuego amigo” para después pasar a la competencia en las urnas.
Y ahí ya todo puede pasar. Ha quedado demostrado que, después de haber sido “bombardeado” por miles de spots a favor y en contra; de haber recibido pelotas, cubetas, gorras, camisetas, etc.; el ciudadano común llega solito y su alma a la mampara donde tiene que emitir su sufragio. Y ahí se decide todo. Sólo el que vota sabe si lo hará por conveniencia, por ideología política; por lo útil o inútil de las obras realizadas; por el humor que tenía en ese momento o por lo bonito o lo feo de los candidatos.
Eso es precisamente lo más valioso de la democracia.
EL CONTRALOR DEL ESTADO “SE AUTOEXONERA”
La semana pasada en este mismo espacio comentamos que había dos solicitudes de información de las que no habíamos recibido respuesta a pesar de haber transcurrido el plazo legal, por lo que interpondríamos el recurso correspondiente ante el IMIPE. Ya no fue necesario porque el mismo viernes por la mañana recibimos las respuestas.
En el primer caso habíamos a la Unidad de Información Pública de la Secretaría de la Contraloría nos indicara si en sus archivos existe alguna queja o procedimiento en contra del C. Alfredo Jaime de la Torre, es decir, de su titular.
La respuesta fue la siguiente: “Por este conducto le informo que una vez revisada la base de datos de servidores públicos en procedimiento administrativo de la Dirección a mi cargo, el C.P. Alfredo Jaime De la Torre no cuenta con procedimiento administrativo de responsabilidad”.
La respuesta fue escrita sobre el mismo correo electrónico de INFOMEX, sin nombre ni firma, cuando normalmente debe haber un documento oficial escaneado y con la firma del responsable. Eso es en cuanto a las formalidades legales.
Por cuanto al contenido de la respuesta, es muy probable que el autor de la misma (suponemos que es José Antonio Lechuga Morales, titular de la UDIP) esté dándonos una “verdad a medias”. Es decir, que efectivamente no haya ningún “procedimiento administrativo de responsabilidad” en contra de su jefe, lo que no lo exime de quejas o procedimientos que se iniciaron en su contra, pero que finalmente no concluyeron con una sanción.
Algunos lectores seguramente se preguntarán: ¿Por qué tanta insistencia en encontrarle algo a Alfredo Jaime de la Torre?
La respuesta es simple, y seguramente después de que usted lea los siguientes párrafos, también tendrá serias dudas sobre la honorabilidad del encargado de vigilar al resto de los funcionarios.
Una de las fuentes de información de los periodistas es la hemerográfica. Pues bien, tenemos en nuestras manos una columna escrita hace unos seis años por José Manuel Pérez Durán que textualmente dice lo siguiente:
“Nueve meses antes de que en diciembre del 2003 fuera cesado del cargo de secretario de Seguridad Pública, la Contraloría del Gobierno del Estado tenía en curso una auditoría por saqueo de recursos oficiales, y en la Procuraduría General de Justicia estaban abiertas al menos tres averiguaciones previas que señalaban actos de corrupción en la SSP, imputables a (Cesáreo) Carvajal”.
Hasta ahí todo parece ajeno al tema que hoy tratamos, pero en el siguiente párrafo el colega da detalles de los supuestos cochupos:
“Una evaluación de las diferentes áreas de la SSP evidenció compras “justificadas” con facturas falsas, desvío de gasolina, información borrada del sistema de cómputo, equipo de radio mal usado, parque vehicular carcachizado por una deficiente administración, gastos inflados y otros actos de corrupción que en conjunto representaron un peculado por varios millones de pesos”.
Y enseguida viene la referencia al hoy contralor:
“Alfredo Jaime de la Torre manejó el fondo fijo en la gestión de Carvajal, detectándose facturas apócrifas que en el proceso de revisión fueron compulsadas con las originales de las empresas Burger King, Operadora Cerver S.A. de C.V., Tía Licha y los restaurantes Tu Casa y El Polvorín. Elemento de confianza de Carvajal, De la Torre operaba como subsecretario de administración y era quien autorizaba el gasto de gasolina. Por medio de operativos policiacos que no existieron, fueron desviados miles de litros de la estación gasolinera del DIF, iniciándose la averiguación SC/3ª./34/03-01 en la cual quedó asentada la declaración del ex secretario particular de De la Torre, Julio César Domínguez (quien) aseguró que ajustaba los vales de combustible a las cantidades que le ordenaba su jefe”.
