La especie ya circula entre el gremio de abogados, tanto litigantes como servidores públicos, con la advertencia de que si les preguntan lo negarán todo: quien quiera ocupar una magistratura deberá pagar cinco millones de pesos a repartir entre los 15 legisladores que integran el llamado G-15, o bien, formar parte de su equipo de colaboradores.

Los únicos que estarán exentos de pago serán aquellos que pertenezcan al Poder Judicial, pues tiene mucho tiempo que se acostumbra darle prioridad a la carrera judicial, es decir, un juez hombre y una jueza mujer. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, tiene la posibilidad de influir en esa decisión, y obviamente las dos magistraturas serán para aquellos jueces que den muestra de lealtad en sus resoluciones. Entre los jueces ya saben quiénes son, pero no quieren “quemarlos”.

El Poder Ejecutivo tiene poco margen de maniobra. Cinco votos en el Congreso local son muy pocos, pero aún así harán el intento de “colar” alguno a través del secretario de Gobierno.

Aunque usted no lo crea, Graco Ramírez también buscará colocar a sus alfiles en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a través de sus fiscales. De hecho, en la última elección logró colocar a la cuñada de Uriel Carmona, Marta Sánchez Osorio, y en este proceso de selección el que intentará ser magistrado será el mismísimo fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, quien fuera consejero jurídico del gobernador en el sexenio anterior.

Y es que el 19 de julio del 2023 cumplen 14 años en el cargo los siguientes magistrados: Carlos Iván Ángeles Arenas, Ángel Garduño González, Rubén Jasso Díaz, Norberto Calderón Ocampo, María Idalia Franco Zavaleta y Guillermina Jiménez Serafín. Ellos pudieron permanecer seis años más, de no haber sido porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo una propuesta del gobernador Graco Ramírez que aumentaba hasta 20 años la duración en el cargo, lo que en su momento se consideró como un regalo para los togados con el fin de “blindarse” en caso de que la siguiente legislatura le incoara juicio político y el TSJ se erigiera como tribunal de sentencia.

Ya sin esa posibilidad, algunos magistrados le hicieron notar al presidente del Tribunal Superior de Justicia que, si bien es cierto que la ley no contempla la figura de la pensión jubilatoria para los magistrados, el Poder Judicial de la Federación ha accedido a conceder a algunos magistrados algo muy parecido.

Así, en diciembre del año pasado magistrados del Tribunal Superior de Justicia acudieron al Congreso a “cabildear” la aprobación de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de regulación del haber de retiro.

De acuerdo con las fotografías que circulan, no acudieron todos los magistrados, sino solamente aquellos que votaron a favor de Gamboa Olea, y tampoco se entrevistaron con todos los diputados, sino solamente con los 15 que desde hace un tiempo controlan el Congreso.

En esa ocasión se analizó la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por los diputados Eliasib Polanco Saldivar, Macrina Vallejo Bello, Julio César Solís Serrano, Verónica Anrubio Kempis y Oscar Armando Cano Mondragón, y en su carácter de adherentes las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Marguis Zoraida del Rayo Salcedo”, cuya copia obra en poder de este columnista.

Pero hay otra propuesta que parece sacada de una película de Luis Estrada (“La Ley de Herodes” o “La dictadura perfecta”), y que consiste en renovar todo el pleno del Tribunal Superior de Justicia. Sí, algo parecido a lo que hizo Felipe Calderón con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Marco Adame en 2009, que hizo una oferta para que aquellos magistrados que quisieran jubilarse, aunque no cumplieran con los años requeridos, lo podían hacer.

De esa manera tendrían los escaños suficientes casi para que le tocará de a una magistratura por diputado. Se antoja difícil, pero con estos diputados todo se puede esperar.

Ya lo vimos el pasado martes, cuando en una sesión nocturna y en “fast track” los diputados locales del G-15 presentaron diversas iniciativas en materia electoral que pretenden que entren en vigor para las próximas elecciones.  Según los expertos, los legisladores priistas, panistas y aliados morenistas buscan concretar una reforma electoral favorable a ellos, ante sus aspiraciones de reelegirse y otros más de contender por alguna alcaldía.

La reforma constitucional electoral fue impulsada por el priista Eliasib Polanco Saldívar, quien planteó regresar a 30 el número de diputados con una nueva redistritación local electoral, de tal forma que aumenten de 12 a 18 los distritos. Además, plantea la creación de un gobierno de coalición, a fin de que el Poder Ejecutivo pueda impulsar propuestas de ley y proyectos en conjunto con los partidos políticos representados en el Congreso del estado. Ese mismo ejercicio podría replicarse a nivel municipal.

Con la propuesta, los diputados del G-15 plantearon su Plan A y un Plan B, ya que la reforma constitucional que conoció el Pleno podría ser rechazada por los ayuntamientos en su papel de Constituyente Permanente, ya que la mayoría de los alcaldes están confrontados con los diputados por la distribución de los recursos para obra pública, que sólo benefició a gobiernos presididos por familiares y allegados al grupo que controla el Congreso.

La diputada morenista Macrina Vallejo Bello, así como el panista Oscar Cano Mondragón, también promovieron iniciativas de reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer las normas sobre la designación de candidaturas, supuestamente, a favor de los grupos vulnerables.

En los próximos dos meses, los legisladores del G-15 también buscan concretar los nombramientos públicos pendientes y los que más les interesan son las magistraturas, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal de Justicia Administrativa.

Para ello, los diputados impulsaron una propuesta más de reforma a la Ley Orgánica del Congreso del estado, con la que buscan que la Comisión Calificadora, que se encargará de llevar a cabo el proceso de designación de los magistrados, esté integrada sólo por los coordinadores de los grupos parlamentarios que se integran por dos o más curules del mismo partido político excluyendo a las fracciones que corresponden a una sola curul.

De esta forma, los cinco diputados restantes no tendrían ningún margen de maniobra, y se quedarían como simples espectadores, viendo como el G-15 “se reparte todo el pastel”.

HASTA MAÑANA.