En la columna de ayer narramos el bochornoso espectáculo que dieron 11 diputadas y diputados y el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, al enfrascarse en un intercambio de elogios sin pudor alguno, además de que pareciera que el funcionario les mandó previamente las preguntas para que le dieran oportunidad de hacer anuncios importantes y hasta uno que otro chascarrillo.
¿De verdad no tenían nada más qué preguntarle al fiscal? ¿No había temas para cuestionarlo? La diputada Paola Cruz se quiso hacer la enojada cuando le dio un mes para que ofrezca resultados sobre el asesinato de la legisladora Gabriela Marín, y que se incremente el porcentaje de feminicidios resueltos.
La siempre combativa Tania Valentina Rodríguez el martes preguntó temas que ya había contestado, y cuando habló del caso Ariadna se aventó un comentario “de su cosecha” en defensa del fiscal: “…claro, el caso de Ariadna fue más que politizado por el Gobierno de la Ciudad de México”. A ver si no alguien le manda el video a Claudia Sheinbaum.
En la comparecencia del martes ya no se volvió a hablar de la Comisión Especial para los casos de Feminicidio que se creó ex profeso para llegar al fondo del asunto de Ariadna y sus tres necropsias.
Recordemos que cuando se anunció “con bombo y platillo” la citada Comisión era casi casi una Agencia del Ministerio Público combinada con Asuntos Internos de la Fiscalía y el órgano interno de control de la Fiscalía.
“En el evento fue presentado un equipo de expertos que tiene hasta ahora como integrantes a la especialista en medicina forense María del Carmen Espadas Barajas, el doctor Ricardo Magallón y la abogada penalista Elizabeth Lázaro Torres. Se analizan otros currículums para sumar a dos especialistas más y la titular del IMEM propuso adicionar una antropóloga con perspectiva de género para que coadyuve en el análisis de contexto de todos los feminicidios”, decía el comunicado de fecha 15 de noviembre del año pasado en el que se adelantaba que habría un informe de resultados a las dos semanas.
Ni hubo informe ni tampoco se contrataron a los profesionistas antes mencionados. Y eso lo decimos porque a una solicitud de información pública, Ramiro Aguilar Román, director de Contabilidad de la LV Legislatura, contestó que “después de una búsqueda en el sistema de contabilidad, no se encontraron pagos en el ejercicio 2022 a la fecha, registrados a nombre de los profesionistas María del Carmen Espadas Baraja y Ricardo Magallón Elizabeth Lázaro Torres, solo se encontró un pago a nombre de Ariadna Isabel Urbina Ayala por 30 mil pesos el 31 de diciembre del 2022”.
Como quien dice, los diputados nos vieron la cara con la creación de esa comisión especial.
Al parecer el fiscal les hizo ver que era mejor que “no le movieran” al asunto de la necropsia. Ya en una columna anterior narramos cómo se reunió con las diferentes organizaciones de abogados, les mostró el resultado de la necropsia y les pidió (o ellos se ofrecieron) a hacer un pronunciamiento exigiendo a Claudia Sheinbaum que dejara de meterse en los asuntos de las fiscalías.
Haya sido como haya sido, el hecho es que no se volvió a hablar del penoso asunto de aquella necropsia y la conferencia de prensa en la que el fiscal morelense dijo (y ahí está el video) que Ariadna falleció por broncoaspiración consecutiva a intoxicación etílica “sin muestras de violencia”.
¿De qué más pudieron preguntarle los diputados al fiscal y no lo hicieron?
Por ejemplo, la Maestra en Sicología, Ivonne Olivares Montes, denunció públicamente cómo funcionarios cercanos al Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, han intentado corromperla para que cambie las conclusiones de dictámenes periciales y cómo “extravían” documentos para retrasar los procesos judiciales en contra de los acusados.
El caso más reciente es el de una niña de cuatro años de edad, víctima de abuso sexual, cuyo dictamen sicológico no fue ingresado a la Carpeta de Investigación en dos ocasiones, a pesar de que ya había sido recibido por la agente del Ministerio Público que lleva el caso.
La trabajadora de la FGE señaló directamente a Samuel Nava Vázquez, Coordinador General de Servicios Periciales, y a Érick César Dorantes Olivo, Subdirector de Servicios Periciales, de estar detrás de esa situación.
“En el mes de diciembre del 2022 yo evalué a una menor de edad por el delito de abuso sexual, siendo el agresor un familiar bastante directo, y Erick César Dorantes Olivo y Nava Vázquez perdieron ese dictamen, teniéndolo que entregar nuevamente el día 23 de enero del presente año, pero también desapareció”, según un reportaje publicado por Héctor Raúl González en el portal www.centraldenoticias.mx
En otro caso, un ex policía de investigación criminal denunció recientemente que el 17 de marzo del año pasado sufrió un atentado por parte de sus propios compañeros por no prestarse a sus corruptelas. Sostiene que el director regional de la PIC en la zona oriente y un comandante de Delitos Sexuales, están coludidos con la delincuencia organizada, al igual que agentes del Ministerio Público.
Otro: En julio del año pasado la señora Margarita Ceceña fue agredida por sus propios familiares quienes le prendieron fuego y murió en un hospital de la Ciudad de México. Su madre y sus hijos señalaron que la hoy occisa intentó denunciar las agresiones previas que había sufrido pero en la Fiscalía Regional Oriente no le hicieron caso. El fiscal terminó por aceptar que sí hubo omisiones, y prometió que habría cambios en aquella fiscalía regional. Hasta el momento todo sigue igual.
El 12 de agosto de 2022 el diputado Alberto Sánchez Ortega se vio envuelto en un problema legal ya que una máquina retroexcavadora que tenía reporte de robo fue encontrada en un predio de se propiedad que se ubica en el municipio de Xochitepec de donde él fue presidente municipal.
Quizás fue pura casualidad, pero después de que se pasó del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido Morena, la Fiscalía le dio “trato de amigos” y recurrió a una figura jurídica que se suponía estaba extinguida: “el comprador de buena fe”, exonerándolo de toda responsabilidad.
Por eso en esta ocasión, el diputado (ahora morenista) Alberto Sánchez, quien fue el primero en abrir la sesión de preguntas y respuestas, lo recibió con una sonrisa y la frase de “sea usted bienvenido a su casa señor fiscal”, para después preguntarle “¿en qué quedó lo de la adquisición de un helicóptero?” cuando él perfectamente sabe que si ya está etiquetado en el presupuesto, se tiene que ejercer ese gasto.
Y si nos ponemos a enumerar los homicidios de personas reconocidas por la sociedad que están pendientes de resolver, necesitaríamos otra página de este periódico.
HASTA MAÑANA.