El material hemerográfico da cuenta también de una compra de uniformes por 80 mil pesos que se “comprobó” con una factura falsa, lo que originó la averiguación previa SC/8ª./92/03-01. “Una tercera averiguación, la SC/3ª./7479/02-01, refirió la “renta” de reclutas del Colegio de Policía al Palenque de Cuautla”, concluye Pérez Durán.
Después de leer lo anterior, seguramente a usted como a mí le surge la curiosidad de saber qué paso con esas averiguaciones previas. Si después de estas acusaciones Alfredo Jaime de la Torre fue capaz de salir bien librado, al grado de que hoy la Procuraduría le haya extendido una constancia de no antecedentes penales, y que la Contraloría diga que “no cuenta con procedimiento de responsabilidad”, entonces no nos cabe la menor duda de que es la persona indicada para estar en la Contraloría Estatal. Es una garantía de que la próxima administración encontrará “todo en orden”.
ADMITE LA SG QUE “REGALÓ” PERMISOS A RUTEROS
Decíamos que el pasado viernes recibimos literalmente “al cuarto para las doce” dos respuestas a nuestras solicitudes de información. La primera fue de la Contraloría y la segunda de la Secretaría de Gobierno.
En columnas anteriores habíamos comentado el caso de la empresa Generación 2000 cuyo presidente es Jorge Yamada Landa, quien tiene un conflicto con algunos miembros de esa organización. Resulta que hay varias concesiones o permisos que están en litigio, y en diversas ocasiones los llamados “disidentes” han logrado que los jueces les otorguen un permiso provisional para circular.
Pero el problema es que Yamada Landa consiguió que la Dirección del Transporte les otorgara permisos para circular también. De esta manera, puede usted encontrarse con dos microbuses de la Línea Generación 2000 con el mismo número de concesión. Están “clonadas”.
A fin de dilucidar qué es lo que estaba pasando solicitamos primero a la Secretaría de Finanzas que nos dijera cuántos recibos han sido cobrados por este concepto. La respuesta fue en el sentido de que no hay ningún cobro a nombre de Jorge Guillermo Yamada Landa o de Generación 2000.
El viernes llegó la respuesta de la Secretaría de Gobierno, y dice así:
“…por este medio adjunto archivo electrónico conteniendo en versión pública, 29 permisos otorgados a la persona moral denominada Generación 2000. Asimismo, hago de su conocimiento que por lo que se refiere a los recibos que amparan el costo de los mismos; la Dirección General de Transportes tuvo a bien otorgar dichos permisos sin cobro alguno, tomando como base que la empresa de referencia se encuentra en litigio, y con la finalidad de no contravenir alguna resolución judicial, se emitieron los mismos de forma temporal, hasta en tanto no se resuelva su conflicto ante los tribunales en los que se incoa. Atentamente, C.P. Joel Juárez Guadarrama”.
Alguien debe decirle al ex diputado que la lógica jurídica dicta que cuando hay un litigio las cosas deben permanecer como estaban antes de que este se iniciara, no que se otorguen permisos gratuitos a una de las partes.
Eso es parcialidad y confirma lo que hemos reiterado en varias ocasiones: la Dirección del Transporte, y en general el gobierno, está favoreciendo a los líderes transportistas con miras a las próximas elecciones.
Bien dice el dicho que “explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”. Antes de que se hiciera público este “regalo” de la Dirección del Transporte a la empresa en litigio Generación 2000, el PAN ya había enviado sendo comunicado de prensa para difundir la declaración del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, en el sentido de que “el Diputado Presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, Luis Miguel Ramírez Romero calificó como un acto de solidaridad y apoyo a la economía de los transportistas de Morelos, los descuentos, ayudas y subsidios que el Gobernador Marco Adame, aprobó a favor de los choferes y propietarios de taxis, camiones de carga con y sin itinerario fijo, que prestan el servicio público de transporte.
Y es que poca gente sabía de un acuerdo publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4886 del 20 de abril del año en curso con el que se autoriza otorgar hasta 50% de descuento en la expedición de licencias de chofer y gafetes de operador”.
