Edgar Veytia Cambero fue fiscal del estado de Nayarit de 2013 a 2017, y durante ese tiempo no sólo era el titular del Ministerio Público, sino también el jefe de la mafia. Esa doble vida lo llevó a la cárcel donde purga una condena de 20 años de prisión. Guardando las proporciones, podría ser el mismo caso de Alejandro Chávez Carmona, detenido ayer por la Fiscalía General de la República.
En este espacio advertimos oportunamente del nivel de corrupción que se estaba dando en la Fiscalía Regional Oriente a partir de la llegada de Chávez Carmona, y manifestamos nuestra extrañeza de que Uriel Carmona Gándara siguiera sosteniendo a un funcionario de esa calaña.
A continuación, la columna del 26 de octubre del 2021:
Uno de los mayores beneficiados con el pleito entre la Fiscalía General de Justicia y el gobierno del estado es el fiscal regional de oriente, Alejandro Chávez Carmona, quien pasó de ser un modesto litigante en Jojutla, a un poderoso funcionario que se da el lujo de cerrar cantinas cuando acude a embriagarse con su grupo de incondicionales con los que ha formado un círculo de corrupción e impunidad.
Se mueve en camionetas con vidrios polarizados y siempre trae un grupo de policías ministeriales que portan armas largas y lo cuidan como si fuera un importante capo. Cuando la gente ve llegar el aparato de seguridad se pregunta quién viene, y se sorprenden al ver al chaparrito moreno, de aspecto más bien introvertido, pero eso sí, con una pistolota escuadra al cinto.
Nada qué ver con aquel abogado que ofrecía asesoría jurídica en una pequeña oficina adaptada en la casa de su mamá, del que todos desconfiaban porque decían que la escuela donde había estudiado (Centro de Estudios Superiores de la CTM) sólo enseñaban derecho laboral. A través de la entonces diputada Hortencia Figueroa Peralta consiguió trabajo en la Fiscalía General de Justicia, primero como agente del Ministerio Público, luego como auxiliar del diputado Irazoque, hasta llegar a ser Fiscal Regional de la Zona Surponiente.
A falta de méritos académicos, consiguió que el Instituto Mexicano de Líderes en Excelencia (que no es una Universidad) le otorgara un Doctorado Honoris Causa. Y desde entonces pide que le digan “doctor”.
Se ganó la confianza del actual fiscal general, Uriel Carmona, y tras la inesperada salida de Miguel Ángel Rosete de la Fiscalía Oriente, le ofreció hacerse cargo de esa oficina. Fue una decisión muy productiva, pues Chávez Carmona supo agradecer muy bien la oportunidad.
Sin embargo, no todos quedaron contentos. A los pocos meses un grupo de abogados de la zona oriente firmó un documento en el que daban nombres y apellidos de los agentes del Ministerio Público que eran presumiblemente utilizados, o que estaban en contubernio con el titular de la Fiscalía Regional del Oriente de Morelos.
Explicaron que para liberar alguna persona privada de su libertad, vehículo o bien un inmueble o hacer algún otro trámite, se les exigen fuertes cantidades de dinero: “si no hay dinero no se lleva a cabo la diligencia que se solicita”.
Revelaron –en junio del año pasado- que Chávez Carmona pide incentivos monetarios a través de sus colaboradores cercanos, argumentando que “el jefe necesita un apoyo”.
La denuncia incluso fue publicada en el periódico El Regional del Sur, pero nada pasó. Y como dice el dicho: “Lo que no tira, fortalece”, y Chávez Carmona se sintió más apoyado para continuar en lo suyo, y hasta celebrarlo.
En la zona oriente es un secreto a voces que tres cercanos colaboradores del fiscal regional protagonizaron una riña el sábado 17 de abril del 2021, en el “Richards Men´s Club” con el personal del establecimiento, porque se negaron a pagar la cuenta.
Una semana después, los agentes del MP regresaron, pero no iban solos. Llegaron escoltados por un grupo de la Policía de Investigación Criminal y de la Guardia Nacional. Amparados en una orden de cateo, la gente de confianza de José Alejandro Chávez retuvo durante más de media hora a bailarinas exóticas, personal de seguridad, meseros y demás empleados.
“El lugar quedó cerrado y con sellos de clausura hasta que las averiguaciones den resultados y se determine si efectivamente hay algún delito que perseguir”, informó un periódico local.
Otra cosa que caracteriza a la Fiscalía Regional Oriente es que allá, en los casos de robos puede ser que detengan a los responsables, pero el botín nunca aparece.
Un año después del robo cometido al Centro Joyero del municipio de Cuautla, en la calle Abad Rivera del primer cuadro de esa ciudad, los comerciantes no pudieron recuperar su mercancía con valor de más de dos millones de pesos que varios civiles armados se llevaron de sus vitrinas a bordo de una camioneta y conforme pasa el tiempo pierden la esperanza en las autoridades.
Esa ocasión la policía detuvo a cinco hombres luego del enfrentamiento a tiros de aquella tarde del 15 de octubre del 2020, pero uno fue abatido en el lugar por los elementos preventivos. Los cuatro detenidos fueron vinculado a proceso de investigación, pero de las alhajas nada se sabe, o al menos las autoridades de la Fiscalía Regional Oriente no han notificado a los vendedores afectados de su posible recuperación.
Ayer, hubo un fuerte operativo de fuerzas federales apoyados por la Comisión Estatal de Seguridad Pública en diversos puntos del estado de Morelos, y luego de algunas horas de incertidumbre, fue la propia dependencia que encabeza Antonio Ortíz Guarneros la que informó lo siguiente:
La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, participó en dos diligencias de cateo en los municipios de Cuernavaca y Jojutla, simultáneamente. Lo anterior, derivado de una solicitud de colaboración por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Cabe señalar que, como resultado, se logró la detención de Alejandro “N” fiscal regional Zona Oriente de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a Daniel "N", coordinador de Ministerios Públicos de la misma institución. Asimismo, se aseguró a una persona más, quien se desempeña como policía municipal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la FEMDO de la FGR, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.
Veremos qué hace el titular de la Fiscalía General, Uriel Carmona, si nombra a otra persona en su lugar o pone en la oficina de Chávez Carmona un letrero que diga “por ausencia temporal”, como ocurrió en el caso del coordinador administrativo, Homero Fuentes. Ya debería de hacer una nómina especial para “encarcelados, procesados, escondidos y prófugos”.
HASTA EL LUNES.
