Es lamentable que el Tribunal Superior de Justicia se encuentre inmerso en una disputa entre los 22 magistrados que integran el Pleno, lo que seguramente repercutirá en la calidad de la impartición de la justicia. Como siempre, los que pagarán las consecuencias de estos vaivenes políticos que involucran a los tres poderes del Estado y a por lo menos dos órganos autónomos, serán los justiciables.
En los últimos días, una pareja que alguna vez sostuvo una relación de concubinato (de la cual resultó una niña que actualmente vive con la madre), se han enfrascado en una muy lamentable competencia de ver quién atrae más medios de comunicación para evidenciarse entre ellos mismos.
Cuestiones que deberían ser totalmente íntimas, conversaciones de Whatsapp en las que se insultan y se amenazan mutuamente, fueron hechas públicas, y no a través de una filtración, sino en sendas conferencias de prensa en las que sólo hay una víctima: la niña.
Por ética profesional no vamos a mencionar en esta columna los nombres de los intervinientes en ese asunto cuya audiencia judicial de vinculación a proceso duró más de 12 horas y que tuvo como veredicto que el acusado no es culpable. Obviamente, la mujer no quedó conforme y acusó al juez de estar protegiendo al varón por una cuestión política.
Como es del dominio público, cualquier persona que es parte en un juicio tiene derecho a interponer el recurso que la ley le otorga, en este caso la apelación, que consiste en que tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia van a revisar la resolución del juez de origen, pudiendo confirmarlo o revocarlo.
Lo peor del caso es que también en segunda instancia estará politizado, pues suponiendo sin conceder que el juez haya recibido “línea” de sus superiores, ahora el riesgo es que los togados resuelvan no en base a constancias y fundamentos legales, sino a intereses políticos y/o de grupo.
Recuérdese que el Poder Judicial del Estado acaba de ser renovado con el nombramiento de 12 nuevos magistrados que designó el Congreso local después de un muy cuestionado proceso de selección en el que incluso se habló de maletas llenas de dinero y/o evidente militancia partidista de los nuevos integrantes del Pleno. Sólo ellos saben cómo llegaron al cargo en el que estarán los próximos 14 años.
En nuestra columna del 22 de marzo dimos cuenta del ríspido episodio en el que fue destituido el oficial mayor Emmanuel Espinoza por decisión de la mayoría de los magistrados y propusieron en su lugar a Nidiyare Ocampo. Tras un pequeño debate, se sometió a votación la propuesta y el resultado dejó entrever qué magistrados están con el presidente del Tribunal, Jorge Gamboa Olea: Sólo tres.
Sí, sólo las magistradas Carmen Aquino Celis y Elda Flores León, así como el magistrado Jaime Castera Moreno, apoyaron al magistrado presidente.
Fueron ellas y él los únicos que acudieron a la invitación realizada por Jorge Gamboa Olea a la presentación de su segundo informe de labores el pasado 17 de mayo. Las restantes 18 sillas permanecieron vacías. Estuvo casi todo el gabinete del Poder Ejecutivo, el encargado de despacho del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, y algunos diputados, pero no los miembros del Pleno.
Durante el evento comenzaron a llegar a los números de WhatsApp de algunos reporteros un documento emitido (más no firmado) por los magistrados ausentes.
“Quienes integramos el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, informamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación que no fuimos convocados a la primera sesión solemne de mayo de 2024, en la cual el actual presidente del Tribunal debería rendir su segundo informe de labores conforme al marco jurídico vigente, tal como ocurrió el año pasado con su primer informe”, decía el comunicado.
Según ellos y ellas, la decisión de no convocar legalmente fue tomada por la posibilidad de que durante dicha sesión se tuviera por concluido el periodo para el cual fue designado el actual presidente, como un ejercicio de autogobierno por parte de la máxima autoridad del Poder Judicial del Estado, “conformada por quienes somos depositarios de dicho poder”.
Y es que unos días antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de Inconstitucionalidad 170/2023, promovida contra el artículo tercero transitorio del Decreto 1230, el cual reformó la Constitución local de Morelos para ampliar el mandato del presidente del Tribunal de dos a cuatro años, no alcanzó los ocho votos que establece la ley para ser declarada inconstitucional.
“Aunque dicha acción fue desestimada, la opinión mayoritaria de siete ministros de la SCJN concluyó que dicha reforma es inconstitucional. Tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, como los restantes integrantes del Pleno, al ser peritos en derecho, sabemos que la Corte no validó, justificó ni mucho menos ordenó su permanencia en 2 el cargo. La inconstitucionalidad de dicha porción normativa aún puede ser declarada”, agregaron.
¿Qué va a suceder ahora?
Todo parece indicar que el grupo mayoritario va a esperar el momento oportuno o a que Jorge Gamboa Olea cometa un error, para someter a votación su permanencia en el cargo. El magistrado presidente tiene jurídicamente garantizada su permanencia por dos años más, pero un Pleno en contra le causará muchos dolores de cabeza.
Y la desconfianza de la ciudadanía de que todo asunto se politizará (¿se acuerdan de aquel caso del muchacho apodado “El diablo”?), dependiendo de los magistrados en cuyas salas de segunda instancia recaigan los asuntos de interés para alguno de los grupos que detentan el poder.
HASTA MAÑANA.
