Si bien es cierto que para la etapa de vinculación a proceso no es necesario tener una certeza del cien por ciento de la responsabilidad de una persona a la que le imputan un delito, en el caso de los dos exservidores públicos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seproac) detenidos la semana pasada por su presunta participación en el homicidio del empresario Rafael Botello, las pruebas son más que endebles y podría estarse cometiendo una terrible injusticia.
Hugo Ochoa está en la cárcel por haber declarado —cuando compareció ante el Ministerio Público en calidad de testigo— que el dos de septiembre del 2021 acudió a desayunar con Rafael Botello al restaurante “El Refugio” en la colonia San Cristobal, lo que fue negado por el personal de dicho establecimiento, y un informe de la compañía de telefonía celular que ubica su aparato “cerca” del lugar del crimen.
Para José Alfredo Uribe hay menos pruebas en su contra. De hecho, los abogados juraban que saldría libre el pasado martes cuando se llevó a cabo la audiencia de calificación de detención en una sala de la ciudad judicial de Atlacholoaya.
Llamó la atención que antes de emitir su dictamen, el juez Eddie Sandoval Lomé prácticamente se justificó ante ellos por el veredicto que iba a dar, y le echó la culpa a los defensores particulares por no haber revisado bien la copia de la carpeta de investigación que habían recibido de la Fiscalía.
Siempre ceremonioso, el juez Eddie Sandoval Lomé pronunció las siguientes palabras al final de la maratónica audiencia de ocho horas:
“Ustedes acaban de observar algo que jamás, en el tiempo que llevo de juzgador, ha acontecido, y una de las cuestiones que yo siempre requiero a los defensores, a los asesores jurídicos o a cualquiera de las partes es que verifiquen todas y cada una de las constancias, incluso que se cotejen hoja por hoja. Es la primera vez que me pasa en el sentido de que supuestamente la defensa no recibió una información que se supone obra en la carpeta de investigación desde antes de que me solicitaran la orden de aprehensión en contra de ustedes”.
“A ustedes los dejan en estado de indefensión, pero no lo dejan en estado de indefensión porque no se les proporcionó la información, sino por la deficiencia de los defensores, no verificaron todas y cada una de las constancias de la carpeta de investigación” dijo.
Hugo y José Alfredo escucharon atentos la declaración del juez, quien minutos antes preguntó a la agente del Ministerio Público, Mariana Becerra González sobre la posibilidad de que la misma defensa pudo haber alterado la información.
Mariana Becerra respondió que los informes telefónicos llegan primero a un área especial conocida como Unidad de Técnicas de Investigación y después al área en donde ella se encontraba adscrita.
Ella indicó que no podría sostener que los abogados defensores manipularon la información. En tanto que la defensora, Elena Pérez intervino para decir que esa era la copia que ella había recibido directamente del Ministerio Público.
Al final, de nada les sirvió a los litigantes haber llevado testigos que ubicaran en otro lugar a los presuntos responsables, ni tampoco tres peritos especialistas en criminalística y criminología, así como interrogar al perito de la Fiscalía que resultó ser un biólogo, hermano del actual coordinador de la Policía de Investigación Criminal.
Finalmente, el juez dictó auto de vinculación a proceso penal en contra de las dos personas imputadas por el delito de homicidio calificado y fijó el plazo de un mes para el cierre de las investigaciones.
Es el tiempo que tienen los abogados para demostrar que la copia que ellos recibieron de la carpeta de investigación no es la misma que la que tuvo a la vista el juez cuando libró la orden de aprehensión.
Son muchas las interrogantes que surgen en este caso. ¿Por qué la detención de los presuntos responsables se da un año y medio después de que ocurrieron los hechos? ¿Cuál pudo ser el motivo que tuvieron Hugo y José Alfredo para matar a Rafael Botello?
Se dice que Rafael le entregó 840 mil pesos a Hugo para adquirir sanitizante que le venderían a la UNAM en un proceso de licitación que nunca existió, pero lo lógico es que maten a las personas que no cumplen, pero en este caso el móvil —según la fiscalía— fue desaparecerlo para que no le siguiera cobrando, a pesar de que existe uno o varios pagarés firmados por Hugo.
No hay más pruebas en su contra, no se tiene el arma homicida, no hay cámaras que ubiquen físicamente a los hoy imputados en el lugar de los hechos, ni tampoco testimonios. La teoría del caso que está tratando de armar la Fiscalía se puede caer en cualquier momento.
Como siempre, estamos frente a un dilema: tenemos una Fiscalía que fabrica delincuentes, o a dos servidores públicos con una “doble vida”. Y eso lo decimos porque los familiares y amigos de los que hoy están presos los definen como unas personas amigables, que nunca fueron violentos. En el caso de Hugo, practicó el ciclismo varios años, y el ingeniero Uribe, padre de José Alfredo, es reconocido empresario de aparatos de radiocomunicación.
Vale la pena mencionar que ambos aprobaron los exámenes de Control de Confianza que realiza la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que se supone sirve para detectar conductas psicópatas en los aspirantes a policías.
Hay cosas muy extrañas en este caso en el que esperemos que no se esté cometiendo una injusticia.
HASTA MAÑANA.
