Si alguna duda nos quedaba de que la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento de Casos de Feminicidio sólo es para distraer la atención de la ciudadanía, ayer lo confirmamos en la primera conferencia de prensa ofrecida por este órgano colegiado. En palabras del ombudsperson, Israel Hernández Cruz, “se busca comprobar si se encubrió un feminicidio en Morelos, o se está fabricando un delito en la ciudad de México”. Tan grave lo uno como lo otro.
Tiene razón el notario con licencia, pero esas expectativas le corresponden a la Fiscalía General de la República o incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ellos tienen jurisdicción y facultades legales para actuar en todo el territorio nacional, mientras que la maestra Ariadna Urbina lo único que podrá hacer es firmar escritos y confiar en la buena voluntad de las autoridades para que le informen lo que ellas quieran.
Ayer mismo Hernández Cruz confesó que, mientras la Fiscalía que encabeza Uriel Carmona ya le entregó toda la información solicitada (faltaba más, si son del mismo equipo); la Fiscalía a cargo de Guillermina Godoy no le ha mandado absolutamente nada. Ni le mandará, pues ¿cómo por qué le entregaría documentos a una instancia que no tiene jurisdicción en la Ciudad de México?
Aunque sigue sin conocerse cuánto ganarán los integrantes externos de la Comisión y de qué partida saldrán sus sueldos, la conferencia de ayer sirvió para contestar algunas interrogantes.
Por ejemplo, se dijo que la multicitada Comisión tiene como objetivo “elaborar un informe especializado que permita esclarecer las posibles omisiones legislativas, normativas y de actuación, de las entidades obligadas y responsables de un debido proceso, que asegure el pleno acceso a la justicia de las víctimas directas o indirectas por feminicidio en el estado de Morelos”.
Perdón, pero se supone que para eso ya existe un órgano llamado Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, en el que intervienen autoridades de los tres poderes y los tres niveles de Gobierno.
“La Comisión consideró oportuno revisar objetivamente el actuar de la Fiscalía de Morelos en la investigación del feminicidio de la joven Ariadna “N” y el de todos los involucrados, y de acuerdo con el diputado Julio César Solís, secretario del órgano legislativo, proceder contra el fiscal incluso, si tiene alguna responsabilidad o contra quien corresponda”, dice el comunicado emitido ayer por el Congreso.
Para empezar, los únicos facultados para revisar la actuación de la Fiscalía en el caso de Ariadna (y de todos los demás casos) es la Visitaduría General de la misma Fiscalía, o en todo caso el Ministerio Público federal cuando se atraiga el expediente. Y Julio César Solís es el que menos puede ponerse a amenazar al fiscal después de que -es de dominio público- hubo una negociación para favorecer a la esposa del diputado, acusada de beneficiarse con una “pensión dorada”.
A decir de la secretaria técnica, entre sus objetivos específicos destacan: Solicitar a las distintas instituciones competentes del estado de Morelos e incluso de la Ciudad de México, informe técnico sobre el Protocolo de actuación en la investigación sobre el caso de Ariadna N; elaboración de un diagnóstico estatal sobre el cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género, Políticas Públicas para la prevención y atención de la Violencia por los distintos órdenes de gobierno; y elaboración de un informe pormenorizado sobre el Caso Ariadna N.
Sí, por increíble que se escuche, pretenden que la Fiscalía entregue copia del expediente iniciado con el levantamiento de la joven Ariadna a personas que ni son servidores públicos ni actúan bajo ningún marco legal. Del fiscal local no dudamos que, para quedar bien, ofrezca poner a su disposición todo el legajo, pero nos vamos a quedar en las mismas si no tienen el expediente de la Fiscalía capitalina.
En su oportunidad, la diputada Paola Cruz, vocal de la comisión, destacó que no será el único caso que estará en seguimiento (serán tres, dijo la maestra Ariadna), pero se pondrá énfasis en el de la joven que ha despertado polémica, para llegar a su esclarecimiento y “no dejarlo en un asunto de mera grilla política”. Que conste que ella lo dijo.
En tanto, la diputada Tania Valentina Rodríguez (sí, la misma que aparece en el reportaje de Proceso y que Uriel Carmona admite que ha sido señalada de tener nexos con la delincuencia organizada pero que no se tienen pruebas suficientes) calificó como ineludible agotar todo cuanto sea posible para que todas las mujeres y niñas puedan recuperar la confianza de vivir con tranquilidad, “sin el temor de ser agredidas al salir a las calles y sin el miedo que les produce la posibilidad de que les hagan daño”.
La que “se voló la barda” fue la panista Andrea Gordillo (sí, la que se durmió en una comparecencia), quien dijo que no hay nada qué celebrar porque crear la Comisión exhibe que la estrategia de seguridad en Morelos está fallando y las mujeres están en riesgo, tan claro como que “perdimos a una diputada” por feminicidio y otro caso lo están “politizando”.
El diputado Agustín Alonso destacó desde su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que las y los diputados aprobaron un presupuesto para 2023 con incremento de recursos para la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.
En el evento fue presentado un equipo de expertos que tiene hasta ahora como integrantes a la especialista en medicina forense María del Carmen Espadas Barajas, el doctor Ricardo Magallón y la abogada penalista Elizabeth Lázaro Torres. Se analizan otros currículums para sumar a dos especialistas más y la titular del IMEM propuso adicionar una antropóloga con perspectiva de género para que coadyuve en el análisis de contexto de todos los feminicidios.
La Comisión anunció que en 15 días más se reunirá con los representantes de los medios de comunicación para dar a conocer “la ruta crítica” y los avances de su labor. Ya para ese momento habrán cobrado su primera quincena y podrán contestarnos cuánto ganan por hacer el trabajo de Asuntos Internos de la Fiscalía, aunque su campo de investigación se limite a tres casos de feminicidios.
Propuesta del columnista: que la Fiscalía del Estado contrate a todos los miembros de la Comisión Especial para sustituir a la actual Fiscalía Especial de Combate al Feminicidio y a Servicios Periciales, y así no se gasta doble sueldo.
Por cierto, hoy comparece el fiscal Uriel Carmona ante la Quincuagésima Quinta Legislatura pero…. ¿qué le van a preguntar que no haya dicho ya en infinidad de entrevistas en medios nacionales o que haya filtrado en aras de salvar su imagen?
HASTA MAÑANA.
