En 2009, cuando el Partido Acción Nacional gobernaba varios estados y ciudades, el Partido Revolucionario Institucional (PRI, echó a andar una campaña en Querétaro que fue replicado en Cuernavaca. Espectaculares, bardas y pendones decían: “Váyanse, con los bolsillos llenos, pero ya váyanse”.
La frase queda como anillo al dedo para decírsela a los integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura local, que están a unas cuantas semanas de dejar el cargo sin nada qué presumir, pero sus cuentas bancarias seguramente con muchos ceros (o abajo del colchón, para no pagar impuestos).
Estas diputadas y diputados jamás pudieron ponerse de acuerdo en nada que no les significara ingresos monetarios, y para cumplir decretos de pensiones y jubilaciones los interesados tuvieron que promover amparos ante los Juzgados de Distrito.
Para empezar, no olvidemos que en el 2018 se redujo de 30 a 20 el número de escaños en el Congreso del Estado, supuestamente para gastar menos, pero en los últimos dos trienios el presupuesto sigue siendo el mismo, es decir, piden como si hubiera 30 legisladores y se lo reparten entre los 20 que quedan.
Antier explicamos cómo estos diputados permitieron que desapareciera el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, al no designar a los miembros de la Comisión de Selección, y al terminar sus respectivos periodos, ahora el organismo se quedó sin ciudadanos y sólo quedan los funcionarios que “se vigilan entre sí” y garantizan que el secretario técnico pueda seguir cobrando su sueldo.
En eso tuvo mucho que ver la diputada Ariadna Barrera, quien fuera presidenta de la Comisión de Transparencia, hoy flamante diputada federal electa. También Paola Cruz, quien finalmente no tuvo cabida en Morena y al terminar este periodo se tendrá que regresar a su casa en Cuautla.
De lo más vergonzoso de esta legislatura (incluyendo varios morenistas) fue la protección que le brindaron al fiscal Uriel Carmona, a pesar de que el gobernador Cuauhtemoc Blanco, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la mismísima candidata Claudia Sheinbaum, les advirtieron que el fiscal debía irse.
Ayer se publicó en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un comunicado en el que anuncian que el máximo órgano invalidó el decreto 1324, publicado el 19 de septiembre de 2023, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, reglamentaria de las ausencias de las personas titulares de los órganos constitucionales autónomos.
“Lo anterior, al determinar que durante el proceso legislativo que le dio origen se cometieron violaciones de carácter invalidante que afectaron el principio de democracia deliberativa (pues) se dio una falta de motivación en la calificación del asunto como de urgente y pronta resolución”.
Los ministros exhiben a los diputados morelenses al explicar que “la premura en el desarrollo de las distintas etapas del procedimiento legislativo, en menos de cuatro horas, mermó la calidad democrática, pues la falta de anticipación en la distribución de los documentos legislativos necesarios impidió a las personas legisladoras realizar un análisis de las adiciones propuestas en un tiempo razonable y, de esta manera, poder participar en su discusión en igualdad de condiciones”, dice el comunicado.
Es decir, les urgía garantizar la permanencia de su fiscal ante la posibilidad de que permaneciera preso en el Penal del Altiplano.
Recordemos que las veces que compareció Uriel Carmona ante las diputadas y diputados de la actual legislatura sólo faltó que le pusieran alfombra roja. En la última ocasión les informó que ya estaban revisando catálogos para adquirir un helicóptero con los 46 millones que le habían hecho el favor de aprobarle exprofeso.
Luego se supo que la diputada indígena tenía a toda su familia en la nómina de la Fiscalía, y que la mayoría de diputados traían escoltas ministeriales, además de una lista de carpetas de investigación que enviaron al fiscal, algunas para acelerar, otras para darles “carpetazo”.
No obstante que la Constitución del estado y la Ley Orgánica establecen que el fiscal está obligado a comparecer cada seis meses para rendir un informe de actividades, desde el 5 de octubre del año pasado no ha vuelto al Congreso, aunque ciertamente tampoco ha sido requerido por los diputados que estuvieron muy ocupados preparando sus campañas.
Por cierto, algunas de las diputadas y los diputados que seguirán en el cargo por los próximos tres años fueron de los principales protectores del titular de la Fiscalía: Alberto Sánchez (entró por el PRI, se pasó a Morena y ahora va por el PT), quien tuvo un asunto penal relacionado con una maquinaria pesada; Luz Dary Quevedo, a quien le mataron a su cuñado recientemente y su nombre ha aparecido en varias narcomantas; y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien en reiteradas ocasiones defendió públicamente la permanencia del fiscal. También repiten Andrea Gordillo y Francisco Erik Sánchez Zavala.
Llegan a partir del primero de septiembre: Daniel Martínez Terrazas, Sergio Omar Livera Chavarría, Guillermina Maya Rendón, Jazmín Juana Solano López, Rafael Reyes Reyes, Nayla Carolina Ruiz Rodríguez, Alfredo Domínguez Mandujano, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Melissa Montes de Oca, Isaac Pimentel Mejía, Gerardo Abarca Peña, Luis Eduardo Pedrero, Gonzala Martínez, Ruth Cleotilde Rodríguez y Brenda Espinoza López.
Ellas y ellos son (salvo que del plato a la boca se les caiga la sopa), en quien fijamos nuestras esperanzas de que ya se termine esa maldición que consiste en que siempre decimos que tuvimos a la peor legislatura de la historia, y llega una nueva que supera a la anterior.
Ayer el Pleno del Congreso aprobó el Acuerdo Parlamentario presentado por las y los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y en votación por cédula designó al legislador Agustín Alonso Gutiérrez como el Quinto diputado para integrar la próxima Diputación Permanente que estará en funciones durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del estado de Morelos, del 16 de julio al 31 de agosto del presente año, pues recordemos que el periodo ordinario deberá concluir el próximo 15 de julio.
Reiteramos: Lo bueno es que ya se van, y los que se quedan tendrán que aguantar la vergüenza de haber defendido —aún en contra de las indicaciones de sus dirigencias partidistas—, a un fiscal que nos está costando mucho dinero por tan pocos resultados.
HASTA EL LUNES.
