Quien diga que se puede aplicar la ley de una manera objetiva e imparcial estaría diciendo la más grande de las mentiras. Desde siempre, los órganos de procuración e impartición de justicia han sido utilizados por los grupos de poder para su conveniencia, por eso es que la Procuraduría (hoy Fiscalía) y el Tribunal Superior de Justicia son tan disputados. Los titulares son seres humanos como cualquiera de nosotros, con sus filias, fobias, ideologías e intereses políticos y económicos.
Lamentablemente, las leyes son “estiradas” para un lado y para otro hasta conseguir sus propósitos. Así ha sido desde tiempos de los romanos: el grupo en el poder utiliza la ley para incrementar o extender sus dominios.
Pero también una regla básica en la política es que “los carniceros de hoy serán las reses de mañana”. Así lo hemos visto también en más de tres décadas de ejercicio periodístico en la fuente judicial.
En la columna del 17 de diciembre del 2020 advertimos que “la historia parece repetirse”. Rescatamos de nuestro archivo un par de crónicas: la primera sobre la detención del entonces procurador de Justicia Carlos Peredo Merlo y un grupo de funcionarios acusados de encubrir el homicidio de Jorge Nava Avilés, alias El Moles, a principios de 1997; y la segunda cuando el entonces jefe de la Policía Ministerial, Agustín Montiel López, fue citado a comparecer ante la unidad de combate a la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Y ya no lo dejaron regresar.
“Para quien esto escribe (disfrazado de ayudante del abogado de Jesús Miyazawa) fue impactante ver al otrora poderosísimo Carlos Peredo Merlo, esposado y sentado en la silla de los acusados de un Juzgado de Distrito”, escribimos.
Suponemos que lo mismo experimentaron nuestros compañeros que cubrieron el pasado viernes la aprehensión del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, hoy encarcelado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
Su delito: ofrecer una conferencia de prensa y decir las siguientes palabras: “Lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración… no encontramos en ella huellas de violencia”.
Sólo él sabe cuáles fueron los motivos que tuvo para hacer esa declaración a la que ni siquiera estaba obligado. Ya hecha, no pudo echarse para atrás aunque trató de arreglarle aplicando el protocolo de Feminicidio.
El 8 de noviembre publicamos la columna titulada “La embestida contra Uriel”, en la que afirmábamos que más que la cuestión jurídica (en ese momento parecía imposible que tuviera mayor repercusión) lo que realmente debería preocuparle a Uriel Carmona Gándara “es la fuerza de las palabras pronunciadas ayer en la Ciudad de México y el nombre de quien las dijo, así como quien anunció desde muy temprano esa conferencia de prensa”.
La frase fue: “¿Cómo un fiscal general de justicia sale públicamente a decir que científicamente ella fallece por una broncoaspiración? Si ustedes escuchan al fiscal de Morelos dice [que] no hay signos de violencia. ¿Cómo puede ser que haya un fiscal que encubra deliberadamente?”.
Pero lo más importante es quién pronunció esas palabras: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y posiblemente la próxima presidenta de México.
Y todavía más importante: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su tradicional conferencia de prensa conocida como “La Mañanera”, adelantó que la muerte de Ariadna Fernanda se debe considerar feminicidio (“hay bastantes pruebas”, dijo) y adelantó que la jefa de Gobierno y la fiscal capitalina darían información al respecto.
“Esas son cuestiones que debe analizar Uriel Carmona Gándara, -abogado y proveniente de una familia de abogados-, antes de decidir si se quiere aventar “un tiro” que no es jurídico, sino político”, advertimos.
Pero Uriel estaba envalentonado. Ya llevaba cuatro años sosteniéndose a base de amparos, confiado en que el terreno que mejor maneja es el jurídico y que tenía la protección de la Suprema Corte de Justicia.
Ni siquiera el caso de su homólogo de Veracruz, Jorge Winckler (quien fue destituido temporalmente de su cargo como fiscal, luego de que el Congreso de aquella entidad votara por separarlo por “no cumplir con revalidación de certificado de confianza” y que ya sin fuero lo acusaron de desaparición forzada y lo metieron a la cárcel) le dio miedo.
El tener el control de 15 de los 20 diputados del Congreso local le inspiraba confianza. Lo recibían como rey cada vez que iba a comparecer al recinto legislativo, al grado de que en su última visita les comentó que ya estaba revisando catálogos para decidir qué helicóptero se iba a comprar.
¿Por qué esa confianza de que lo apoyarían hasta las últimas consecuencias? Se habla de que los tenía “a renta” por unos 200 mil pesos mensuales, aunque algunos legisladores se conformaban con que mantuviera bien guardados los expedientes comprometedores, o que le diera agilidad a las carpetas de investigación en las que tenían interés.
El colmo fue cuando sugirió que él podría ser el gobernador interino en caso de que Cuauhtémoc Blanco pidiera licencia.
El pleito del fiscal con el gobernador era un secreto a voces, pero lo que aceleró su detención fue la participación de una reportera morelense en la conferencia de prensa matutina en la que se quejó amargamente del actual gobernador. Como ya lo había venido haciendo, Andrés Manuel López Obrador defendió a Cuauhtémoc, y le echó la culpa de todo al ex gobernador Graco Ramírez (“quien ya regresó y anda muy activo”), recordando que antes de irse hizo que nombraran como fiscal a uno de sus incondicionales. “Ya teníamos una orden de aprehensión contra el fiscal” —se le chispoteó decir—.
Esa fue la señal para que toda la fuerza del estado se viniera contra el fiscal Uriel Carmona. La Fiscalía de la Ciudad de México le terminó de armar el expediente y le aplicaron una parte del código penal hecha exclusivamente para servidores públicos de la CDMX.
Ya detenido, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se encargó de dictarle la vinculación a proceso con su respectiva medida cautelar de prisión preventiva.
Los delitos que le imputan no son graves y además son endebles, por lo que suponemos que saldrá libre en unos meses, aunque en ese tiempo se actualizará la ausencia definitiva de la que habla la Ley Orgánica.
La pregunta que flota en el aire es ¿lo seguirán sosteniendo los diputados de la LV Legislatura?
HASTA MAÑANA.
