El 12 de diciembre del año pasado, en la columna titulada “jubilaciones por magistraturas”, advertimos sobre el pacto que se cocinaba entre los 15 diputados que controlan el Congreso Local y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. “El Poder Judicial tendrá más recursos y la garantía de que sus integrantes puedan disfrutar de una pensión vitalicia y hereditaria. A cambio, los diputados podrán repartirse las seis magistraturas que estarán vacantes a partir de julio”, escribimos.

El pasado miércoles se cumplió parte de esa negociación, luego de que el Pleno del Congreso del estado aprobó por mayoría de votos y en lo general, los dictámenes correspondientes al haber de retiro de las y los magistrados que integran los tribunales Superior de Justicia (TSJ) y de Justicia Administrativa (TJA).

Las y los magistrados tendrán derecho a dicho haber de retiro, en los casos que la Constitución del estado de Morelos determina, cuando se cumpla el plazo máximo de 14 años en el ejercicio del cargo, o sea por retiro forzoso al alcanzar la edad máxima de 70 años de edad o les sobrevenga incapacidad física o mental que los imposibilite para el desempeño del cargo.

En términos prácticos, se trata de una pensión jubilatoria aunque se llama haber de retiro, incluso, existe la posibilidad de que, al fallecimiento de la magistrada o magistrado, su cónyuge, concubina o hijos menores, puedan reclamar parte de esa pensión.

El decreto en mención (que entrará en vigor cuando lo aprueben los Ayuntamientos), ofrece ventajas como nunca a los magistrados en activo.

Por ejemplo, establece que quienes tengan antecedentes como trabajadores al servicio de los Poderes del Estado o Municipios, con antigüedad de quince años o más, incluyendo el tiempo del ejercicio de la magistratura para efectos del cómputo únicamente de esa antigüedad; y hayan ejercido el cargo de Magistrada o Magistrado por un lapso mínimo de OCHO años.

Son seis los magistrados que estarían en posibilidades de aceptar el retiro voluntario para ceder sus espacios a los que elijan los diputados. Esas magistraturas los diputados las pueden vender, (se dice que están valuadas hasta en cinco millones), o asignarlas a sus incondicionales.

De pasada, el Pleno aprobó reformas a la Constitución Política del estado para derogar el párrafo 3º del artículo 89 y reformar el artículo 94, a fin de establecer que el TSJ elegirá como titular de su presidencia a uno de sus miembros, cuyo periodo durará cuatro años sin posibilidad de volver a ocupar ese cargo. Un artículo transitorio señala que, por única ocasión, quien esté de presidente (Jorge Gamboa Olea) permanecerá en el cargo cuatro años a partir de su designación.

Al aprobar esta iniciativa de reforma, los 15 diputados ignoraron una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional número 33/2015 en la que expresamente el alto tribunal del país determinó que el haber de retiro en los términos regulados por el legislador de aquella época, no invadía la autonomía ni de los magistrados, ni las del Poder Judicial del Estado de Morelos.

En cambio, tomaron en cuenta los criterios de algunos jueces de Distrito que concedieron amparo a magistrados que ya concluyeron sus periodos, en el sentido de que no recibir las garantías jurisdiccionales que tienen el resto de los operadores judiciales, es una forma discriminatoria de proceder en contra de la propia Constitución, pues el hecho que sean juzgadores de segunda instancia no hace distinta a los requerimientos que debe observar todo Juzgador en su desempeño laboral y jurisdiccional. Una máxima es que, a trabajo igual, prestaciones iguales.

De acuerdo a fuentes del Poder Judicial consultadas por este columnista, las magistradas y magistrados que se verán beneficiados de manera inmediata serán los siguientes: 1. MARÍA DEL CARMEN VERÓNICA CUEVAS, 2. NADIA LUZ MARÍA LARA CHAVÉZ, 3. MIGUEL ÁNGEL FALCÓN VEGA, 4. JOSÉ VALENTÍN GONZÁLEZ GARCÍA, 5. ÁNGEL GARDUÑO GARCÍA, 6. ROCÍO BAHENA ORTIZ, 7. LETICIA TABOADA SALGADO, 8. NORBERTO CALDERÓN OCAMPO, 9. CARLOS IVÁN ARENAS, 10. RUBÉN JASSO DÍAZ y su hermano 11. MARTÍN JASSO DÍAZ (del Tribunal de Justicia Administrativa).

En los casos de aquellos que ya tienen algunos meses de haber concluido su encargo, tendrán derecho a un pago retroactivo, así que el Congreso del Estado deberá aprobar una ampliación millonaria de recursos financieros para cubrir esos “haberes de retiro”, y el pago de aquellos que todavía están en activo, pero que quieran acogerse al retiro voluntario que establece este polémico decreto.

Entre ellos están: 1. ANDRÉS HIPÓLITO PRIETO, 2. MARÍA DEL CARMEN AQUINO CELIS, 2. ELDA FLORES LEÓN, 3. MANUEL DÍAZ CARBAJAL, 4. BERTHA LETICIA RENDÓN MONTEALEGRE, 5. GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN y 6. JUAN EMILIO ELIZALDE FIGUEROA.

En total son 17 magistrados, a razón de $116,000.00 mensuales por cada uno, nos da un total mensual de $1, 972,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) mensual POR CADA UNO DE LOS MAGISTRADOS, multiplicado por 15 meses incluyendo sus tres meses de aguinaldo nos da un total de $29, 580,000.00 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) cada año.

A eso agréguele lo que van a ganar los nuevos magistrados que entren a sustituir a los que se vayan. ¿De dónde va a salir todo ese dinero? Obviamente que de los impuestos que pagamos todos.

En este asunto todos ganan: los que se van porque seguirán ganando como si estuvieran en activo; los que se retiran voluntariamente porque ya no tienen que trabajar; los nuevos magistrados porque devengarán un salario.

Y las asociaciones de abogados se callarán porque tienen la esperanza de ser premiados con algunas de las magistraturas que estarán en juego.

Los únicos que pierden son los ciudadanos.

HASTA EL LUNES.