Hace unos 20 años fuimos de los primeros en recibir la noticia de que existía una nueva forma de obtener documentos oficiales sin tener que recurrir al viejo truco de sustraerlo ilegalmente de una oficina, o mediante un trabajador desleal que nos lo diera. Mientras otros pseudodirigentes de organizaciones gremiales se oponían con el cuento de que era una “ley mordaza”, nosotros aceptamos el reto de trabajar utilizando como herramienta de investigación la naciente Ley de Información Pública.
Con el primer Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) como aliado, y con la capacitación que recibimos de Daniel Lizárraga, Kate Doyle, Susana Zavala-Orozco, Lilia Saúl y todos los compañeros de “México-Infórmate”, logramos investigaciones realmente interesantes aprovechando que —en honor a la verdad— los tres niveles de gobierno apenas estaban aprendiendo y les metimos varios “goles”.
Irónicamente, el primer reportaje realizado totalmente con solicitudes de información pública y que se publicó de ocho columnas en La Unión de Morelos fue el que puso al descubierto los gastos del entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fausto Gutiérrez Aragón, que en paz descanse.
Demostrar que el gobierno de Graco Ramírez tenía secretarios de Gabinete con preparatoria, secundaria y uno sin ningún documento que comprobara siquiera la primaria, fue uno de los grandes triunfos de la nueva forma de investigar. El IMIPE obligó a Graco Ramírez a admitir que no tenía el título de abogado que presumió durante su campaña (mismo que obtuvo durante su gobierno por el método que una treintena de colegas consiguió el de Periodismo).
Evidenciar que el gobierno del tabasqueño pagó cinco millones de pesos al ex juez Baltazar Garzón por una Ley que debió haber hecho la Consejería Jurídica; demostrar que utilizó un evento con migrantes en Chicago para irse a vacacionar con su familia a Washington; que pagaron cantidades millonarias a empresas cuya sede era un departamento de la unidad habitacional Apatlaco de Alta Vista, o una casa a bordo de las vías del tren de Cuautla, provocaron una enorme satisfacción en el que esto escribe.
Sin embargo, a 20 años del nacimiento de la primera ley, el sentimiento que nos invade es de frustración, de impotencia y sobre todo de indignación. Llegamos a la conclusión de que las legislaturas que sucedieron a aquel IMIPE combativo han hecho todo lo posible para que la población ya no haga solicitudes de información pública, y que hoy tenemos un IMIPE que nos cuesta mucho, y hace muy poco.
A continuación, algunos ejemplos de nuestros intentos por obtener información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia:
Intentamos conocer los gastos de la Fiscalía General del Estado de Morelos en cuanto a la contratación de medios de comunicación. Lo primero que nos contestan es que no entienden la pregunta, dando un plazo para que subsane la prevención, y si no nos damos cuenta pues ya se nos pasó el término y hay que volver a empezar. Se le pide un documento donde venga la relación de medios que fueron contratados durante el periodo 2022, y nos remite a la Plataforma Nacional de Transparencia donde están los contratos uno por uno, argumentando que “no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información”, que es el criterio 03/2017 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Al no existir un documento donde vengan todos los medios contratados, está claro que la Fiscalía sólo sube los que quiere, o los que le conviene.
Preguntamos al Tribunal Superior de Justicia si tiene elementos de seguridad asignados a funcionarios, y si la respuesta es positiva, que nos diga cuántos y bajo qué fundamento legal. Nos contesta el director de Administración que “en los archivos que obran en la Dirección General de Administración no se cuenta con documento alguno, convenios o contratos donde se tengan acuerdos de prestación de dichos servicios”. Entonces, ¿de dónde carajos son los sujetos armados que acompañan a los magistrados y sus esposas?
El Congreso del estado es el sujeto obligado de la Ley de Transparencia más cínico, pues simplemente no contesta, y de nada sirve interponer la queja ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, pues cuando resuelva si procede o no, ya habrá terminado la presente legislatura.
O bien, nos sale con un oficio firmado por la titular de la Unidad de Transparencia del Congreso, Gisela Salazar Villalva, que dice: “Por este medio, y con el propósito de no conculcar su derecho fundamental de acceso a la información, me permito solicitar a usted prórroga respecto de la información que requiere, en virtud de generar una respuesta completa de la Unidad Administrativa que fue requerida para contestar su solicitud de información”.
¡Y la información solicitada nunca llega!
Un caso muy similar ocurre con el Ayuntamiento de Yautepec, que preside don Agustín Alonso padre, que nos contesta muy amablemente en los siguientes términos:
“Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo de acuerdo a la solicitud recibida en el Sistema de Solicitudes y Acceso a la Información, misma en la cual nos requiere información de lo cual es nuestra prioridad darle la debida atención y seguimiento en tiempo y forma, para cumplir con lo requerido y con la normatividad de Transparencia es de mucha importancia informarle a usted lo siguiente:
“De acuerdo a ello le solicito de la manera más atenta una prórroga como se estipula en el Artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. Debido por el exceso de trabajo y a falta de tiempo el área responsable de recabar la información para dar cabal cumplimiento a dicha respuesta en tiempo y forma y satisfacer sus requerimientos, de antemano le agradezco su atención y comprensión”. Firma César Jair Pozos Ariza, coordinador del Área de Transparencia del H. Ayuntamiento de Yautepec.
Cuanta amabilidad en ese oficio, pero de la información solicitada ¡nada!
Ya por último, recordarán que se publicitó como una gran conquista de la transparencia el meter como sujetos obligados a los sindicatos de todo el país. Pues se nos ocurrió solicitarle al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) copia de la factura pagada para la publicación de la Convocatoria para la renovación del Comité Directivo de la Sección XIX, y ¿qué creen?
Después de casi dos meses (porque nos pidieron prórroga y más datos), nos contestan que la erogación mencionada “no son recursos públicos sino privados (…) que no están sujetos de escrutinio público”.
¿Entonces para qué sirve tanto que se ha gastado para la elaboración de todas las leyes en esta materia, y para mantener a tantos comisionados tanto del INAI como del IMIPE si van a seguir simulando que son transparentes y en realidad son más opacos que nunca?
HASTA MAÑANA.
