Cuál será el nivel de compromiso de las diputadas y los diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura con el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, que los obligó a trabajar de madrugada para emitir un acuerdo parlamentario que desacata la indicación del Congreso de la Unión y garantiza la permanencia del notario con licencia en el cargo, aunque ya sin ningún fuero que lo proteja de una eventual detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Primeramente, el miércoles 13 de diciembre en sesión de la Cámara de Diputados federal que duró apenas una hora y veinte minutos, la mayoría parlamentaria de Morena, PVEM y PT avaló el dictamen de la Sección Instructora a favor del desafuero, mientras las bancadas del PAN, PRI y PRD se abstuvieron, y sólo la fracción de Movimiento Ciudadano votó en contra.
La redacción de la declaratoria de procedencia es bastante polémica, pues determina que la presente declaración de procedencia “se remite al Congreso del Estado de Morelos para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda, esto es, para el sólo efecto de que se ponga a disposición del Ministerio Público Federal al imputado, sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador, contenida en el resolutivo anterior”.
“Ha lugar a proceder penalmente en contra del C. Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia, solicitado en su contra por el agente del Ministerio Público de la Federación por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos ejercicio ilícito de servicio público previsto en el artículo 214 fracción I del Código Penal Federal y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 139 fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Queda expedita la facultad del Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento en que lo determine respecto al C. Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos, por los delitos Ejercicio Ilícito de Servicio Público, previsto en el artículo 214 fracción I del Código Penal Federal y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 139, fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
La Constitución mexicana señala en su artículo 111 que para proceder penalmente por delitos federales a miembros de los organismos autónomos - es el caso de la fiscalía de Morelos- la Cámara de Diputados será la primera instancia que resuelva la declaración de procedencia a efecto de que “se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. Esta es la redacción que pone en aprietos la resolución del Legislativo federal.
A las dos de la mañana de ayer jueves, unos somnolientos diputados aprobaron una declaratoria que a la letra dice:
“No procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados en contra de Uriel Carmona, fiscal general del Estado de Morelos. No ha lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial quien deberá abstenerse de ejercer acción penal. No ha lugar a retirar la protección o inmunidad procesal penal que le concede la Constitución federal, la particular del estado y la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos” leyó la representante del partido Morelos Progresa, Marguis Zorayda del Rayo Salcedo.
Desde nuestro particular punto de vista, ambas declaratorias adolecen de irregularidades jurídicas y se sobrepasan en sus facultades. Se evidencia que lo político está por encima de lo legal. Más claro: se nota la urgencia de Morena y sus aliados de quitar a Uriel de la Fiscalía a como dé lugar, y los diputados locales se exhiben en su sobreprotección al funcionario que en alguna entrevista llamó “mi Congreso” a la actual legislatura.
Pero no hay que perder de vista dos circunstancias: que ya no son 15 los que apoyan al fiscal, sino únicamente once. Se entiende que —luego de las amenazas de Mario Delgado— la diputada Paola Cruz y los diputados Alejandro Martínez Bermúdez y Alberto Sánchez, “volvieron al redil” de Morena. No así Macrina Vallejo, que está decidida a vender cara su desobediencia.
Por otro lado, la determinación del Congreso local lo reafirma en el cargo de fiscal, pero no lo libra de una nueva orden de aprehensión por delitos diferentes.
Nos queda claro que el fiscal tiene expedito su derecho para promover un medio extraordinario de defensa que lo lleve a seguir combatiendo los actos de autoridad que realiza tanto el Congreso de la Unión como la FGR, y que seguramente habrá una nueva controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, volvemos a la pregunta que le hicimos al fiscal desde el principio, cuando se dio la primera declaración de Claudia Sheinbaum sobre el caso Ariadna: ¿Vale la pena tanto desgaste?
Todos pensábamos que tras su salida del Penal Federal del Altiplano el fiscal iría directamente a presentar su renuncia al cargo en el Congreso Local. Cualquier otro así lo haría. Sin embargo no fue así. Tal parece que ahora está más envalentonado y resuelto a jugarse el todo por el todo, aunque con ello se lleve a la institución que todavía dirige.
¿A qué nos referimos? Recientemente acompañamos a un amigo a presentar una denuncia de hechos a las instalaciones de la FGE en el municipio de Temixco, y nos sorprendimos de que el edificio está prácticamente abandonado. No hay personal, nadie sabe dónde anda el fiscal que ahora ha incrementado su equipo de seguridad personal con agentes ministeriales que deberían estar realizando investigaciones de delitos.
Nadie sabe dónde esta Carlos Andrés Montes Tello, el fiscal metropolitano que ocupó la titularidad mientras Uriel Carmona estuvo en ausencia forzosa durante casi dos meses. No hay director de Servicios Periciales, tampoco titular de la Unidad Administrativa; no se ha definido la situación laboral del fiscal regional de la zona oriente, que está sujeto a un proceso por posesión de 113 mil pesos y unos cuantos cartuchos.
¿Cómo se le puede dar certeza jurídica a los justiciables si no sabes si el funcionario que hoy recibe tu denuncia mañana puede estar en calidad de detenido?
HASTA MAÑANA.
