A raíz de la publicación del pasado viernes hemos recibido una gran cantidad de llamadas y mensajes por todos los medios de ex trabajadoras y ex trabajadores de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos), en las que nos revelan una forma de corrupción que desconocíamos, y que involucra directamente a la ex directora de Asuntos Internos de dicha institución, Merary Pimentel Lainez.
Se trata de algo que se conoce al interior de la corporación como “los filtros”, que representa una forma de ingreso monetario “libre de polvo y paja” además de que no deja rastro alguno.
Esto tiene su origen en un acuerdo publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el 10 de noviembre de 2021, mediante el cual se crearon “los lineamientos generales para el pago extraordinario por funciones del personal de la CES”. El 11 de enero del 2023, se publicó un nuevo acuerdo emitido por el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, en el que menciona que “resulta apremiante dejar atrás los lineamientos mencionados y establecer un nuevo instrumento que permita la consecución de una distribución equitativa de los recursos económicos, a través de reconocimientos para el personal operativo con funciones especiales de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, considerando en todo momento sus funciones especiales y competencias”.
“Ante este escenario, se propone con el presente acuerdo, beneficiar al personal operativo con funciones especiales de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, considerando que estos últimos son quienes intervienen en la toma de decisiones de las actividades tendientes a resguardar el orden público y la paz social en la entidad, con una compensación al salario, derivado de que con su desempeño promueve la competencia entre los elementos y trae consecuencias positivas para la Institución, las cuales se ven reflejadas en los resultados de los asuntos de nuestra competencia, resueltos satisfactoriamente”.
En dicho documento se establece que los titulares de las unidades de la comisión podrán enviar las solicitudes para el pago, suspensión o reasignación por funciones especiales, mediante oficio dirigido al coordinador de desarrollo y fortalecimiento institucional, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes y serán aplicados de acuerdo al calendario de cortes de movimientos de personal operativo establecido por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.
“El “pago extraordinario por funciones especiales” será el importe que resulte de la diferencia entre el importe del clasificador asignado menos el importe nominal neto, según lo determine la Coordinación, atendiendo en todo momento las disposiciones contenidas en el presupuesto de egresos, vigente”, dice el documento que puede ser consultado en el periódico oficial 6160.
Pero este apoyo económico tenía que ser “palomeado” por el área de Asuntos Internos de la CES, es decir, la “maestra” (aunque sólo pudo acreditar su cédula de licenciada en Derecho), Merary Pimentel Lainez.
De acuerdo con ex trabajadores de Asuntos Internos que pidieron el anonimato, al principio este bono sólo se les asignó a los comandantes de cada municipio, así como a policías que realmente desempeñaban un cargo relevante, pero después cada director comenzó a “recomendar” a sus elementos.
“Entonces los directores le decían a su gente de confianza: échame la mano, recibe una lana por mí y yo te doy algo. Como ya era un acuerdo entre los directores y Merary, ella firmaba sin problema y el elemento cobraba el dinero, pero les devolvía la mayor parte”, explican.
Eran diferentes cantidades las que “filtraban” los policías a sus superiores, pero esa operación no se podía comprobar porque era dinero en efectivo y lo que le daban a Merary no lo recibía ella directamente sino a través de sus subordinadas.
Una elemento de Policía que dijo estar dispuesta a testificar, refirió que ella entregaba 4 mil 500 a la quincena, y que se los daba a Merary, hasta que se negó a hacerlo y la despidió, argumentando que no tenía el curso de Academia. Es ella quien sostiene que la directora de Asuntos Internos “vendía” los dictámenes en 20 mil pesos una resolución de no responsabilidad y que maltrataba a sus subalternos. A sus cuatro escoltas los mandaba a realizar actividades al margen de sus funciones, como pasear a sus tres perros, o encargarse de los asuntos de su vivero en el estado de Veracruz para los cuales utilizaba los vehículos de la CES.
¿Cuántos elementos fueron beneficiados con ese bono y cuánto dinero se dispersó en los últimos dos años? Se calcula que alrededor de 400 personas, pero la cifra exacta la conoceremos cuando la SSyPC nos conteste una solicitud de información pública que interpusimos el pasado viernes. Ojalá que no recurran a la argucia de declararla “información clasificada por cuestiones de seguridad”.
Pero esa no es la única fuente de ingresos de la veracruzana consentida del almirante Guarneros. Merary tenía dos “casinos” (denominación militar de una tienda en la que se vende comida y todo tipo de artículos comestibles), uno en Torre Morelos y otro en la Academia de Policía de Alpuyeca. No existe ningún documento en el que se concesione ese servicio y tampoco registro alguno de a dónde iba a dar ese dinero.
Ironías de la vida: todas esas irregularidades las debería investigar y sancionar el departamento de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. ¿Y qué pasa cuando la acusada es precisamente la directora de Asuntos Internos?
Sin embargo, hay que aclarar que el dinero que se llevaba Merary Pimentel no es nada en comparación con los negociazos que significan la contratación de las empresas que proveen la alimentación de los policías, el mantenimiento del helicóptero y los talleres mecánicos (que todos tienen domicilio fiscal de Veracruz).
Pero -como dijera aquel anuncio de la abuelita- esa ya es otra historia.
HASTA MAÑANA.
