El 26 de diciembre del 2021 los integrantes del Cabildo de Cuernavaca fueron convocados por el entonces alcalde Francisco Antonio Villalobos Adán a una sesión urgente de Cabildo. Las oficinas del ex hotel Papagayo estaban tomadas por trabajadores e incluso les habían cortado la luz, pero el presidente municipal les planteó un escenario todavía más catastrófico si en los siguientes días la empresa dedicada a la recolección de basura suspendía el servicio.
Fue entonces que les propuso algo que hasta cierto punto sonaba lógico y respondía a la regla que dice que a grandes problemas grandes remedios: tomar del dinero que se había estado recabando como pagos adelantados del predial para cumplir con el compromiso contraído con la compañía KS.
En esa penúltima sesión estuvieron todos los integrantes del Cabildo, menos el panista Adrián Martínez Terrazas y el morenista Julián Mojica. Ellos no firmaron.
Sí levantaron la mano y estamparon su firma avalando esa decisión las siguientes personas:
Francisco Antonio Villalobos Adán, presidente municipal; Marisol Becerra de la Fuente, síndica; los regidores panistas Jesús Martínez Dorantes y María Alicia Martínez Gutiérrez; el priísta Alfredo Irving Morales Escobar, el perredista Romualdo Salgado Valle; Ulises Vargas Estrada, Anayeli Rodríguez, César Salgado Castañeda, Albina Cortes Lugo y Gerardo Güemes Manzo.
No sabemos si los antes mencionados ignoraban que lo que hicieron constituye un delito que se llama peculado y que consiste en desviar un recurso etiquetado para una cosa, y que se le da un destino diferente, aunque sea para aprovechamiento del mismo Ayuntamiento.
Quizás nadie les leyó el artículo 93 Ter de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos que a la letra dice:
“El impuesto predial se causará bimestralmente y deberá de pagarse dentro del primer mes de cada bimestre, durante los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. (…) Los Ayuntamientos podrán recibir de manera anticipada las contribuciones que por concepto de pago del impuesto predial del Ejercicio Fiscal siguiente durante los meses de noviembre y diciembre de cada año, por lo cual los contribuyentes tendrán derecho a una reducción equivalente al porcentaje que anualmente se determine en la Ley de ingresos del Municipio correspondiente.
“Se prohíbe a las administraciones Municipales que hayan recibido el cobro anticipado del impuesto predial del ejercicio fiscal del año siguiente, ejercerlo o gastarlo en el ejercicio fiscal vigente. La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, vigilará que las Administraciones Municipales cumplan con el contenido del presente artículo. La violación a lo establecido en este artículo será sancionada por las autoridades y ordenamientos correspondientes”.
Y como bien dijo el juez Eddie Sandoval Lomé, al resolver la situación jurídica de los regidores Jesús Martínez, Anayeli Rodríguez y Gerardo Güemes: la ignorancia de la ley no exime de la responsabilidad.
Ahora bien, se dice que parte de ese recurso pagado a la empresa KS fue devuelto en efectivo a los firmantes, pero como es muy difícil de probar ni siquiera vamos a entrar en detalles, a menos que alguno de los involucrados acepte confesarlo como parte del “criterio de oportunidad” que les ofrezca la Fiscalía Anticorrupción.
Y es que la disposición del dinero que los contribuyentes de buena fe le pagaron a la administración de Villalobos de manera adelantada, constituye una de las 32 denuncias que la Fiscalía Anticorrupción tiene en sus manos desde mediados de septiembre, y es en contra de todas las personas mencionadas al principio de la columna.
No conocemos a todos los regidores, pero sí podemos avalar la calidad moral de César Salgado, de Anayeli Rodríguez y de doña Licha, la señora de Leandro Valle que acudía al Cabildo con delantal. Pues hasta ella va a tener que contratar un abogado para demostrar que lo que hizo fue de buena fe para que la ciudad no amaneciera llena de basura y que no recibió ninguna dádiva a cambio de su voto.
Las demás denuncias versan sobre lo típico de toda administración que termina: pagos a empresas “fantasma”, falta de “testigos” que justifiquen las erogaciones, adquisiciones sin licitar, personas que nunca fueron vistas en sus centros de trabajo pero su salario aparece como depositado en su cuenta bancaria, etc.
Nada que no hayamos visto antes y que no pueda ser justificado o resarcido. Quienes hayan ocupado cargos directivos que hagan lo que hizo Fernando Blúmenkron: demostrar con documentos que oportunamente advirtió a sus superiores que debía cumplirse con la normatividad vigente y deslindar así su responsabilidad.
De todos modos el principal responsable ya está tras las rejas y se ve difícil que pueda salir pronto. Y es que Francisco Antonio Villalobos pedía a gritos que lo acusaran de Enriquecimiento Ilícito, pues después de ocupar cargos “de medio pelo” en administraciones municipales pasadas, comenzó a comprar inmuebles y vehículos de lujo al por mayor. Es decir, en la misma proporción que la ciudad se venía para abajo, la economía del alcalde y su familia se iba para arriba, sin el menor recato.
La administración 2019-2021 de Cuernavaca será recordada como una “Cueva de Alí Babá y los 40 Ladrones”, o más bien como “La cueva del lobo”.
Ojalá que Antonio Villalobos Adán aproveche el tiempo libre para escribir un libro, una novela que trate de un humilde inspector de Comercio a quien nadie le veía cualidades (ni su familia siquiera), que de pronto se vio convertido en alcalde y todos y todas comenzaron a darse cuenta que era muy inteligente y hasta atractivo.
Hoy, ya sin el cargo, sus amigos lo han abandonado y su familia hace buenas migas con aquellos que lo vilipendiaron. No le alcanzarán casas para pagar a sus abogados ni coches para fingir accidentes que lo libren de audiencias judiciales.
HASTA MAÑANA.
