El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este martes sustituir las funciones que realiza el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) por alguna otra institución pública y de esa forma destinar el presupuesto del organismo para apoyos sociales. “Es un cero a la izquierda (…) no sirve para nada”, dijo textualmente el mandatario en su conferencia matutina mejor conocida como “La Mañanera”.

“Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función (las tareas que realiza el INAI) la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción… Esos 1,000 millones al año se utilicen para apoyar a personas que lo necesitan”, indicó López Obrador.

AMLO acusó que todo el bloque conservador creó las que consideró como, “instituciones fachadas” junto a la sociedad civil “para que estuviésemos tranquilos de que ya iban a existir estas instituciones, y ya no iba haber corrupción ni saqueos ni nada y siguiéramos volteando a ver otro lado, mientras a manos llenas robaban; y los que crearon esas instituciones, siempre guardando silencio”.

Ahora bien, transpolando lo dicho por el presidente de la República al ámbito local, ¿también aplica para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE)?

Consideramos que sí. De hecho, si desaparecen al INAI y Morena gana nuevamente la presidencia de la República, invariablemente tendría que desaparecer en un par de años.

Ahora bien, desde nuestro particular punto de vista tanto el presidente de la República como sus detractores tienen razón. El derecho a la información no fue una ocurrencia de alguien ni tampoco su fin último es que los periodistas lo usen para fastidiar a los políticos. Es el resultado de una larga lucha no solamente a nivel nacional con el llamado “Grupo Oaxaca” sino allende nuestras fronteras.

Por algo el domingo 28 de septiembre es el día Internacional del Acceso a la Información. Tiene origen a nivel internacional en octubre de 2019 cuando las Naciones Unidas y la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas decidieron proclamar el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información (IDUAI). No obstante, en 2015 después de que se aprobó la Resolución 38 C/57, en esta se declaraba el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional del Acceso a la información.

En México el derecho a la información pública está consagrado en la Constitución. De ahí surge el Instituto (primero Federal y después Nacional) de Acceso a la Información, como institución garante de esa prerrogativa que hoy es considerado un derecho humano.

Sin embargo, como suele ocurrir con todas las instituciones creadas de buena fe por los legisladores, el INAI se convirtió en un ente burocrático que nos cuesta mucho a los mexicanos y que no cumple con su función de garantizar que el ciudadano tenga acceso a la información.

La peor época fue hace unos 10 años, cuando la Plataforma Nacional de Transparencia —que costó 20 millones de pesos— era totalmente inoperante, tan compleja que se necesitaba ser medio abogado y medio cibernético para poder usarla.

Eso sí, los sueldos de sus funcionarios seguían subiendo y el número de empleados también, así como el fondo para la impresión de libros que nadie lee. Efectivamente, el presupuesto anual es de alrededor de mil millones de pesos.

En Morelos, cada uno de los comisionados del Instituto Morelense de Procesos Electorales (IMIPE), tiene un costo al erario de 1.3 millones de pesos al año, sin embargo, lejos de convertirse en un ente obligado “ejemplo” para el resto, prácticamente está reprobado.

Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, considera que pese a lo caro que resultan los consejeros, poco han hecho para combatir el rezago en las solicitudes de información, incumpliendo ellos mismos con la ley de transparencia comenzado desde rendir cuentas sobre el recurso que reciben.

“Ponen una liga con el Hipervínculo donde supuestamente está la información, pero no está la de este año, solo hasta el 20212”, esto en la Plataforma Nacional de Transparencia.

“Nosotros habremos hecho como 50 solicitudes en donde les pedimos información de cada uno de los recursos que nosotros hemos tramitado, y que ya tienen como 4 o 5 años que no se han resuelto, les preguntamos porque tenemos una hipótesis, de que los recursos están ahí archivados, incluso olvidados”, dijo Salinas.

Sin embargo, la respuesta es que no pueden generar información “ad hoc”, es decir que no pueden modificarla, y envían un link el cual no contiene ninguna información al respecto sobre la fecha en que ingresó y que estado guarda cada expediente.

Acusó que, para cada una de las solicitudes, el IMIPE encabezado por Marco Antonio Alvear Sánchez (quien se acaba de reelegir por otros dos años, replica el mismo oficio incluso haciendo valer la prórroga legal cuando deberían responder en un plazo de 10 días hábiles.

En días pasados publicamos una columna a la que titulamos “Decepcionados de la Transparencia”, en la que exhibimos varios ejemplos de ayuntamientos y dependencias de gobierno que contestan con oficios totalmente absurdos que tienen como único fin hacer que el peticionario se desespere y termine por desistir de sus solicitudes de información.

En lo que se refiere al Sistema Estatal Anticorrupción estamos igual o peor. Existe un Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos que originalmente tuvo cinco integrantes elegidos por nueve miembros de la sociedad que honoríficamente se encargaron de hacer el proceso de selección. La Ley anticorrupción del estado de Morelos contempla que los miembros del CPC tengan una duración “escalonada” en el cargo para evitar componendas. Así, el 2 de mayo de 2019 tomaron protesta Roberto Coránguez Esquivel, que duró un año en el cargo; Penélope Picazo, dos; Edgar López Betanzos, tres; Damiana Herrera Mota, cuatro; y Alejandro Enríquez Hermida, designado por cinco años.

Desde hace muchos meses, la actual presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Damiana Herrera, le ha enviado infinidad de oficios al Congreso Local advirtiéndoles que se requiere cubrir los espacios que han ido quedando vacíos para garantizar la operatividad del Sistema Estatal Anticorrupción.

La última noticia es que hace dos días un juzgado de Distrito dio entrada a un amparo promovido por Damiana Herrera y Alejandro Enríquez para que le ordene al Congreso Local hacer las designaciones de los integrantes del Comité de Selección que a su vez elegirán a los nuevos integrantes del CPC.

Sin embargo, ya vimos que a la presente legislatura les vale lo que ordene la justicia federal, así que lo más seguro es que —como dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López— consideren que así “estamos en el mundo ideal”.

HASTA MAÑANA.