Mientras que a nivel nacional se aprueban las leyes secundarias para hacer realidad el proyecto de que los juzgadores sean electos por el voto popular, y la gobernadora Margarita González Saravia se destaca como una de las impulsoras más fuertes de tal modificación legal, en el Poder Judicial del Estado se lleva a cabo un proceso de selección de juezas y jueces mediante el método tradicional que está a punto de extinguirse.
Lo peor del caso es que este proceso ha sido cuestionadísimo por una buena parte de los integrantes del Pleno que sostiene que se hizo uso de la cibernética para elegir a los ganadores de las plazas, y ya hasta se sabe quién va a ganar.
Y es que según los artículos 113 y 117, fracciones III, IV y V de la misma Ley Orgánica, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos (que sustituye al Consejo de la Judicatura), es la que cuenta con la facultad de convocar a concurso de méritos y examen de oposición para aspirantes al cargo de Juez de primera instancia o menor, así como calificar dichos concursos y designar a los jueces de acuerdo con los resultados.
Es ese órgano el que se ha empecinado en cubrir 11 puestos que han estado vacantes durante años, cuando la reforma judicial está “a la vuelta de la esquina”. Metafóricamente hablando, podríamos compararlo con un grupo de peces que insisten en nadar río arriba, cuando la corriente y los demás seres vivos vienen hacia abajo.
¿Por qué tanta insistencia en hacerlos juezas y jueces cuando lo más que podrían permanecer en el cargo es un año? Tal parece que la intención es beneficiarlos con ese puesto para que les permita acceder a una pensión jubilatoria como la que están buscando asegurar los magistrados, del 70% de su último salario sin importar cuanto tiempo hayan estado en esa función.
Las irregularidades señaladas por un grupo de magistrados del TSJ son las siguientes:
- a) Primer Bloque de aspirantes examinados:1. Dos participantes manifestaron que las respuestas de su examen fueron modificadas automáticamente por los equipos de cómputo.2. Una participante parecía tener las respuestas precargadas en el examen, limitándose a revisarlas durante el tiempo concedido.
- b) Segundo Bloque de aspirantes examinados:1. Cuatro participantes más parecían tener las respuestas del examen precargadas.
- Hubo dos interrupciones del suministro eléctrico, lo que desconfiguró los equipos de cómputo, alteró y, en algunos casos, borró las respuestas previamente registradas, según informaron varios participantes.
- Dos participantes más reportaron que sus respuestas fueron modificadas automáticamente por los equipos de cómputo.
- c) Tercer Bloque de examinados (en donde participaron la mayoría de actuales jueces interinos):
- Dos participantes ya tenían el examen previamente contestado hasta la pregunta 90, limitándose a revisarlo durante el tiempo concedido.
- Entre los minutos 30 y 35 de haber iniciado el examen, estos dos sustentantes ya tenían contestada hasta la pregunta o reactivo 90 y 93 del examen, el cual constó de 100 reactivos o preguntas.
Todo lo anterior fue denunciado oportunamente por los integrantes del Pleno, quienes exigieron que se suspendiera el proceso de selección, pero a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina no les importó, y continuaron con el mismo.
De acuerdo con la oficina de Comunicación Social del TSJ, la segunda fase se lleva a cabo del 24 al 27 de septiembre, se encuentra dividida en tres momentos, el primero de ellos, la elaboración de una sentencia Familiar, Civil y Mercantil, deberán resolver un caso práctico y redactar una sentencia. Posteriormente, del 7 al 9 de octubre, quienes superen la segunda etapa participarán en un examen oral ante los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.
Ayer trascendió que la idea es que hoy miércoles 9 de octubre concluyan las entrevistas en el edificio de la avenida Álvaro Obregón, y que el viernes estén tomando protesta las nuevas juezas y jueces en una discretísima ceremonia.
Los denunciantes entregaron una lista de nombres de quienes presuntamente habrían sido favorecidos “cibernéticamente” en su examen:
Paola Tapia Esquivel, Ingrid Joslayne Benhumea Rodríguez, Lilian Priscila Villanueva García, Cecilia Ocampo Bahena, Pedro Domínguez Martínez y Juan Pablo González Avilés. En ese orden de importancia.
Si este viernes ellas y ellos toman protesta, estaremos frente a un caso claro y escandaloso de tráfico de influencias, pues son personas cercanísimas a los integrantes de la Junta, y en algunos casos nunca han desempeñado un cargo jurisdiccional.
ABOGAD@S AL GABINETE. – En los últimos días el gobierno de Margarita González Saravia ha realizado nombramientos de cargos no tan importantes como las secretarías y coordinaciones, pero que igual levantan expectación sobre todo en el gremio de los litigantes. El primer nombramiento cuestionado fue el de la titular de la Defensoría Pública, María Paola Cruz Torres, y no porque su escuela sea un tanto “desconocida” (no, no es el Centro Universitario Cúspide), sino porque la licenciada en Derecho nunca ha tenido un cargo en materia penal ni tampoco ha litigado. Hija de un ex alcalde de Cuautla, fue regidora, servidora pública municipal y diputada.
Oscar Humberto Rosales Rangel, fue designado titular del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos (ISRyC). No es muy conocido, pero suponemos que es gente de Jorge Salazar Acosta puesto que laboró con él en la Procuraduría Fiscal en el sexenio de Graco Ramírez, y ambos trabajaron en la Lotería Nacional con la hoy gobernadora. También pasó por el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC) y tiene fama de honesto.
De Ana Samantha Davis Sánchez, la nueva presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tuvimos que preguntar quién es, y las respuestas que obtuvimos en su mayoría fueron favorables. Es conocida únicamente en el ámbito laboral, pues fue presidenta de una Junta Especial. “Buen perfil con la experiencia de muchos años en el sistema anterior del proceso laboral, ideal para las juntas locales en extinción”, fue uno de los comentarios que nos parecieron más acertados.
Finalmente, la abogada barrista María Eugenia Boyas, que ya se está haciendo cargo del Sistema de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), dependiente de la Secretaría de Gobierno, en sustitución de la maestra Ana Virinia Pérez Güemes. Enhorabuena.
Estaremos atentos a los nombramientos que faltan.
HASTA MAÑANA.
