El fiscal regional oriente del estado de Morelos, Alejandro Chávez Carmona, fue detenido por la Fiscalía General de la República el pasado jueves por una denuncia anónima que dice que es jefe de la mafia en la zona oriente y por tener en su casa 33 cartuchos y 113 mil pesos guardados. Salió libre el domingo en la madrugada y —por increíble que parezca— se reincorporó a su cargo y hoy está en la lista de servidores públicos que es al mismo tiempo funcionario y procesado.
Tan grave sería que le dieran cien por ciento de credibilidad a una denuncia cuyo autor se esconde en el anonimato, como mantener en el cargo una persona que trabaja para la mafia. Los cargos son muy graves, pero sin más pruebas que el dicho de una persona que —a juzgar por el argot utilizado en el escrito mencionado— es también delincuente.
“…estos pinches mugrosos dicen tener el control de toda la zona oriente del estado de Morelos refiriendo que el jefe trabaja en la fiscalía del estado de aquí de Morelos y hace mucho le dio la chamba de controlar la entrada de droga, los cobros de piso y a quién puede levantar y a quién no...”, dice la mencionada denuncia anónima que obra en la carpeta de investigación FED/FEMDO/ UEITA—MOR/000632/2023.
Según ese escrito, Chávez Carmona y Daniel Solís utilizan como “punto de entrega” de drogas y armas, la propia oficina de la Fiscalía Regional, y se mueven a bordo de la camioneta oficial del funcionario y en otro vehículo modelo Tiida, también propiedad de la institución.
Con esa información, un juez de Distrito les concedió órdenes de cateo que ejecutaron la madrugada del jueves 30 de diciembre en diversos puntos del estado, elementos de la policía federal, Secretaría de Marina y Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES).
Alejandro Chávez Carmona fue detenido en el interior de su domicilio ubicado en el municipio de Jojutla. Al registrar su vivienda, encontraron 33 cartuchos de arma larga y 113 mil pesos, por lo que lo pusieron a disposición de una juez de Distrito bajo los cargos de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y uso de recursos de procedencia ilícita.
Su subordinado, Daniel Solís, fue encontrado en un domicilio de la colonia Tlatepexco, municipio de Cuernavaca. Ellos llevaban una orden de cateo para allanar un domicilio, pero encontraron tres, dos de los cuales eran rentados, uno por Melquiades y el otro por un soldado del Ejército Mexicano en donde hallaron marihuana y cartuchos.
“La habitación donde hallaron los cartuchos, era de un militar, y el cuarto donde encontraron la marihuana, no fue en la casa de Daniel Solís, es decir no estaban dentro de su radio de acción”, esgrimió la defensa en la audiencia celebrada en la madrugada del domingo en el Centro de Justicia Penal Federal, en Atlacholoaya.
La jueza Guillermina Matías Garduño no consideró que las personas investigadas estuvieran cometiendo un delito. Por eso declaró la detención ilegal y ordenó su libertad inmediata. Cabe aclarar que ambos servidores públicos fueron presentados ante la Justicia federal en dos audiencias diferentes, celebradas ambas la madrugada del domingo.
Por lo que se refiere a Alejandro Chávez Carmona, la jueza declaró legal la detención y concedió 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso, plazo que se cumple este jueves 7 de diciembre. Ahora venía lo más importante: la medida cautelar.
La Fiscalía especial solicitó a la juzgadora imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada ante el riesgo de obstaculizar el proceso, así como la penalidad que puede obtener en caso de ser sentenciado: 36 años de prisión.
Pero, en caso de no ser otorgada, la representación propuso el arraigo domiciliario, la separación de su cargo y una garantía económica de 113 mil pesos, entre otras medidas.
La jueza negó ambas medidas y en su defecto le impuso una supervisión semanal y una garantía económica de 35 mil pesos, es decir, quedaba en libertad. Al escuchar el veredicto, el funcionario respiró aliviado, pues temía que le aplicaran la misma estrategia que a su jefe, el fiscal Uriel Carmona, al que dejaron en libertad y volvieron a detener en por lo menos tres ocasiones.
Antes de que otra cosa pasara, recogió sus objetos personales, se despidió de mano de cada uno de los abogados que lo representaron, y salió prácticamente corriendo del Centro de Justicia Federal de Atlacholoaya, a las dos de la madrugada de ayer domingo.
“La política es una cosa, nosotros hacemos nuestro trabajo. Las cosas se litigan aquí, no en otras partes”, había comentado la jueza al fundar y motivar su determinación, quizás presintiendo que podría ser exhibida por el gobierno federal en la conferencia de prensa del presidente de la República, en la sección creada ex profeso para denunciar a los jueces federales que conceden amparo o autos de libertad a presuntos delincuentes.
De esta manera, el fiscal regional de la zona oriente está igual que su jefe, el fiscal general, quien es el titular del Ministerio Público del estado, y al mismo tiempo ostenta la calidad de “procesado” en tres expedientes que se ventilan en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía de la Ciudad de México, por los delitos de tortura y feminicidio.
Pero la situación de Chávez Carmona está peor, pues lo acusan de ser el jefe de la mafia en la región oriente del estado, con relación directa con capos como El Vara, La tripa, El Pitus y El tepiteño, según advierte la denuncia anónima. Algo similar a lo que sucedía con el fiscal Veytia de Nayarit, actualmente preso en Estados Unidos.
¿Se imaginan qué pasaría si la autoridad federal diera por ciertas todas las manifestaciones hechas en forma anónima?
Todo parece indicar que el operativo del jueves pasado en Morelos, es una demostración de fuerza del Gobierno federal en contra del fiscal Uriel Carmona Gándara, quien ya tiene a los principales directivos de su dependencia detenidos, procesados o prófugos de la justicia, pero se empecina en continuar al frente de la dependencia.
HASTA MAÑANA.
