Salvo que las investigaciones prueben lo contrario, podemos asegurar que para que ocurriera el incidente de ayer en el Paseo Ribereño se conjuntaron diversas y variadas circunstancias, que tienen que ver con la construcción del puente colgante, su falta de mantenimiento y su supuesta remodelación en los últimos meses, hasta la imprudencia de un ayudante municipal al que se le hizo fácil ponerse a saltar en el puente sostenido por dos viejos cables de acero, mientras más de una veintena de personas lo cruzaba.

Afortunadamente no hubo vidas qué lamentar, aunque se reportan con lesiones a la presidenta del DIF Municipal, Luz María Zagal; a la regidora Patricia Torres; al regidor Fernando Carrillo, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y su pronóstico es reservado, y de menor gravedad al secretario de Desarrollo Económico, Humberto Paladino, lo mismo que Carlos de la Rosa, secretario del Ayuntamiento.

Las expresiones de la gente que se escucharon en los noticieros radiofónicos y se leyeron en comentarios de redes sociales, coinciden en que “qué bueno que se cayó ahorita con funcionarios y no con público visitante que pudiera haber tenido consecuencias funestas, donde las víctimas pudieron haber sido niños o ancianos”.

Y de inmediato surgieron voces que exigen castigo a los responsables, tanto para aquellos que no hicieron bien su trabajo de remodelación, como para las instancias que tenían la obligación de inspeccionar lo que se iba a inaugurar y no lo hicieron.

Es cierto que eran más de 20 personas las que estaban cruzando el puente y que un joven vestido de negro comenzó a saltar para hacerse el chistoso, pero también lo es que no había un letrero que prohibiera lo contrario, o elementos de Protección Civil que se encargarán de mantener el orden de los visitantes.

De acuerdo al protocolo, la oficina que encabeza Paola Hernández debió haber inspeccionado todo el recorrido que iba a hacer el alcalde y prever posibles incidentes como éste. Si lo hubiera hecho (bueno, no ella porque no es experta en la materia) Protección Civil se habría dado cuenta que el puente sólo está sostenido por dos cables de acero de un grosor insuficiente y con signos de oxidación, que aunado al número de personas que se esperaban debió haber hecho un dictamen de “no apto”.

Pero no, al parecer la señora está más interesada en encontrar establecimientos comerciales a quienes pueda sacar dinero, que en cuidar este tipo de aspectos. A ver si con esto aprenden que no es lo mismo vender extintores que dirigir una dependencia de protección civil, y ponen en su lugar a alguien que sí tenga la preparación necesaria.

Tras el lamentable suceso me comuniqué con el ex regidor César Salgado Castañeda, quien estuvo directamente involucrado en la remodelación del Paseo Ribereño que creó el extinto alcalde Alfonso Sandoval Camuñas hace más de 25 años.

Fue César quien nos explicó que la remodelación del puente colgante no entró en el proyecto financiado por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Según el ex regidor, dicho puente fue remodelado con una aportación voluntaria de 20 mil pesos de un particular cuyo nombre se reservó, y el remozamiento sólo incluyó cambiarle las tablas de madera y ponerle “praimer” a los cables de acero para que no se siguieran oxidando.

Esto fue confirmado por el gobierno del estado de Morelos que a través de un comunicado explicó que el proyecto “Rehabilitación del Paseo Turístico Ribereño Alfonso Sandoval Camuñas” fue propuesto por el Gobierno municipal de Cuernavaca en el periodo 2019-2021 y el ejecutor fue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de dicho municipio, con recursos provenientes del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Se realizó la construcción de un puente peatonal ubicado bajo el puente vehicular Porfirio Díaz de 27 metros de longitud por 1.75 metros de ancho, para sustituir el existente que fue demolido por deterioro del sismo y desgaste natural.

El nuevo puente que se construyó cuenta con estructura metálica y de alta seguridad para los usuarios, en la cual se designaron 985 mil 768 pesos para esta parte del proyecto, además de pintura en herrería por una cantidad de 144 mil 403 pesos; una caseta de vigilancia por 24 mil 50 pesos; la ejecución de sanitarios públicos, por una cantidad de 79 mil 303 pesos y un monto total de la inversión tres millones 410 mil 729 pesos.

Además, se apoyó en la elaboración de taludes con un valor de 472 mil 874 pesos; en la iluminación, con un valor de 1 millón 654 mil 625 pesos y el desmantelamiento de ducteria por un monto de 49 mil 703 pesos; dando un monto total de tres millones 410 mil 726

“Por lo que se enfatiza que el puente colgante que desafortunadamente cayó, no estuvo incluido en este proyecto”, agrega el comunicado.

Lo anterior exonera (al menos por el momento) a la empresa PEJUME Construcciones, creada hace 10 años y que es administrada por José Pedro Juárez Medina. Esta compañía fue seleccionada de entre tres propuestas para elaborar el proyecto antes mencionado, pues como ya se ha dicho en este espacio, la gran mayoría de obras que se hicieron en el gobierno de Antonio Villalobos, no se realizó licitación.

Entrevistado en dos ocasiones, la última después de las 18 horas, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado dijo que en estos momentos lo más importante es la salud de las personas involucradas en el incidente. De todos modos, indicó que habrá una investigación técnica para saber si hubo dolo o negligencia por parte de las dependencias que intervinieron, y esa información se entregará a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que deslinde responsabilidades, independientemente de la investigación que motu propio inició la Fiscalía Anticorrupción y que abarcará todo el proyecto financiado por el Fidecomp.

Es decir, que pudiera darse el caso que por un puente colgante que se cayó porque un mozalbete se puso a brincar cuando pasaba la comitiva del presidente municipal, se destape un caso de corrupción en el que los costos de una remodelación fueron inflados para poder pagar “el moche” exigido por el anterior alcalde y algunos regidores.

Esto se torna muy interesante, máxime que el domicilio de la empresa PEJUME no se encuentra por ningún lado y sus propietarias (las hermanas Karla y Fabiola Altamirano Cabrera) presentaron identificaciones en las que dicen vivir en un departamento de la popular Unidad Campestre del municipio de Jiutepec.

HASTA MAÑANA.