Exactamente en un año estaremos a dos de junio del 2024, el tan esperado día en que se llevará a cabo la jornada electoral para elegir presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, además de que se renovarán la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de ocho estados, entre ellos nuestra entidad.
Es —como suele llamarse en términos militares— el “Día D”. Atrás habrán quedado los discursos, las encuestas, el intercambio de acusaciones y la guerra sucia en redes sociales, para probar la efectividad e imparcialidad de nuestras instituciones electorales.
A 365 días de distancia, los diferentes aspirantes (tanto en el plano nacional como estatal) ya comenzaron a poner en práctica sus estrategias y a mover sus piezas en el ajedrez de la política.
Una de esas tácticas es colocar incondicionales en las diferentes instituciones para que respondan a sus intereses en el momento que los necesiten. Y el que ha sabido colocar más gente (quizás porque tiene más tiempo de estar en la escena pública) es Rabindranath Salazar, quien tiene amigos o familiares en la Fiscalía del estado, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Congreso del estado y en los municipios más importantes de Morelos, incluyendo la capital.
Lo que no sabíamos es que también tiene incondicionales en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
Según ha trascendido ayer, este órgano público local electoral, a través de la Comisión de Quejas pretende activar un procedimiento sancionador para quitar publicidad donde aparece un personaje político.
Al parecer, los consejeros que deberían ser imparciales no lo fueron. No sabemos que favores deban, pero una resolución en ese sentido evidenciaría no solamente que están cargados hacia un aspirante, sino que realmente le tienen miedo y por eso están buscando como bajar esas publicidades.
El INE debería poner atención en los consejeros de Morelos, investigarlos y actuar en consecuencia, y con ello garantizar que el próximo proceso electoral sea imparcial y transparente sin que los dados se carguen desde el Impepac, que su única tarea es organizar las elecciones sin influir en el resultado.
Parece que no fue suficiente el descrédito provocado por la noticia de que se aumentaron su bono de retiro (por conclusión de su periodo, por renuncia o por separación injustificada) de 500 mil a dos millones de pesos.
De acuerdo con la Ley del Servicio Civil de la entidad, cuando un consejero se separa del cargo “le corresponden tres meses de salario más 20 días por cada año trabajado, es decir, casi siete meses de sueldo o aproximadamente 500 mil pesos”, según la denuncia de activistas encabezados por Roberto Salinas, de la organización no gubernamental Morelos Rinde Cuentas.
Recordemos que en una rueda de prensa que ofrecieron en el zócalo de Cuernavaca, los denunciantes explicaron que el pasado 8 de marzo, en sesión extraordinaria, los funcionarios modificaron el artículo 50 del reglamento interno del Impela y autorizaron que “este pago sea de tres meses de salario por cada uno de los siete años por el que fueron designados, es decir, tendrán una prestación económica de 21 meses de salarios”.
Con el salario vigente, y de separarse del cargo el día de hoy, “los consejeros electorales recibirán aproximadamente un millón 650 mil pesos y la titular de la presidencia (Mireya Gally Jordá) un millón 800 mil pesos”, dijo Karina Vara Rodríguez, una de las activistas que presentaron la demanda.
“Siempre y cuando exista suficiencia presupuestal”, se podrán llevar más de dos millones de pesos, explicaron Roberto Salinas, de Morelos Rinde Cuentas, y la abogada Perla Pedroza, ya que a ese monto se suman 500 mil pesos que de por sí hubieran cobrado, más el reciente incremento de más de un millón 600 mil pesos.
Los activistas dijeron tener el “temor fundado de que el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC dé prioridad a las transferencias de recursos económicos para este bono, toda vez que en 2024 dejarán el cargo los consejeros Alfredo Javier Arias, Isabel Guadarrama y José Enrique Pérez, aseguró Roberto.
Morelos Rinde Cuentas presentó a ante el Tribunal Electoral del Estado “un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos en contra de la reforma al reglamento interno del Impepac”. El auto de admisión del juicio tiene el folio JDC-29-2023.
Los inconformes calificaron este incremento de “inmoral” e incluso “ilegal”, porque el Impepac no garantiza la participación ciudadana y cada año, más ahora que se aproxima la elección presidencial (2024), se queja de que no tiene recursos suficientes para operar en la entidad. El presupuesto anual del Impepac supera los 100 millones de pesos.
Al respecto, cabe hacer la aclaración que la presidenta del organismo, Mireya Gally Jordá, votó en contra de esta propuesta, pero aún así se verá beneficiada a menos que renuncie voluntariamente a ese bono.
En las próximas horas se habrá de conocer el resolutivo de esta queja interpuesta por “un ciudadano”, por actos anticipados de campaña, lo que confirmará las sospechas de que infiltrados en el Impepac que estarán prestos a quitar de en medio a los aspirantes que consideren un riesgo.
Y esto apenas empieza.
HASTA EL LUNES.
