El proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular, que se empata con el de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tendrá como consecuencia un alud de solicitudes de licencia en los próximos días que amenaza con entorpecer las funciones de la administración pública en general.
A esa situación, agréguele la posibilidad de que el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, logre zafársele a la Fiscalía de Justicia y al Poder Judicial de la Ciudad de México, y tengamos una situación tan bizarra como la siguiente: que el fiscal de un estado tenga que acudir cada semana o quincena a firmar a un juzgado por estar sujeto a un proceso penal, y que lo haga acompañado de un ejército de guaruras.
Actualmente la procuración e impartición de justicia es bastante deficiente. De acuerdo con testimonios de litigantes, hay escasez de agentes del Ministerio Público y de jueces de control, y es entendible. Después de que el funcionario Joel Reyes Becerril fue detenido en un mega operativo del Ejército y la Marina, los pocos agentes del MP que acuden a trabajar lo hacen con un amparo bajo el brazo, los demás están de vacaciones o se han reportado enfermos.
Ayer mismo, la Asociación de Agentes de Ministerio Público y Ex Agentes de Ministerio Público A.C., ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer la situación que se vive al interior de la Fiscalía como consecuencia de la detención de Uriel Carmona.
“…hoy que se encuentra ausente, por encontrarse enfrentaNdo varios procesos, y como consecuencia se encuentra imposibilitado para atender las cuestiones administrativas y de correcta aplicación de los recursos de la fiscalía, con lo cual el debido funcionamiento de la institución se ve entorpecido”, afirmó su presidente, Omar Alexandro López Ortíz.
Como si no fuera suficiente lo anterior, ayer nos enteramos (por terceras personas, ya que su área de comunicación social nos tiene vetados), que el fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez ha solicitado licencia para ausentarse del cargo a partir de ayer y hasta el 16 de octubre, con la finalidad de participar en el proceso de selección para las magistraturas que están vacantes en el Tribunal Superior de Justicia.
Advierte que la ausencia es “sin goce de sueldo” (nada más eso nos faltaba), pero no dice que continuará utilizando los policías de investigación criminal asignados a su escolta personal.
En ese mismo comunicado se informa que quien lo suplirá es el vicefiscal Edgar Rodolfo Núñez Urquiza. Sí, el mismo que tiene varias denuncias por corrupción y violencia familiar, entre otros delitos, con lo que prácticamente se está dejando “la Iglesia en manos de Lutero”.
Es evidente —como lo señaló ayer mismo Roberto Salinas de Morelos Rinde Cuentas— que hay un conflicto de intereses. Juan Salazar Núñez fue consejero jurídico de Graco Ramírez Garrido, es decir, hubo una relación de subordinación, al igual que varios exservidores públicos que hoy están sujetos a procesos penales.
Entonces, pudiera darse el remoto caso de que el magistrado Salazar Núñez tenga que juzgar en segunda instancia, a algún exfuncionario o incluso al propio Graco Ramírez.
Lo peor del caso, es que el señor ya anunció que va a ser magistrado y no hay poder humano que lo impida. Y lo va a ser porque ya tiene la venia de 15 de los 20 diputados, en una operación ordenada desde la casa del exgobernador, quien ya se dio por bien servido con lo que hizo en la Fiscalía Anticorrupción (retener expedientes que lo implican en varios delitos o dictar autos de no ejercicio de la acción penal), y ahora requiere de sus servicios en el Poder Judicial.
Pero eso no es todo. ¿Qué diputado votaría en contra sabiendo que si no lo eligen magistrado regresará a la Fiscalía Anticorrupción y le rascará hasta por debajo de las piedras para encontrarle algún delito?
Ahora bien, la expedición de la convocatoria para aspirantes a cargos de elección popular en el partido en el poder va a provocar una andanada de renuncias y permisos en todo el sistema de Gobierno. Eso va a ser una locura.
Aunque no es seguro, cabe la posibilidad de que tengan que renunciar —por principio de cuentas—, la secretaria de Administración del gobierno estatal, Sandra Anaya; el coordinador de asesores de la Oficina de la Gubernatura, Víctor Mercado Salgado; los alcaldes de Jiutepec y de Jojutla, Rafa Reyes y Juan Ángel Flores; y hasta dos diputados locales, un hombre y una mujer. Nos referimos a Tania Valentina Rodríguez y Agustín Alonso Gutiérrez.
También, podría darse el caso de que la senadora Lucy Meza tenga que solicitar licencia a menos de un mes de haber regresado a su curul, que Rabindranath Salazar haga lo propio en la presidencia de la República y hasta Juan Salgado Brito quizás tenga que dejar su puesto en el IMSS nacional.
Sorpresivamente, y a través de sus redes sociales, el ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuernavaca, Jorge Argüelles Victorero, anunció su decisión de regresar a Morelos para postularse como candidato a gobernador, lo que implicaría su separación del cargo de cónsul en los Estados Unidos.
La única que no tiene problemas es Margarita González Sarabia, quien desde hace un par de meses está dedicada únicamente a recorrer el estado para escuchar las inquietudes de los morelenses.
El propio gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya externó su decisión de inscribirse para ser encuestado junto con Clara Brugada, Omar García Harfuch y los que se acumulen esta semana, en busca de la Jefatura de Gobierno de la capital del país. Incluso, ya sentenció que, durante su ausencia, las funciones de gobernador las desempeñaría el actual secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado.
Todos esos movimientos forzosamente implicarían una serie de cambios al interior de los tres niveles de gobierno, encargados de despacho por todos lados, con la encomienda de “apartar el lugar”..
Y eso que todavía no empieza el proceso electoral en sí, solamente estamos hablando de la repartición de candidaturas en la Coalición Juntos Haremos Historia. Todavía falta saber qué pasará con los candidatos de la oposición, que también tiene —pocos pero tiene— servidores públicos que tendrán que dejar el cargo para ver si agarran algo en las votaciones del dos de junio del año que entra.
HASTA MAÑANA.
