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A pesar de que está demostrado que en México ninguna comisión especial de investigación ha servido para el propósito que fue creada, y que, por el contrario, sólo enreda más las cosas e incrementa los gastos de operación, ayer fue instalada la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento de Casos de Feminicidio en el Estado de Morelos.
El órgano colegiado de marras no podrá hacer mucho porque carece de facultades investigativas, de ahí que lo único que podrá hacer es firmar escritos solicitando información a las diferentes instancias gubernamentales, pero dependerá de cada dependencia contestar o no, pues no es un juez de Distrito, una agencia del Ministerio Público, y tampoco la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
En su primera sesión fue designada como secretaria técnica la maestra Ariadna Urbina Ayala, quien posee un excelente curriculum vitae y tiene más de 20 años de trabajar con organizaciones de la sociedad civil, pero de muy poco le servirá porque el órgano colegiado que encabezará no está contemplado en la Constitución, en la Ley Orgánica del Congreso ni en ningún lugar. Será órgano consultivo de los diputados, cuyos resultados de las investigaciones no tendrán mayor repercusión legal.
Además, el grupo especial contará con la asesoría de dos médicos legistas, dos abogados especialistas en derecho penal y un especialista en protocolo de investigación de feminicidio y en su caso se podrán integrar a más profesionales.
Obviamente que esas aportaciones no serán gratuitas. En la conferencia de prensa ofrecida ayer por las diputadas y diputadas no mencionaron nada de ello y en su boletín tampoco lo dieron a conocer, pero es evidente que nadie regala su trabajo.
Casualmente, la comisión está integrada por miembros del grupo G-15, teniendo como presidente al diputado Alberto Sánchez Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena; como secretario al diputado Julio César Solís Serrano, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), y como Vocales a las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz del Partido del Trabajo (PT), María Paola Cruz Torres del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega del Partido Acción Nacional (PAN) y el diputado Agustín Alonso Gutiérrez del Partido Nueva Alianza Morelos (NAM).
La actuación de los servidores públicos de la Fiscalía será calificada por el departamento de asuntos internos de la propia institución; por el Órgano Interno de Control y por la Fiscalía Anticorrupción. Ellos son los únicos que tienen facultades para ordenar que se les entreguen bitácoras e informes de lo que ocurrió en la polémica necropsia “con tecnología de punta” que sirvió de apoyo para el fiscal que de manera oficiosa salió a decir que no había huellas de violencia en el cuerpo de Ariadna.
Y de todas esas investigaciones ya sabemos cuáles serán los resultados, pues ninguna de ellas actuará con imparcialidad.
LUTO EN EL GREMIO DE LOS ABOGADOS
En circunstancias muy extrañas perdió la vida el abogado Sergio Flores Delgado, a quien conocimos siendo defensor de oficio en los juzgados de Atlacomulco hace unos 30 años. La información que hemos recabado nos dice que el litigante salió acompañado de su hijo -también abogado- de la casa de ambos ubicada en el poblado de Ocotepec, y que en algún momento una mujer aprovechó que circulaban a baja velocidad para subirse al asiento trasero del vehículo ya que dijo que la venían persiguiendo.
Y efectivamente, en unos segundos aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta (otra vez), quienes les dispararon, con tan mala suerte que una o dos balas dieron en el cuerpo de Sergio Flores, quien no llegó vivo al hospital José G. Parres a pesar de que una patrulla de la Policía Municipal los escoltó hasta el nosocomio.
De la mujer que pidió la ayuda, nada se sabe.
El homicidio de Sergio Flores se suma al de otros tantos que han enlutado al gremio de los profesionistas del Derecho. Casualmente hace un año murió otro Sergio Flores, apodado “La Jícama”, supuestamente en un asalto ocurrido en la colonia del Empleado, mismo que permanece impune.
Una semana antes del atentado contra el exdefensor público, trascendió la muerte de otro litigante de nombre David Lagunes, en el interior de un restaurante bar de Cuautla, quien tenía la característica de que usaba silla de ruedas. Impune también.
A las 01:14 horas del viernes 10 de septiembre del 2021, en un motel ubicado en la colonia Chiverías del municipio de Zacatepec, fue encontrado muerto el abogado Milton Sergio Morales González, reconocido litigante en la zona sur.
El sábado 25 de enero del 2020, el abogado postulante Carlos Paul Zaragoza Popoca, de 39 años, se encontraba junto con un pasante en el interior de su despacho jurídico ubicado en la calle Vicente Guerrero, colonia Cuauhtémoc, municipio de Jojutla.
Hasta el lugar llegó un sujeto con gorra y lentes, quien sacó una pistola y le disparó en dos ocasiones por la espalda, para después escapar del sitio. Tras el ataque, su pasante lo llevó hasta el Hospital “Ernesto Meana San Román” donde falleció en el quirófano.
En otro caso, en junio de 2017, la Fiscalía de Homicidios de la región Sur Poniente formuló imputación en contra de ocho presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Rojos” por su posible participación en el homicidio del abogado Jacob Campos Ocampo, localizado el 18 de mayo pasado en una fosa clandestina en campos ejidales de Tlatenchi, Jojutla.
De 2013 a la fecha, y de acuerdo con nuestro archivo personal, los licenciados en Derecho que han sido asesinados en cumplimiento de su profesión son los siguientes: Miguel Ángel Piza Bernal, Rosario Suástegui Román, Blanca Estela Flores Valdivia, Alejandro Exiquio Rodas, Guillermo Rojo Olaís, Vicente Javier Albarrán Gómez, José Eduardo Félix Reyes, Rodolfo García Aragón, Fulgencio Díaz Pelcastre y Félix Rafael Arámburu Hernández.
En todos los casos mencionados, no hay un solo detenido.
HASTA MAÑANA.
