En la entrega de ayer abordamos el tema de las pensiones, y dejamos en claro que es espíritu de este derecho es que el Estado le retribuya a toda persona por el trabajo realizado a lo largo de su vida, y pueda pasar sus últimos días de vida sin preocupaciones, pero en los hechos, los encargados de hacer las leyes y los que tienen facultades para aplicarlas, lo hacen en su propio beneficio.
Tenemos una Ley del Servicio Civil que establece la posibilidad de que alguien que trabajó en un Ayuntamiento y en cualquiera de los tres poderes a nivel estatal, pueda jubilarse ¡al cumplir 18 años de trabajo y con el último sueldo!
Por eso es que tenemos a personas que, a sus 36 años, ya tienen un ingreso asegurado de por lo menos 20 mil pesos mensuales, mientras que el resto de la población deberá esperar a los 60 para poder aspirar a una pensión de tres mil pesos cada 30 días.
O bien, gente que entró a trabajar tres años al Congreso y si ya tiene 55 años tiene derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada del 50 por ciento de su salario. Y si tiene un cuate que le dé un cargo de director, ¡pues ya aseguró 20 mil pesos mensuales!
Fue en el 2018 cuando se dieron más jubilaciones a gente muy joven que tenían la característica de ser muy cercanos a los diputados de la LIII Legislatura. Recién llegados, los diputados de la LIV Legislatura prometieron dar marcha atrás a las llamadas “pensiones doradas”. Tania Valentina, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, aprovechó muy bien los reflectores para declarar que en 43 de los 73 expedientes los procedimientos serían repuestos y darían vista la Fiscalía Anticorrupción.
Tania Valentina, quien sigue siendo diputada, procesó el acuerdo por la vía rápida para la abrogación de algunos de esos decretos, pero sin otorgar garantía de audiencia a los “nuevos jubilados”, lo que al final echó abajo la decisión tomada por el Congreso dos años antes.
Y como era de esperarse, los beneficiarios de las jubilaciones combatieron la decisión de la LIV legislatura por la vía del amparo, y el criterio establecido por los jueces para amparar y proteger a los quejosos fue el mismo: que el Congreso violentó su derecho a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 Constitucional, a partir del cual debieron ser notificados del inicio del procedimiento y consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la oportunidad de alegar.
Ese error le costó millones de pesos al erario, pues al final de cuentas los juzgados de Distrito ordenaron el pago retroactivo a los exservidores públicos. En esa lista se encuentran, entre otros, la ex titular de la Secretaría de Educación, Beatriz Ramírez; Denya Flores Rendón, esposa del otrora diputado del PRD, Francisco Navarrete Conde; así como la ex secretaria de Administración y Finanzas en la anterior legislatura, Martha Patricia Bandera Flores.
También, Juan Bobadilla Cuenca, Miguel Arellano Rivera, Roció Flores Reynoso, Yissy Griselda Toledo Gargallo, Gilberto García Díaz, Karina Arteaga Gutiérrez, Helena Marín Sánchez (esposa del ex diputado Manuel Tablas), Lucia Pérez Jiménez, y José Zavaleta Castro.
Todos ganaron sus amparos, cobraron sus pensiones retroactivas y a la fecha siguen recibiendo ese beneficio.
De la revisión a la lista de pensionados del Poder Legislativo (275 personas hasta el mes de abril), llama la atención el caso de las secretarias de Administración y Finanzas. ¡Todas están jubiladas!
Cheque usted:
Cerli Elizabeth Barón Armenta, secretaria de Administración y Finanzas en la LI Legislatura, pensionada desde el 8 de septiembre de 2015, recibe mensualmente 66 mil 749 pesos. Algo curioso es que en la misma fecha se jubiló también su hermana, Selene Anaí, quien se desempeñaba como jefa de inmuebles y recibe sólo 34 mil 253 pesos.
Martha Patricia Bandera Flores, secretaria de Administración y Finanzas durante la LIII Legislatura, luego de sortear un intento de abrogar su decreto de pensión, hoy cobra mensualmente 59 mil 429 pesos. Es hija del expresidente municipal de Temixco, Nereo Bandera Zavaleta.
Y la más reciente: Belén Adán Vázquez, secretaria de Administración y Finanzas en la Legislatura anterior. Recibe cada mes 55 mil 932 pesos desde el 16 de abril del 2021.
Esta contadora pública llegó directamente con el entonces presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo, de quien fue “su brazo derecho” desde que era alcalde de Jojutla.
Una nota de mi compañero Evaristo Torres, fechada el 16 de octubre del 2015, hace referencia al inusual caso de Belén Adán Vázquez, quien se encargó de la entrega—recepción del Ayuntamiento de Jojutla, pero sin tener ningún nombramiento por parte del recién electo alcalde “Ponchito”.
Se refiere a ella como la ex tesorera de Zacatepec y nuera del alcalde de ese lugar, Ruperto Coronel Ocampo. “Adán Vázquez cobró notoriedad, cuando en abril de este año 2015 el regidor Gabriel Salazar Enríquez, dio a conocer dos grabaciones en las que el edil Abdón Toledo Hernández, en una reunión presumiblemente con regidores y la propia Adán Vázquez (en ese entonces tesorera de Zacatepec), ofreció incremento salarial a los concejales, a cambio de “planchar” las cuentas de todo el año”.
“Por ese hecho y la presión social ejercida por los ciudadanos, los primeros días del mes de mayo del 2015, Juventino López Serrano, para entonces ya alcalde suplente en funciones (Toledo Hernández solicitó licencia para contender por una diputación), determinó la salida de Adán Vázquez, con una liquidación de cien mil pesos”.
Otra nota, autoría de Hugo Barberi, en el portal maseual.com.mx, refiere que “sobre la decisión de separar del cargo a la contadora pública Belén Adán Vázquez, el presidente municipal de Zacatepec Juventino López Serrano, señaló que obedece a la presión y enojo de la misma ciudadanía, luego de los audios expuestos ante medios de comunicación, mismo que llegaron a oídos de todos los ciudadanos del municipio y que ha generado desconfianza en el manejo de las finanzas de Zacatepec”.
La mencionada exfuncionaria municipal y pensionada del Congreso Local, aparece en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca, como directora general de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.
HASTA EL LUNES.
