“Si de verdad quieren encontrar pruebas de la corrupción en el gobierno saliente, vayan a la bodega que está en la calle 5 de mayo de la colonia San Mateo, en el municipio de Puente de Ixtla”, decía el mensaje que en forma anónima llegó al correo electrónico de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Una corazonada hizo que el agente del Ministerio Público en turno llegara a la conclusión de que no se trataba de una broma, como las decenas que llegan mensualmente a esa institución, y ordenó investigar.
Luego de un par de discretas visitas al lugar sin uniforme para no despertar sospechas, el 27 de septiembre, ya con una orden judicial de cateo judicial en mano, elementos ministeriales acompañados por Policías de Investigación Criminal (PIC), llegaron a la calle 5 de mayo del municipio de Puente de Ixtla, donde sobresalía una construcción grande. Al romper la cerradura y abrir la puerta, se dieron cuenta que en el interior había más de 30 toneladas de fertilizante, maquinaria, carretillas, tinacos y hasta drones de uso agropecuario.
Todo fue fijado fotográficamente y se levantaron las actas correspondientes, para después poner los sellos de clausura. Se requiere un peritaje en materia de valuación para saber a cuánto asciende el valor de todo lo que ahí se encontró, pero a simple vista se nota que son varios millones de pesos.
Sin embargo, así como en otros casos se tienen a los responsables del aparente delito, pero no “el botín”, en este caso se tiene el producto de un posible caso de corrupción, más no a los culpables.
Si en estos momentos aparece una persona con las facturas que acrediten la propiedad de todo lo que se encontró en esa bodega, hasta la FECC se anda metiendo en problemas.
¿De quién son esos fertilizantes y maquinaria? ¿Qué hacen ahí? ¿Cuál es su origen y su destino?
Mientras no se contesten esas preguntas, la investigación está trunca. Porque se pueden hacer muchas suposiciones, pero una cosa es elucubrar y otra comprobar. Esa es la tarea difícil para la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Juan Salazar Núñez.
Se dice que la bodega es de los parientes del ex secretario de Desarrollo Agropecuario, Omar Taboada Nasser, quien no se ha presentado a firmar su entrega recepción, pero tampoco está prófugo de la justicia pues apenas el pasado martes fue visto en Plaza Averanda como si nada.
La corrupción al interior de la SEDAGRO es un secreto a voces. El robar lo que le corresponde a los campesinos ha sido prácticamente un “deporte estatal” en el que participan lo mismo funcionarios de gobierno que diputados.
Recordemos que por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario pasaron 4 personajes en el sexenio que acaba de terminar. Primero pusieron a Guillermo López Ruvalcaba, al que quitaron al poco tiempo; luego entró la empresaria pecuaria Margarita Galeana Torres y en el 2020 fue sustituida por Katia Herrera Quevedo. A partir del primero de agosto, Omar Taboada Nasser se hizo cargo de la dependencia aunque sólo como “encargado de despacho” pues no tenía título profesional.
Pero este joven (miembro de una reconocida y pudiente familia en Puente de Ixtla), ya llevaba tiempo trabajando en la SEDAGRO.
Hay un comunicado del Gobierno del estado, fechado el 3 de octubre de 2020, que refiere que “autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM y representantes de empresas fabricantes de productos agrícolas, se reunieron con el fin de poner en marcha un sistema de manejo integrado, con tecnologías amigables con el medio ambiente, en objetivo de incrementar los rendimientos de los cultivos predominantes, y de alto valor en Morelos.
“En la reunión participaron el director de la facultad de Ciencias Agropecuarias, Jesús Eduardo Licea; Katia Herrera Quevedo, secretaria de Sedagro, así como Omar Taboada Nasser, director general de Agricultura y Agroindustria; y Salvador Bahena Uribe, director de planeación de Agropecuaria Río Grande (ARG).
Sobre éste último, conocido como “Chava Bahena”, hay bastantes testimonios de que él es el dueño de lo que se encontró en la bodega de Puente de Ixtla, porque refieren que es el principal proveedor de la Sedagro, con el prestanombres de José Luis Tovar.
Incluso, aseguran que Katia Herrera renunció al cargo por temor a que la involucraran en sus negocios turbios entre Omar Taboada (que se supone era su subordinada) y el empresario Salvador Bahena. Dicen que lo denunció oportunamente a sus superiores, pero en lugar de despedir al director de Agricultura y Agroindustria, lo ascendieron.
Omar Taboada Nasser sólo tiene Preparatoria y un Diplomado en Gestión y Administración Pública. Según su hoja de resumen profesional, consultada en la página del gobierno de Morelos, Taboada Nasser fue candidato del PRI en 2018 a la presidencia municipal de Puente de Ixtla, pero después, como muchos otros políticos “tuvo una revelación” y se cambió al partido Morena, no sin antes pelear legalmente por la representación estatal del Partido Encuentro Social, con resultados adversos.
Su experiencia profesional se sitúa en el municipio del que es oriundo, en los límites con Guerrero, en tres empresas: Abastecedora de Morelos, Aceros y Cementos Nasa, y Distribuidora de Dulces Aba, ésta última es empresa de su propiedad.
Después de ese hallazgo del 27 de septiembre ya nadie ha dicho nada. La Fiscalía Anticorrupción no ha emitido ningún comunicado que informe sobre los avances de la investigación (y puede seguir guardando silencio bajo el argumento de la secrecía que requiere su labor); la nueva titular de la SEDAGRO tampoco se ha pronunciado al respecto, y el gobierno del estado no ha vuelto a tocar el tema después de aquella declaración de que “se tiene que investigar”.
Ante este silencio, surgen muchas preguntas. ¿Hasta dónde llegó el nivel de corrupción si es que la hubo? ¿Es Omar Taboada el único responsable o va a ser “el hilo más delgado” que siempre se rompe?
HASTA MAÑANA.
