Es del dominio público que, con la llegada del almirante en retiro, José Antonio Ortiz Guarneros, arribaron a nuestro estado muchas personas provenientes del estado de Veracruz, no solamente policías, sino también administrativos. Con el cambio de gobierno la mayoría optó por hacer sus maletas y regresarse, pero un pequeño grupo se mantiene a la expectativa pues consideran que pueden convencer al nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, de que ellos son “imprescindibles” y que si se van la institución se cae.
Es por ello que, a pesar de que ya presentaron sus respectivas renuncias, en varias áreas de la extinta Comisión Estatal de Seguridad (CES), el pasado miércoles llegaron los mismos funcionarios que estaban con Guarneros a hacerse cargo, pues ya hablaron con el nuevo jefe y tienen amplias posibilidades de ser ratificados.
Una de esas personas es la directora general de Asuntos Internos, la maestra Merary Pimentel Lainez, que ocupó el mismo cargo desde que llegó en febrero del 2019, y con un sueldo de 16 mil pesos mensuales cambió su modo de vida e incluso su aspecto físico.
Y es que Merary no era solamente la encargada de asuntos internos, sino que se convirtió en “la mano derecha del almirante” (o bueno, la mano izquierda, pues la mano derecha siempre fue el capitán Mario Santomé), con facultades para decidir en cuestiones financieras como representante ante la Dirección General de Sistemas y Armonización Contable de la Secretaría de Hacienda, además de que tiene participación en la asignación de bonos “por funciones especiales” que pueden incrementar la percepción de los policías hasta 18 mil pesos.
En la única Declaración Patrimonial que hizo ante la Secretaría de la Contraloría -o al menos la única que fue subida a la Plataforma Nacional de Transparencia- en mayo de 2022 dijo tener como única propiedad un terreno sin construcciones y un crédito bancario por 150 mil pesos en Banorte.
A la fecha, se sabe que tiene un vivero en su natal Veracruz que anuncia en Facebook como Jardín de Hortencia. Coincidentemente, los vehículos que aparecen en sus publicaciones son los mismos que tiene la CES y hasta las flores de nochebuena que vende son originarias de Morelos.
Aquí cabe resaltar que, si la Contraloría quisiera hacer un ejercicio de revisión, encontraría que son cientos de miles de pesos los que entran como comprobantes de gastos por transporte y gasolina, de casetas de peaje y gasolineras ubicadas en el estado de Veracruz, y con fechas de fin de semana. Esto no solamente ocurre con la CES, sino también en la Secretaría de Hacienda. Y es que a los veracruzanos les gusta ir mucho a su tierra natal.
El otro veracruzano que asegura que se va a quedar en el cargo es el director general operativo del Sistema Penitenciario, Jesús Francisco Flores Jiménez, de quien ya hemos hablado anteriormente, refiriendo que su puesto anterior era el de escolta del coordinador, Jorge Israel Ponce de León.
“El Paco”, como lo conocen los internos, ha orquestado con la ayuda de sus incondicionales, un “conato de motín” al interior del Penal de Atlacholoaya, para venderle al nuevo secretario de Seguridad la idea de que él tiene la $olución para que todo marche bien en los centros penitenciarios.
Lo anterior con la ayuda de la directora del Penal, Luz Adriana Figueroa Martínez, quien permite que los supervisores de seguridad y custodia extorsionen a las Personas Privadas de su Libertad (PPLs) con la amenaza de que los van a mandar a otros centros penitenciarios. Ella también es la encargada de recolectar el dinero que se junta los días de visita cuando se cobra por todo.
Siguiendo con el área penitenciaria (que inexplicablemente sigue dependiendo de Seguridad Pública y no de la Secretaría General de Gobierno como antes), tenemos a Leslie Susel Orduña; ella era secretaria de coordinación y después la pusieron como encargada de la dirección técnica sin tener conocimientos en la materia.
Uriel Ayala Sánchez, director de Tecnologías, que hizo mucho dinero con el cuento de que pondrían líneas telefónicas en los centros penitenciarios y al final no hicieron nada.
Otro que está muy seguro de quedarse es el director del departamento jurídico de la extinta Comisión Estatal de Seguridad, Oscar González Marín, orquestador de la defensa de aquel muchacho apodado “el diablito”, detenido por la Fiscalía General acusado de participar en la muerte de tres jóvenes en la comunidad “Fierro del Toro”, municipio de Huitzilac, pero que después resultó víctima de tortura, quedando como victimarios el fiscal Uriel Carmona y sus elementos policiacos, procesados hasta la fecha en un juzgado federal mientras que el protegido de la CES (hasta le ayudaron a hacer un video denunciando a Uriel Carmona) está en libertad.
Finalmente, tenemos al “teniente de Corbeta”, Marcos Antonio García Ayona, quien era director general de unidades especiales, anda diciendo que ya “amarró” la Dirección de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA), no obstante que él fue el responsable de que quedara impune un abuso policiaco en el que un elemento disparó indebidamente contra un joven en las canchas de Civac, en julio del año pasado. En lugar de ponerlo a disposición del Ministerio Público, el jefe policiaco permitió que continuara trabajando y sólo (ante la presión de los medios de comunicación) Merary Pimentel le inició un procedimiento en Asuntos Internos.
El elemento fue asignado a la guardia como medida cautelar, pero cuando el Ministerio Público estaba a punto de judicializar la carpeta de investigación, el joven policía fue alertado y presentó su baja voluntaria.
García Ayona y Merary Pimentel aplicaban la justicia a su manera: si el elemento involucrado en un asunto de abuso era de su gente (marino y/o veracruzano), lo protegían hasta el final, y si no lo dejaban a su suerte.
La directora de Asuntos Internos, no obstante que tiene plaza administrativa, acostumbra a andar armada y utiliza las patrullas de la CES con cuatro escoltas. Durante el tiempo que estuvo el almirante al frente de la corporación, se dio el lujo de llevar a sus tres perros a las oficinas y los escoltas tenían que sacarlos a pasear, según refieren testigos.
Ahora, los antes referidos -y otros más que habremos de mencionar en siguientes entregas- ya presentaron su renuncia para que vean que son institucionales, pero siguen en sus oficinas con la esperanza de que la nueva administración los recontrate. Sin embargo, en caso de que llegaran a firmar algún documento estarían incurriendo en el delito de usurpación de funciones, pues legalmente no pertenecen a la institución.
Confían en que no lleguen sus relevos al enterarse de los sueldos tan bajos que está ofreciendo el Gobierno de Morelos; lo que no saben es que siempre hay forma de “ordeñar” el presupuesto aunque venga etiquetado. Pero eso sólo ellos saben hacerlo, de ahí que se consideren “imprescindibles”.
HASTA EL LUNES.
