El derecho que tiene una persona a una vida digna desde su nacimiento hasta su muerte no está en discusión. Los tratados internacionales, la Constitución Federal y las leyes secundarias establecen que toda persona podrá gozar de una pensión jubilatoria como una forma de que el Estado le retribuya por el trabajo realizado a lo largo de su vida, y pueda pasar sus últimos días de vida sin preocupaciones. Ese es el verdadero espíritu de las pensiones.

Sin embargo, en los hechos, los que hacen las leyes pareciera que su objetivo es beneficiarse a sí mismos con reglas cada vez más fáciles de cumplir.

Es el caso de la Ley del Servicio Civil para el estado de Morelos, publicada el seis de septiembre del año 2000 y que sustituye a una que tenía 50 años de promulgada.

Es esa ley la que rige las pensiones para los trabajadores del estado (alguna vez llamados burócratas), y que establece la posibilidad de que alguien que trabajó en un Ayuntamiento y en cualquiera de los tres poderes a nivel estatal, pueda jubilarse ¡al cumplir 18 años de trabajo y con el último sueldo!

Por eso es que tenemos a personas que, a sus 36 años, ya tienen un ingreso asegurado de por lo menos 20 mil pesos mensuales, mientras que el resto de la población deberá esperar a los 60 para poder aspirar a una pensión de tres mil pesos cada 30 días.

O bien, gente que entró a trabajar tres años al Congreso y —al haber cumplido los 55 años de edad— tiene derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada del 50 por ciento de su salario. Y si tiene un cuate que le dé un cargo de director, ¡pues ya aseguró 20 mil pesos mensuales!

Legislaturas van y legislaturas vienen, y todos advierten que algún día la carga financiera de los jubilados va a ser impagable. Pero no modifican la ley, al contrario, siguen vendiendo las jubilaciones.

Tengo en mis manos la lista de los pensionados y jubilados del Congreso estatal al mes de abril del presente año, obtenida mediante solicitud de información pública contestada por la unidad de Transparencia de la LV Legislatura.

Hay nombres que claramente se observa que trabajaron toda su vida en el Poder Legislativo, que tienen pensiones de seis o siete mil pesos. Pero que tal Edgar Alvear Sánchez (hermano de Marco Antonio, presidente del IMIPE), que tiene una pensión de 51 mil 429 pesos a partir del 2018.

El abogado Próspero Arenas Melgar, que en el 2013 consiguió una “pensión por cesantía en edad avanzada”, de 47 mil 887 pesos; o Karina Arteaga Gutiérrez (esposa del diputado Julio César Solís) que a pesar de que está bajo proceso penal, cobró en abril pasado 59 mil 901 pesos. La otra diputada, Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, tiene una pensión de 17 mil pesos desde el 2018.

Se supone que los diputados no tienen derecho a pensión jubilatoria, pero de acuerdo a esta lista el ex diputado Antolín Escobar Cervantes desde 2012 tiene una pensión por cesantía en edad avanzada por 49 mil pesos, aunque cabe la posibilidad de que sea por algún cargo administrativo.

Gerardo Flores González, padre del presidente municipal de Xochitepec, Gonzalo Flores, recibe mensualmente 46 mil pesos desde el 2017, y María Teresa Galván Abundez desde 2018 devenga una pensión por esa misma cantidad.

El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Joaquín Roque González Cerezo, percibe una pensión de 36 mil pesos desde 2015, aparte de su sueldo del Poder Judicial.

Los dos ex titulares de la hoy Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Luis Manuel González Velázquez, y Gerardo Casamata Gómez, tienen también su pensión pagada por el Congreso del Estado.

Humberto Leónides Segura, alcalde de Coatetelco, está pensionado en el Congreso por cesantía en edad avanzada y percibe mensualmente 31 mil pesos desde el 2018. Jorge Miranda Abarca, ex alcalde de Amacuzac, hoy preso, percibe desde 2017 la cantidad de 43 mil pesos.

La actual presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Martha Elena Mejía, se jubiló del Congreso del estado en 2015 y nos preguntamos si no tendrá conflicto de intereses al cobrar mensualmente 41 mil pesos además de lo que percibe en el órgano electoral.

 La lista es muy amplia y hay nombres que no se nos hacen conocidos pero las cantidades son altas y muchos de ellos y ellas obtuvieron su pensión jubilatoria en el 2018, cuando los diputados de la 53 Legislatura se pusieron a vender estos beneficios a diestra y siniestra.

Desafortunadamente, aunque las siguientes administraciones del Congreso intentaron revertir dichas pensiones, los beneficiarios promovieron amparos ante los juzgados de Distrito y les ganaron pues se trata de derechos consagrados en la constitución.

Es decir, lo que hicieron es legal, pero no moral.

DESCOBIJAN AL GENERAL MÚGICA, Y DESTAPAN A ¡MORALES BARUD!

Ayer, en una conferencia de prensa ofrecida por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su dirigente Jonathan Márquez le dio un “estate quieto” al general Alfonso Duarte Múgica y destapó a “sus corcholatas” para la gubernatura de Morelos:

Si es mujer, indudablemente lleva la delantera la secretaria general del PRI, Laura Ocampo Gutiérrez, pero si es varón, hay tres nombres que según Jonathan tendrían posibilidades. Se trata de Eliasib Polanco (no se ría, estimado lector), el senador Ángel García Yáñez, y el ex gobernador Jorge Morales Barud.

Palabras más, palabras menos, Jonathan dijo que lo único que saben del general es lo que se publicó en La Jornada—Morelos, donde dice que el PRI le ofreció la candidatura. Por principio de cuentas el PRI no ofrece candidaturas, ya que hay una mesa integrada por PRI, PAN y PRD, donde primero se analizarán los nombres de quienes han levantado la mano que son militantes de esos partidos, y ya después se verán los casos de la sociedad civil para ver si alguien reúne las características necesarias.

“Eso sí, que quede claro: no permitiremos ocurrencias ni turismo electoral en Morelos”, dijo el dirigente del tricolor, a contrapelo de lo que dicen otros sectores como la CTM que encabeza Vinicio Limón, quien ya destapó al militar como “su gallo”.

HASTA MAÑANA.