En marzo del presente año una jueza morelense estuvo en “el ojo del huracán” mediático por haber entregado a dos niñas de origen israelí a su padre a pesar de que ellas expresaron su deseo de quedarse con su madre en Morelos. Entonces se dijo que la funcionaria debió haber aplicado “el interés superior de la niñez” contemplado en los convenios internacionales y en la propia Constitución federal.
En 2011 se incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar que:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”
En el caso que acaparó la atención nacional, el padre es un ciudadano de Israel (suponemos que económicamente fuerte o por lo menos bien apoyado por su embajada) y la madre es hermana de Nicolás Celis, el productor de varias películas de los galardonados Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, íconos del cine nacional contemporáneo.
Fue este último quien logró llamar la atención del mismísimo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Con un “Hola Guillermo, sí, ahora verifico qué ocurre y qué podemos hacer”, escrito en su cuenta de Twitter, fue suficiente para que todo mundo se moviera y en cuestión de horas se diera la alerta roja en todas las salidas del país.
Pero no sólo en la SRE y el Instituto Nacional de Migración se pusieron a buscar a las niñas, sino también en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México donde se emitió una alerta ámber, como si las niñas hubiesen sido sustraídas ilegalmente, siendo que fue una jueza la que se las entregó al padre y de aquí se fueron escoltados por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública hasta los límites del estado con la capital del país.
La foto de la jueza Laura Galván fue “boletinada” en Twitter como la funcionaria que “recibió tres millones de pesos para entregarle las niñas a su padre”. Y en las horas siguientes, compañeros de escuela de las menores grabaron un video diciendo “soy amig@ de Maya y Gal y ellas quieren regresar”, mismo que el compañero de Guillermo del Toro se encargó de viralizar.
El entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz, tuvo que admitir que la jueza no aplicó la máxima del interés superior de las niñas al resolver una orden de la embajada Israelí, pues en aquel país el padre había ganado la guardia y custodia.
Hoy, hasta donde se sabe, las niñas permanecen con su madre en algún lugar de la república mexicana, como en una película con final feliz.
Eso suena muy bonito, pero ¿Qué pasa con las niñas y niños que no son hijos de israelíes ni parientes de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón?
En Morelos existen cientos de casos en los que las madres están reclamando la guardia y custodia de sus hijos, así como la manutención de los mismos a través de las demandas judiciales de alimentos. Es una situación preocupante que vino a acrecentarse con el cierre de juzgados a causa de la pandemia en 2020 y 2021.
Uno de estos casos es el de Claudia Hernández Belman, madre de dos niños (gemelos), quien recientemente denunció ante los medios de comunicación que no ha recibido una pensión alimenticia por parte del padre de sus hijos desde el 2015.
Lo anterior, debido a que presuntamente una juez está protegiendo a Víctor Serrano, papá de sus hijos, ya que se declaró insolvente para no pagar la pensión alimenticia. ¿Dónde hemos escuchado eso antes?
Y es que resulta que después de tener un cargo directivo en una importante empresa, Víctor Serrano “es despedido” y desde entonces se dedica a realizar trabajos informales.
Con fecha 11 de noviembre de 2015 la señora Claudia Hernández Belman, demandó los alimentos en representación de sus dos menores hijos que a la fecha cuentan con la edad de 7 años, a su progenitor Víctor Daniel Serrano Morales ante el Juzgado Sexto Familiar en Cuernavaca Morelos, en donde se le fijó un porcentaje a cargo de la nómina del deudor alimentista en sentencia definitiva dictada el día 19 de febrero del 2019.
Sin embargo, al momento de pedir la ejecución de dicha sentencia y calcular la suma total de las pensiones que dejo de cubrir el demandado, resulta que hubo una incorrecta apreciación judicial, tomando en cuenta las situaciones alegadas por el padre de los niños, por lo tanto con todo desacierto se les fijó una cantidad de mil 400 pesos quincenales, con base a un salario que no se acredita plenamente.
La autoridad judicial hace una incorrecta valoración de pruebas documentales que se exhibieron para pretender justificar los ingresos del demandado, no obstante que el IMSS ha informado que no se encuentra activo como trabajador afiliado, simulando el demandado estar trabajando con un empleador que no cumple con los requisitos exigidos por la Ley Laboral y de Seguridad Social y, considerar una relación de trabajo.
Ya son seis años del juicio 447/2015, en los que los niños no han recibido pensión alimenticia alguna. Eso al parecer no les ha importado a las dos juezas (mujeres, que se suponen que se apoyan entre ellas) que han conocido del caso, y ambas consideran que la señora Belman debe iniciar un nuevo juicio para modificar la cosa juzgada. ¿Qué tal eh?
Luego de recurrir a la justicia federal a través de un juicio de amparo, el Juzgado de Distrito ordenó a la titular del Tercero Civil del primer Distrito Judicial emitir una nueva resolución, desde el 20 de julio de 2022. Y la señora jueza Esther Pichardo todavía pidió una prórroga de diez días hábiles para estudiar el caso, no obstante que ella fue quien emitió aquella primera resolución que favorece al deudor alimenticio.
El 26 de mayo pasado, el recién designado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, se sumó a la mesa de diálogo coordinada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), en la que estuvieron presentes madres que han denunciado públicamente “violencia vicaria”.
En ese espacio, Gamboa Olea se comprometió a revisar los expedientes de cada uno de los asuntos expuestos, así como el desempeño de los funcionarios que han intervenido a lo largo de todo el procedimiento judicial y anunció que los días 26 de cada mes, encabezaría una audiencia para escucharlas de manera individual.
Entonces, la señora Belman en 10 días podrá exponer su caso al magistrado presidente. Sin embargo, corre el riesgo de que para ese momento la Jueza tercera civil ya haya emitido una nueva resolución en la que se aplique la ley aunque no se tome en cuenta el interés superior del niño.
HASTA MAÑANA.
