Xóchitl es una mujer originaria de Oaxaca, quien desde muy joven soñaba con encontrar una forma de ayudar a las personas de su comunidad, particularmente a las niñas y mujeres. Para lograrlo, se mudó a Tlamacazapa, una comunidad náhuatl del estado de Guerrero, ubicada en el municipio de Taxco, en donde conoció a la Organización Atzin Desarrollo Comunitario, A.C., en donde le apoyaron para terminar la escuela y poder lograr su sueño.

Gracias a su compromiso y dedicación, Xóchitl consiguió una beca de estudios. Cuando terminó su carrera, ella tenía muy claro que su objetivo era regresar a colaborar con Atzin para trabajar apoyando a las niñas, niños y mujeres de Tlamacazapa. Fue así que se mudó a Cuernavaca, Morelos, ciudad que era sede de esta asociación civil. 

Como defensora de derechos humanos, apoyó a promover los derechos a la salud y la educación de las niñas y mujeres de la comunidad, así como a proteger su derecho a una vida libre de violencia. En virtud de que cada sábado Xóchitl asistía a la comunidad para realizar sus labores, logró generar un vínculo muy cercano.

Por más de 20 años, Xóchitl realizó diversas acciones en pro de los derechos de la comunidad, impulsando la formación educativa de las jóvenes, el cuidado a la salud de las y los pobladores de Tlamacazapa y siendo un ejemplo para cientos de niñas y mujeres que veían en ella una guía y amiga.

El 3 de mayo de 2023, Xóchitl se encontraba en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Una amiga le había pedido que pasara a recoger a su hija a la escuela. Mientras Xóchitl y la niña caminaban por la calle, unos policías estatales la interceptaron y le dijeron que se encontraba detenida.

Sin mostrarle documento alguno, la obligaron a subir a la patrulla junto con la niña, trasladándola al Centro Penitenciario de Atlacholoaya.  Fue hasta horas después que le informaron que estaba acusada de un secuestro que había ocurrido en 2019.

Ese día Xóchitl no pudo regresar a su casa y cenar con su hijo como todos los días. Él se quedó esperándola, sin tener información de su madre hasta días después, porque ninguna autoridad le informó.

Posterior a su ilegal detención, sin permitirle ver o contactar a su familia, sin informarle su derecho a contar con una defensa y sin que ella entendiera la razón por la que se encontraba detenida, se llevó a cabo su primera audiencia.

La Fiscalía General del Estado de Morelos emitió un comunicado en el que informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Antisecuestros (AIC-UECS) cumplimentaron en la colonia San Antón del municipio e Cuernavaca, una orden de aprehensión en contra de Xóchitl “N”, por su presunta participación en el secuestro de una femenina en el municipio de Cuernavaca.

“Los hechos investigados se registraron en el año 2019, cuando una mujer fue privada de su libertad al interior de un consultorio dental ubicado en el poblado de Ocotepec, en la capital del estado, para posteriormente exigir una suma de dinero a cambio de su liberación”, decía el boletín.

Según la Fiscalía, trabajos de investigación a cargo de la Fiscalía Antisecuestro permitieron su liberación con vida y sin pagar rescate, a través de una acción operativa que tuvo lugar en el Fraccionamiento Montecasino, municipio de Huitzilac, donde además se detuvo a Alejandro “N” de 38 años de edad, Daniel “N” de 26 años y Sergio Ricardo “N” de 36 años de edad, hoy sentenciados por unanimidad a 70 años de prisión.

“Al explorar las líneas de investigación, se advirtió que, en el momento de la privación de la libertad de la víctima, participaron dos masculinos y una femenina, quien a la postre fue identificada como Xóchitl “N”, pareja de uno de los sentenciados, por lo que el Agente del Ministerio Público Especializado gestionó y obtuvo la orden de aprehensión respectiva”.

En audiencia inicial, Xóchitl “N” fue imputada por el delito de secuestro agravado, imponiéndosele como medida cautelar la prisión preventiva, debiendo permanecer en el Centro Penitenciario Femenil de Atlacholoaya, en espera de que el Juez de Control resolviera su situación jurídica.

En audiencia de continuación de proceso, se valoró el acervo probatorio correspondiente, mismo que al ser valorado por la autoridad judicial se dictó un auto de vinculación a proceso, haciéndose prevalecer la prisión preventiva en su contra y se concedió a la representación social el plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

Ayer debía llevarse a cabo la audiencia intermedia, pero —como ya es costumbre— la Fiscalía pidió que se difiriera pues “la agente del MP que lleva el caso está de vacaciones”, por lo que el juez fijó el próximo seis de febrero como fecha para que se lleve a cabo la audiencia.

Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que si bien la determinación del juzgador prolongará el encierro de Xóchitl, también representa una oportunidad para preparar bien su defensa, pues desde junio del año pasado que asumieron la representación legal de esta, el Ministerio Público se negó a entregarles copia de la carpeta, así como las pruebas con las que supuestamente la culparon.

Denunció también que desde octubre pasado solicitaron el sobreseimiento de la acusación contra Xóchitl porque aseguró que presentaron 20 testimonios de que Xóchitl estuvo en otros puntos y con otras personas los días que la acusan del secuestro de una persona en Cuernavaca el año de 2019.

La litigante consideró que la defensora pública que la representó en esa primera audiencia fue deficiente, pues no denunció la ilegal detención de Xóchitl, no tomó en cuenta su opinión, ni recabó la pruebas que evidenciaban que ella se encontraba en un lugar distinto al momento de los hechos que la acusaban. Por lo anterior, ella se quedó injustamente detenida.

Recordemos que, en enero de 1998, agentes de la entonces Policía Judicial del Estado de Morelos, realizaron la detención de María Luisa Villanueva, originaria del estado de Guerrero y quien sostenía una relación sentimental con una persona acusada de secuestro. Luego de varios días de tortura, fue puesta a disposición de un juez penal que la condenó a 30 años de prisión por el delito de secuestro. Ella abandonó la cárcel (más bien la obligaron a abandonar el Penal de Atlacholoaya) cuando le faltaban cinco años para purgar su condena, pero no porque se comprobara su inocencia, sino por un beneficio de preliberación que ella nunca solicitó.

 Parece que hoy la historia se repite. Sin embargo, Xochitl será juzgada mediante el nuevo sistema acusatorio adversarial que se supone que no permite las injusticias. Estaremos atentos a este caso que habrá de poner a prueba tanto a la Fiscalía General como al Poder Judicial del estado.

HASTA MAÑANA.