Los seguidores del fiscal Uriel Carmona se escandalizaron por el uso “faccioso” de la figura jurídica denominada Prisión Preventiva como medida cautelar en los procesos penales que lo mantienen tras las rejas por órdenes de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y del juez que depende del Poder Judicial de allá mismo, Rafael Guerra. Sin embargo, es la misma práctica que ellos han venido aplicando en Morelos desde hace varios años, siendo la última víctima el ex alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, al que la juez local Yuneli Gutierrez recluyó en la cárcel distrital por “carecer de arraigo domiciliario y riesgo de fuga”.
En el caso de Uriel Carmona, no fue uno sino tres magistrados del Tribunal Colegiado del decimoctavo circuito, los que consideraron que, “de acuerdo con la información proporcionada hasta el momento, no se advierte que la imposición de la prisión preventiva justificada hubiere sido por considerar que era la última medida más proporcional para garantizar tales aspectos, en lugar de alguna o algunas de las diversas medidas cautelares previstas en la ley. Lo anterior, porque en los antecedentes que la parte quejosa narró en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, refirió que, en la audiencia inicial de cinco de agosto de dos mil veintitrés, el agente del Ministerio Público de la Ciudad de México formuló imputación en su contra por el hecho que la ley señala como delito de retardo de la justicia cometido en agravio de la sociedad”.
Recordemos que la defensa de Uriel Carmona promovió amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso que dictó el juez de la CDMX, Carlos Trujillo Rodríguez, el pasado seis de agosto, mismo que le negó la Juez Cuarta de Distrito. Contra esa determinación, sus abogados interpusieron el recurso de queja para que un Tribunal Colegiado ratificara o revocara dicha resolución.
El pasado viernes uno de septiembre, por unanimidad, los integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de la Magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro (presidente), Magistrado Carlos López Cruz y Magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas (Ponente), resolvieron lo siguiente:
“Sin dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en el proceso penal seguido en la carpeta judicial 012/2042/2023-OA, la autoridad judicial responsable, esto es, el Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México CARLOS TRUJILLO RODRÍGUEZ, como resultado de la paralización o suspensión provisional de los efectos de ese acto reclamado, deberá ordenar la inmediata libertad del ahora quejoso URIEL CARMONA GÁNDARA, quien se encuentra privado de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México”.
En su deliberación (la cual es pública en la página de la SCJN), el ministro Reynaldo Reyes Pozas, incluso advierte que “a partir de la apreciación de carácter provisional que cimenta la apariencia del buen derecho, en el caso a estudio, se vislumbra que si bien el proceso penal es de orden público, sin embargo, hasta este momento, no obra constancia o certificación alguna que ponga de manifiesto que URIEL CARMONA GÁNDARA no goce del fuero constitucional, por el contrario, obran datos objetivos que dicho quejoso aún goza de fuero y, en ese contexto, existe una apariencia del buen derecho de que la medida cautelar reclamada de prisión preventiva justificada, en sus efectos, pudiera tornarse como inconstitucional, como resultado de que el procedimiento de procedencia de desafuero no fue positivo”.
Así las cosas, al juez de la Ciudad de México, Carlos Trujillo, no le quedó otra que quitarle la medida cautelar de prisión preventiva. Pero la Fiscalía capitalina no podía entregarlo así nada más, así que en cuestión de horas urdieron una nueva carpeta de investigación, la judicializaron y obtuvieron una nueva orden de aprehensión.
Mientras tanto, la Fiscalía emitía un boletín informativo en el que resaltaba la forma “extrañamente expedita y contradictoria” de los magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro, Reynaldo Manuel Reyes Rosas y Carlos López Cruz, que ordenaron que el servidor público fuera puesto en libertad inmediatamente.
A través de un video, el vocero de la fiscalía general de Justicia de la capital del país terminó con un “no violamos la Constitución, ni violamos el Estado de Derecho combatimos la impunidad y únicamente buscamos justicia para Ariadna Fernanda y su Familia”.
Y como si fueran un mismo equipo, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública, las tres instituciones accionaron coordinadamente para que —como ya es del dominio público— el fiscal morelense fuera dejado en libertad, pero inmediatamente reaprehendido, por los mismos hechos, pero ahora bajo la figura de “encubrimiento por favorecimiento”.
Por otra parte, cabe recalcar lo que ya mencionamos en una columna anterior (25 de agosto del 2023): que los jueces de Distrito ya están temerosos de emitir sus resoluciones por las “balconeadas” que les pone el presidente López Obrador en sus “mañaneras”. La juez Cuarta de Distrito se declaró incompetente para conocer del amparo del fiscal morelense, y se lo remitió al Juez Séptimo, quien no lo aceptó. Tuvo que intervenir un organismo que se llama Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, quien se lo regresó a la Juez Cuarta de Distrito.
Es evidente el uso faccioso de la ley por parte de Ernestina Godoy y el presidente del TSJ de la CDMX, Rafael Guerra, pero también en Morelos se hace lo mismo.
Con mucha razón hoy se escucha en los pasillos de las oficinas públicas que “el fiscal está probando una sopa de su propio chocolate”, y para no ir más lejos está el caso de Raúl Tadeo Nava, el ex alcalde de Cuautla.
Raúl “N” fue detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción en un restaurante ubicado en la colonia Los Manantiales de Cuautla la tarde de este martes 29 de agosto y, posteriormente, trasladado a la Fiscalía Regional Oriente.
Según la institución que encabeza el aspirante a magistrado Juan Salazar Núñez, Raúl Tadeo presuntamente distrajo el dinero recaudado en noviembre y diciembre de 2018, el cual correspondía al pago anticipado del predial del año 2019, ya que transfirió a otra cuenta la millonaria cantidad y de ahí lo dispersó a diferentes destinos.
El peculado no es considerado delito grave en la legislación morelense, por lo que procedía someterlo a proceso sin privarlo de su libertad. Sin embargo, “como si hubiera línea” de que permaneciera tras las rejas por lo menos un fin de semana, la jueza Yuneli Gutiérrez consideró que el imputado “no pudo comprobar que tiene un domicilio cierto y existe riesgo de fuga”, por lo que determinó dejarlo en “prisión preventiva justificada”.
Se otorgaron 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso, fijándose el 4 de septiembre a las 8 de la mañana para determinar su situación legal. De tal manera que, quizás cuando usted esté leyendo la presente columna, el exalcalde de Cuautla ya esté libre y el fiscal anticorrupción dando cuentas de que la orden fue cumplida.
HASTA MAÑANA.
