El 14 de septiembre del año pasado, en visita de cortesía del presidente del TSJ a la oficina del fiscal, se tomaron una fotografía y anunciaron que “de manera conjunta, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) acordaron impulsar acciones coordinadas para fortalecer la administración y procuración de justicia en Morelos”.

Según el comunicado que emitió en esa fecha la FGE, “los titulares de ambas instituciones acordaron consolidar un ciclo de Conversatorios de capacitación enfocados a fortalecer la administración y procuración de justicia, lo que redundará de manera directa en beneficio de las y los morelenses”.

Todo indica que dichos “conversatorios” no se llevaron a cabo, pues en el escabroso asunto de Luis Alberto Ibarra Martínez, “El Diablo”, no solamente no se pusieron de acuerdo, sino que la jueza ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que investigue posibles hechos constitutivos de delitos cometidos por el personal de la Fiscalía Estatal, y el Ministerio Público del Fuero Común pidió a la Fiscalía Anticorrupción que inicie una carpeta de investigación contra la Jueza, y luego la someta a un proceso penal por delitos contra la administración de justicia.

Y es que, la resolución de la Juez Alejandra Trejo Reséndiz, quien ordenó dejar en libertad inmediata a “El Diablo”, por errores de procedimiento, hizo que Uriel Carmona montara en cólera y ordenara al fiscal anticorrupción que iniciara una carpeta de investigación en contra de la juzgadora por posibles delitos cometidos contra la administración de justicia, específicamente lo que dice la fracción XXXII del artículo 297 del Código Penal para el estado de Morelos: desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate, o favorecer que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Para diversos penalistas consultados al respecto, lo único que hizo la juzgadora fue cumplir con su trabajo, y si el Ministerio Público está inconforme con la resolución, tiene que interponer el recurso legal correspondiente.

Pero en este caso no fue así. El fiscal inició una campaña en medios de comunicación nacionales para calificar como “inusitado, inverosímil, terrible”, la decisión de la Jueza Alejandra Trejo Reséndiz de dejar en libertad a Luis Alberto. En entrevista con Francisco Zea para Imagen Radio, el fiscal explicó que, para la juzgadora, la manera en que la FGJ de Morelos obtuvo la dirección del sujeto fue ilegal y por lo tanto también el cateo en el que se encontraron las pruebas que lo vinculan al doble homicidio y al feminicidio.

“Nunca nos esperamos una resolución así, sobre todo viniendo de una jueza mujer de un caso de un feminicidio”, comentó Uriel al periodista Pepe Cárdenas.

A la par de la campaña mediática que le maneja un operador de medios nacionales que estuvo trabajando para el exgobernador Graco Ramírez, se inició también otra campaña: “Profesionales del derecho agrupados en distintas organizaciones y asociaciones brindan apoyo y respaldo a la Fiscalía General del Estado, lo anterior durante reunión realizada la tarde de este viernes con el titular del Ministerio Público Uriel Carmona Gándara”, informó un boletín de la propia dependencia, emitido el 29 de abril. No se menciona el nombre de las agrupaciones, pero en las fotografías difundidas se advierte la presencia de ex dirigentes de asociaciones que tienen familiares trabajando en la Fiscalía.

Como si no fuera suficiente, el pasado 2 de mayo la Fiscalía ofreció un desayuno a un grupo de empresarios y abogados (encabezados por sus padres, Uriel Carmona Sánchez y Marinela Gándara) quienes también refrendaron su confianza en el titular de la dependencia.

Además, el periódico Reforma recibió información “privilegiada” según la cual, al menos cuatro células criminales se disputan la zona de Tres Marías: Los Netos, Los Panales, La Familia Vara Dávila y Los Chuchas.

Los cuatro grupos criminales, cometen secuestro exprés, asalto a mano armada, extorsiones a comerciantes, despojo de tierras, tala clandestina y violación en el Municipio de Huitzilac, desde los límites con la CDMX hasta la frontera con Cuernavaca o Lagunas de Zempoala.

"Dan seguimiento a sus víctimas, principalmente los que circulan por la carretera federal México-Cuernavaca. Los ilícitos se cometen cuando las víctimas se detienen a las cargas de gasolina en el parador conocido como Covadonga o después de que comen en los restaurantes típicos de Tres Marías, el modus operandi es cerrar el paso del vehículo y bajar a los ocupantes de manera violenta", dice una nota publicada el pasado viernes que atribuye los datos a “una fuente oficial” que no puede ser otra que la Fiscalía.

En contraparte, el Poder Judicial del estado ha dejado en claro que las y los Jueces, cuentan con su confianza no sólo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, sino con la del Pleno de Magistrados. 

“Vamos a sacar adelante las resoluciones porque nosotros las basamos en la legalidad. Nosotros no atendemos a intereses de otra naturaleza que no sean los legales y nosotros, trabajamos por y para la sociedad morelense que es a la que nos debemos y nos debemos a la Constitución Política de México”, declaró el magistrado presidente Jorge Gamboa durante la ceremonia de Toma de Protesta de Leticia Agüero como presidenta de la Asociación de Jueces en Retiro, el pasado 27 de abril.

Y remato: “nuestra única fuente e instrumento de lucha, no son los micrófonos de un periódico, no son los micrófonos de un radio, son la Constitución y las leyes que de ella emanan (…) nuestras resoluciones se respetan y nuestras resoluciones se deben litigar en donde se tiene que litigar que es en los tribunales”.

En otro evento (la presentación de un libro del Juez Alejandro Hernández Arjona), dijo que “se oiga y que quede claro: el Poder Judicial es y será independiente, autónomo y libre de tomar sus decisiones”.

No obstante, en una entrevista para Línea Caliente le mandó decir al fiscal “que nos sentemos a platicar legalmente el asunto, que veamos en dónde estuvo el error y que veamos en dónde se pueden subsanar esos errores y quién es el que está fallando”.

Ahora bien, mientras ¿dónde está Luis Alberto Ibarra Martínez, alias “El Diablo?

Lo último que se supo de él fue que hizo un video bastante extraño que circula en redes sociales. Ahí aparece diciendo que fue torturado por elementos de la Policía de Investigación Criminal, pero el video parece haber sido “producido” por profesionales, pues se utilizó un tripié, luz especial, un micrófono y, al parecer, hasta un telepromter, pues se nota que el joven está leyendo. Viste ropa de interno del Cereso de Atlacholoaya y, aparentemente, fue grabado dentro de las instalaciones penitenciarias.

¿Quién está atrás de este jovencito?

Reiteramos: tan grave sería que por la determinación de la jueza un peligroso delincuente ande suelto, como que la Fiscalía General del Estado se dedique a fabricar delincuentes, algo que ha ocurrido tradicionalmente en esa institución, pero que ya suponíamos superado.

HASTA MAÑANA.