El fenómeno de los bloqueos realizados por los llamados “bikers” debe servir para que todas las instituciones de los tres niveles de gobierno reflexionen sobre su actuar. Consideramos que, en mayor o menor grado, todos tienen parte de razón pero también cometieron errores, mismos que no deben ser repetidos en el futuro, además de que confluyeron diversos factores a los que habrá que darles el tratamiento respectivo.

Vayamos por partes:

Por un lado tenemos la moda de las motos y motonetas. ¿Quién no tiene un hijo, sobrino, ahijado o amigo joven (y no tan joven) que haya adquirido una motoneta? Es la solución perfecta para una ciudad cada vez más transitada y la gasolina con un incremento en su precio, lento pero sostenido.

Durante muchos años a lo más que aspiraba uno era a tener una bicicleta. Hoy las grandes cadenas comerciales prácticamente han abarrotado el país con motocicletas de manufactura china a muy bajo costo y, además, en “pagos chiquitos”.

Otro fenómeno digno de analizar es la proliferación de placas, permisos y hasta licencias del estado de Guerrero. Seguramente con la complicidad de funcionarios de esa entidad, en los últimos años han aparecido todo tipo de documentos con logotipos del gobierno del vecino estado, algunos son apócrifos, pero también hay legales que expiden los gobiernos municipales. Usted puede encontrar en internet, infinidad de municipios que ofrecen permisos para circular y licencias de conducir, en precios notoriamente bajos.

De hecho, el municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, promovió una controversia constitucional en contra del oficio por el cual el Poder Ejecutivo de esa entidad, por conducto de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, le informó que había dejado de expedir los formatos para los permisos referidos desde diciembre de 2018.

En su fallo, la Primera Sala consideró que el oficio reclamado afecta las competencias del Municipio actor principalmente, en lo relativo a la completa y correcta prestación del servicio público de tránsito, así como a percibir los ingresos derivados de tal servicio.

A partir de estas consideraciones, la Primera Sala declaró la invalidez del oficio impugnado y con objeto de subsanar la inconstitucionalidad advertida, resolvió que el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero por conducto de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración local, realice dentro del plazo de treinta días naturales la expedición y entrega al Municipio actor de los formatos de permiso homologado para circular sin placas en la entidad federativa.

Si bien es cierto que la sentencia de la SCJN sólo aplica en favor del municipio que promovió el recurso, también lo es que marca un lineamiento sobre la validez de estos permisos.

Otro factor que debe analizarse: la mayoría de las ejecuciones (homicidios con el sello del narco) se realizan utilizando una motocicleta, casi siempre sin placas. Alguna vez, en tiempos de Jorge Messeguer, se intentó obligar a los bikers a utilizar chalecos y cascos con enormes números para ser identificados. La medida no progresó, pues los diputados consideraron que difícilmente un sicario se pondría un chaleco de estos para ejecutar a alguien, y que —como ocurre con todas las disposiciones de tránsito— sólo serviría para que los agentes de tránsito extorsionaran a los ciudadanos.

Desgraciadamente nunca se ha sabido de que detengan a un sicario en los retenes que realizan las autoridades de los tres niveles de gobierno. El pasado martes, mientras la Guardia Nacional detenía decenas de motocicletas, una pareja a bordo de uno de estos vehículos, asesinaba a un taxista en el municipio de Xochitepec.

Ahora bien, ¿es legal la detención de motocicletas sin placas?

El pasado 3 de julio se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, un protocolo de actuación para la implementación de operativos de coordinación interinstitucional para la revisión de los documentos de identificación vehicular, emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte, en el que menciona que en sesión de fecha 21 de diciembre de 2023, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz del Estado de Morelos, acordó una serie de medidas para avanzar en la regulación de las motocicletas que circulan en el estado de Morelos y con esto, se tenga un mejor control, “dado el incremento acelerado en el uso de este tipo de vehículos que circulan por las vialidades sin contar con la matrícula de registro expedida por la autoridad competente, lo que ha provocado en esa falta de control, que la delincuencia considere a la motocicleta como el vehículo ideal para llevar a cabo diversas actividades ilícitas”.

Ese es el fundamento legal para los “operativos de coordinación interinstitucional que se realicen con la Federación, el Estado y los Municipios de Morelos, para la revisión de la documentación de identificación vehicular de las motocicletas que circulen en el estado de Morelos”, que tanta polémica han generado.

Dicho documento (que no es un decreto, acuerdo ni nada que se le parezca), le da participación a los gobiernos municipales para que se encarguen del resguardo de las motocicletas que sean sacadas de circulación.

Y los alcaldes aceptaron inmediatamente porque les da la posibilidad de tener ingresos por concepto de arrastres y corralones (que son todos concesionados a particulares). En realidad no es el negociazo que todos piensan para los concesionarios: muchas de las motocicletas se tendrán que quedar porque al usuario le resulta más caro sacarla del corralón que comprar una nueva (en abonos, obviamente). En muchos otros casos, tendrán que reembolsar el dinero porque es relativamente fácil tramitar un recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Ya surgieron los primeros desacuerdos entre el gobierno estatal y los ayuntamientos. Cuando el edil capitalino, José Luis Urióstegui Salgado, detectó que el gobierno estatal pretendía ponerlo como “el malo de la película”, ordenó que la Policía Vial de Cuernavaca sólo participara cuando existiera una infracción de por medio.

Consideramos que la solución está en que todos pongamos un poquito de nuestra parte: los ciudadanos poniendo en regla nuestras motocicletas; la SMyT debe alargar el periodo de descuentos y ahora sí dar placas, no permisos provisionales; los policías viales no deben ser tan manchados con los jovencitos que con muchas dificultades se compraron su motoneta; la Comisión de Seguridad (bueno, la que viene, porque está ya se va), implementar una estrategia efectiva que permita detectar a los motociclistas delincuentes, y los “bikers” darse cuenta que si siguen afectando a la ciudadanía con sus bloqueos, nadie los va a apoyar.

HASTA EL LUNES.