Es realmente preocupante lo que está sucediendo en México con la aplicación de las leyes y la procuración de justicia. Hoy tenemos a una ministra de la Suprema Corte de Justicia a quien se le comprobó que plagió su tesis de licenciatura, pero que seguirá ocupando el cargo porque no hay una ley en la que encaje su acción; y tenemos a una Fiscalía que “se equivocó” en la causa de muerte de una mujer, pero tampoco habrá sanción porque dice su titular que la opinión de la Fiscalía General de la República “no es vinculante”.

En los dos casos hay una evidente politización de la aplicación de la ley, es decir, que no se aplica la norma al pie de la letra sino dependiendo de las circunstancias político-partidistas del caso.

Así, tenemos que hubo una denuncia en contra de la ministra Yassmin Esquivel en el sentido de que su tesis para obtener el título de licenciada en Derecho fue copiada de una que ya existía. Se hicieron las investigaciones y comparaciones pertinentes y la máxima casa de estudios llegó a la conclusión de que sí hubo plagio, sin embargo, reconoció que su legislación no contempla sanciones para quien incurra en esta irregularidad, máxime que ya pasaron más de 20 años de ese hecho.

Cuestionado al respecto, el presidente de la República elude la cuestión principal y se pone a cuestionar quién hizo la denuncia, quién la publicó en medios de comunicación y le echa la culpa “al conservadurismo”. “Quien esté libre de culpa que arroje la primera piedra”, sentenció.

La servidora pública en cuestión ya declaró que no va a renunciar al cargo a pesar de haberse comprobado el plagio, que si bien es cierto no es delito ni es causal para que se le retire el título profesional, sí es una acción antiética.

Algo similar ocurre con el caso de las tres necropsias practicadas al cadáver de la joven Ariadna Fernanda, encontrado bajo un puente en el municipio de Tepoztlán el 30 de octubre del año pasado, cuyos resultados se contraponen diametralmente:

Tenemos una primera necropsia en la que el resultado de la causa de muerte es broncoaspiración consecutiva a intoxicación etílica ¡sin huellas de violencia!; la segunda dice que fue por “trauma múltiple” y la tercera que la joven falleció por traumatismo craneoencefálico.

En términos coloquiales, para la Fiscalía de Morelos la joven falleció porque se puso una megaborrachera que le impidió reaccionar cuando, estando boca arriba, vomitó. Recordemos que la primera conferencia de prensa que ofreció el fiscal fue tajante al descartar un posible feminicidio pues “no había huellas de violencia”. Luego reculó y ordenó que a la carpeta de investigación le pusieran “Feminicidio”.

Días después vino el linchamiento mediático orquestado desde Palacio Nacional con el presidente AMLO, quien en su tradicional conferencia de prensa conocida como “La Mañanera”, adelantó que la muerte de Ariadna Fernanda se debe considerar feminicidio (“hay bastantes pruebas”, dijo) y adelantó que la jefa de Gobierno y la fiscal capitalina darían información al respecto.

La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se encargó de dar los datos técnico-jurídicos de la carpeta de investigación, pero quien le puso “la sal y la pimienta” fue la Jefa de Gobierno y fuerte aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Quienes hayan visto en su totalidad la conferencia de prensa ofrecida por Sheinbaum, se habrán percatado de lo bien informada que está sobre la situación de la Fiscalía morelense. “No depende del gobernador Cuauhtémoc Blanco, él ya estaba cuando llegó, pertenece a la anterior administración”, dijo.

De igual forma, les comentó a los reporteros que el fiscal fue designado por el Congreso y que sólo los diputados pueden removerlo. Ya solamente faltó que les explicara que la Legislatura está conformada por 20 diputadas y diputados, mismos que están divididos en 15 y 5 y que traen un pleito con el Ejecutivo por el presupuesto.

Incluso, cuando le preguntaron si también la médico forense y el director de servicios periciales estarían encubriendo al feminicida, la jefa de gobierno contestó que “el fiscal es el que salió a dar las declaraciones, él es el responsable”.

También, cuando dijo que “no vamos a permitir que se criminalice a ninguna mujer”, se notó que estaba hablando la aspirante a la presidencia de la República, no la jefa del gobierno capitalino. “Si no hubiera entrado la fiscalía de Ciudad de México, este feminicida hubiera quedado impune. Aquí lo que hay es investigación y cero impunidad. Nunca vamos a encubrir a un feminicida”, acotó.

Fue muy cuidadosa al soltar la especie de que el fiscal y el empresario Reutel N “tienen relación”, pues no aportó ninguna prueba. No era necesario, lo importante era dejar esa idea en la mente de los millones de televidentes y cibernautas que seguían la conferencia de prensa.

Ayer, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que informó que, después de haber analizado cronológicamente todas las pruebas ya señaladas, la FGR concluye que las heridas craneoencefálicas producidas en la víctima por descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto de la superficie craneal contra un plano duro, son la causa del fallecimiento de la víctima “A”.

Al peritaje de la Fiscalía de Morelos, que establece como causa de muerte la “broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica”, no es posible darle sustento, en razón de las lesiones externas e internas ya señaladas, y del hecho de que no se tomó en cuenta, en toda su magnitud, la cronología del momento del fallecimiento. 

En cuanto al trauma múltiple ya referido, el estudio anatomopatológico del cadáver ratifica la causa de muerte, como traumatismo craneoencefálico, así como también lo corrobora el análisis pericial de la cronología de los hechos y las pruebas que confirman el momento de dicho fallecimiento.

“El peritaje emitido por las autoridades de la Ciudad de México se apega al procedimiento pericial debido; y no es posible dar sustento a la causa de muerte emitida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, por las razones ya establecidas”, concluye.

De inmediato, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara contestó que “el comunicado 021/23, de la FGR contiene una respetable opinión no emitida dentro de un procedimiento normativamente establecido, por lo que esa opinión forense no es jurídicamente vinculante para la investigación que continúa abierta en Morelos o para el proceso judicial de feminicidio que se desarrolla en la Ciudad de México. Esta institución no ha sido requerida formalmente por la FGR para entregarle información o constancias procesales del asunto de Ariadna “N”, por ello, también se aclara que la FGE de Morelos no se ha “sometido” al análisis pericial de la FGR en relación con la causa del fallecimiento de dicha víctima.

Y tiene razón el fiscal, más cuando aclara que solamente las autoridades jurisdiccionales, jueces y magistrados, tienen la facultad de determinar cuál de los dos resultados forenses deberá prevalecer, y esto dentro del proceso penal que se sigue por el delito de feminicidio en la Ciudad de México.

Sin embargo —como lo venimos diciendo desde el principio— el problema no es en lo jurídico, sino en lo político y mediático, sobre todo porque la línea viene desde el mismísimo presidente de la República.

HASTA MAÑANA.