“Al ser cuestionado el legislador panista, sobre si estas medidas del Gobernador Marco Adame son clientelares o buscan algún beneficio político a favor del Partido que representa, Ramírez Romero fue contundente, al asegurar “que los beneficios son parejos, libres y transparentes para todos los transportistas y los pueden obtener de manera individual o a través de sus organizaciones y su legalidad y claridad se encuentran sustentadas en la publicación del periódico oficial del Estado”, terminaba diciendo el boletín.
¿Y el “regalo” a Jorge Yamada Landa en dónde se encuentra sustentado? En 10 días lo sabremos.
SOBRE EL NUEVO DELEGADO DE LA SEDESOL
Omar Darío De Lassé Cañas es el nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en sustitución de Osvaldo Castañeda. Es hijo del doctor Rolando De Lassé Macías, un ingeniero agrónomo y psicoanalista ampliamente conocido en el Distrito Federal y hermano de Rolando De Lassé Cañas, doctor en Derecho, ex director jurídico del IFE y actualmente secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
Los hermanos De Lassé son los típicos jóvenes estudiosos que pueden cumplir casi cualquier encomienda tanto en la iniciativa privada como en la administración pública. Omar Darío ha sido desde secretario particular de un funcionario de Sedesol, responsable de quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor, hasta subcoordinador en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Es por eso que lo envían a la delegación Morelos, luego de que a nivel central llegaran noticias de que la dependencia a cargo de Osvaldo Castañeda era un verdadero desbarajuste, y que el delegado estaba cayendo en excesos que podían perjudicar la imagen de la SEDESOL a nivel nacional.
Osvaldo recibió mensajes bastante claros de que debía renunciar. Uno de ellos fue difundir un boletín oficial en el que anunciaban el inicio de una investigación por el uso de vehículos oficiales para cuestiones personales, pero sin avisarle. Él se enteró del contenido cuando se lo leyeron en una radiodifusora.
Al buen entendedor pocas palabras, dice el dicho popular, pero el pupilo de Adrián Rivera Pérez prefirió aguantar hasta que llegara su relevo.
Omar Darío no viene a poner a la SEDESOL al servicio del PAN-Morelos para ayudarles a ganar las próximas elecciones, pero tampoco lo manda el PRI ni el PRD. Es un joven abogado de la confianza de Heriberto Félix Guerra, al único al que le entregará cuentas claras de lo que encuentre.
DE TODO UN POCO
Nombramiento.- Eleael Acevedo Velázquez, ex presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) acaba de integrarse a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A ver si no en una esas, le toca resolver alguna controversia que involucre a alguno de los diputados que le negaron la ratificación en el cargo, con eso de que prácticamente todos los legisladores buscan ser candidatos a cargos de elección popular en las elecciones del 2012. No cabe duda, la vida es una rueda de la fortuna.
Obstáculo.- Diputado local por aquella región, el actual coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno, Jesús Martínez Dorantes, se ha convertido en el principal obstáculo para que se regularicen los fraccionamientos ubicados sobre terrenos comunales de Huitzilac. Parece que hay celos políticos luego de que Alejandro Mancilla Cueto logró convencer a la mayoría de los comuneros para que aceptaran la regularización de estos terrenos.
Autorrobo.- Las investigaciones en torno al robo de 167 millones de pesos a las instalaciones de Cometra-Oaxaca en marzo pasado, apuntan hacia la posibilidad de un autorrobo. En días pasados la Policía detuvo a Angélico Olivera, su madre Anacleta Mata y su concubina Teódula Hernández Cruz, quienes en el momento de su detención trataron de sobornar con 150 mil pesos a los elementos policiacos.
Angélico Oliver es el sujeto que aparece en el video de seguridad con una media en la cabeza, quién fue detenido en el domicilio de sus padres, ubicado en la agencia municipal del “Aragón” de San Juan Bautista Jayacatlán, con parte del botín. “Lo tenía aún en bolsas de plástico dentro de una de las habitaciones de su propia vivienda”, comentó uno de los policías captores.
Ahora sólo falta ver hasta dónde llegan las investigaciones, pues un robo de esas magnitudes no puede realizarse sin la participación de mandos medios y altos de la propia empresa que en Morelos acaba de inaugurar instalaciones. Hasta el Proximo Viernes
