Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, pero el hecho es que a la primera sesión del Consejo Coordinador para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial (CCFSJPAA) no llegó ningún representante de una de las principales instituciones interesadas en que los juicios orales funcionen mejor en esta entidad: la Fiscalía General que encabeza Uriel Carmona Gándara.
Y todavía más extraño resulta que quien lo haya hecho notar sea su amigo (compañero desde que ambos jugaban futbol americano e invitado especial en sus cumpleaños) Jorge Gamboa Olea, quien en su discurso de bienvenida evidenció que Uriel no mandó a nadie a esta importantísima reunión, celebrada en la sede del Poder Judicial en la fecha que se conmemora la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial en la entidad morelense.
“Su participación es fundamental para el fortalecimiento del sistema acusatorio adversarial, porque es ahí donde las deficiencias y las carencias de la falta de comunicación e integración, se ven reflejados con los justiciables”, dijo Gamboa.
¿Habrá sido para “despistar al enemigo” después de que se evidenció que había excesiva colaboración entre la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia? Veremos qué responde el aludido que anda demasiado ocupado en comprobar que su hipótesis de que la muerte de la diputada Gabriela Marín fue por cuestiones políticas, como lo declaró en su primera entrevista.
Pero volviendo al tema del Consejo Coordinador, recordemos que el pasado 22 de junio, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tomó protesta a los servidores públicos que conformarán órgano oficial de Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio Adversarial en el Estado de Morelos, mismo que está integrado por los titulares del Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía General del Estado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y en representación del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y al Instituto de la Defensoría Pública del Estado.
En columna reciente apuntábamos que originalmente el Consejo Coordinador nació el 17 de agosto del 2011, cuando se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el “Acuerdo que crea el Consejo Coordinador para la Consolidación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial en el Estado de Morelos”, firmado por el entonces gobernador Marco Adame Castillo, y recuperado por Samuel Sotelo cuando era consejero jurídico y el entonces presidente del TSJ, Rubén Jasso.
En el evento del 22 de junio pasado es entendible que fue sólo para la foto, y que varios de los que aparecieron en ella no son profesionistas del derecho. En aquella ocasión lo único importante fue la designación de una secretaria técnica, cargo que recayó en una colaboradora del presidente Gamboa, Ruth Martínez Morales.
Ayer, ya se aprobó el Reglamento Interno que regirá el Consejo Coordinador, y se estableció que la capacitación y actualización de los operadores del sistema de justicia penal, será el principal eje rector de los trabajos que se impulsen desde este espacio, para lo cual se solicitó la colaboración de la Máxima Casa de Estudios para el cumplimiento de ese objetivo; y el apoyo del Poder Legislativo para la implementación de un nuevo modelo de gestión en el que se deban simplificar los procesos de este sistema. Pero no acudió nadie de la Fiscalía.
“Hoy desafortunadamente estamos viviendo una crisis de administración y procuración de justicia y lo asumimos como tal. Asumimos nuestra responsabilidad y asumimos los costos que esto pueda generar en relación a lo que hemos dejado de hacer para y por los ciudadanos del estado de Morelos”, dijo el magistrado presidente.
Al hacer uso de la palabra, el ex juez, ex magistrado y ex consejero jurídico, hoy secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, reconoció que después de que Morelos estuvo a la vanguardia en este rubro, hoy las mediciones nacionales nos ubican en los últimos lugares, por lo que es necesario trabajar en forma coordinada entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y la Fiscalía General para subsanar aquellos detalles en los que se está fallando.
Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, dijo que el gran anhelo que tenemos los morelenses es que trabajemos todos en sincronía en un gran engranaje. Se mostró preocupado por el alto grado de inseguridad que prevalece en la entidad, y ofreció el apoyo del Poder Legislativo para que puedan desarrollar su trabajo.
Llamó la atención la deferencia que hicieron los representantes de los poderes legislativo y ejecutivo hacia el funcionario anfitrión. “El Poder Judicial está en buenas manos”, dijo Sánchez Zavala, en tanto que Samuel Sotelo se refirió al magistrado presidente como “de los profesionales mejor capacitados en el estado y a nivel nacional que conocen el sistema”.
Desde nuestro particular punto de vista, además del fiscal Uriel Carmona, los grandes ausentes fueron los abogados litigantes especializados en juicios orales. Son ellos los que viven diariamente la problemática en las salas de audiencias de los juzgados penales.
No podríamos decir que los litigantes “sufren” por la improvisación de los servidores públicos. Al contrario, son ellos los principales beneficiados con esa falta de capacitación tanto de los primeros respondientes (policías) como de los encargados de integrar las carpetas de investigación y luego defenderlas ante los Tribunales.
Y es que ocurre un fenómeno en las Fiscalías, tanto en la General como en la Anticorrupción: Primero el problema es que los agentes del Ministerio Público no estaban lo suficientemente preparados para sustentar una formulación de imputación por cualquier delito. Hoy, esas instituciones sí tienen servidores públicos capaces de refundir en la cárcel a un delincuente, pero ¿sabe qué? Ahora el problema es que venden la justicia.
¿Cuánto vale un no ejercicio de la acción penal? ¿Qué se requiere para que la Fiscalía solicite una salida alterna? ¿A cuánto el criterio de oportunidad? ¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción tiene escondidas cientos de carpetas de investigación que no han sido judicializadas?
Bien harían en checar la mejoría económica de los titulares de las dos Fiscalías y sus principales funcionarios. Se encontrarían con grandes sorpresas, pero como dice nuestro amigo Eleael Acevedo: ¿Quis custodied ipsos custodiet? (¿quién custodia al custodio?).
HASTA MAÑANA.
