Ayer, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la iniciativa que extingue siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tal como lo pidió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró a esta institución “inútil y onerosa”.
Tras una votación de mayoría calificada de 332 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones, la propuesta inicialmente presentada por el expresidente López Obrador recibió su aval, aunque con modificaciones a la misma. Luego de su aprobación, la minuta será turnada al Senado de la República para que confirmen la decisión.
"Desde que se creó ese Instituto le cuesta mucho al pueblo de México, mil millones de pesos por año, ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay (...) siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada", dijo el mandatario en una de sus tantas conferencias matutinas en abril del 2023.
Desde ese momento marcó el destino del órgano garante de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Sus críticos aseguran que fue una venganza (al igual que la Reforma al Poder Judicial) porque fue el INAI el que ordenó hacer públicos los documentos que involucran a sus hijos con empresarios favorecidos con contratos millonarios durante el sexenio amloísta.
Sin embargo, lo cierto es que también los comisionados del Instituto incurrieron en varios escándalos relacionados con dispendios. Los excomisionados del INAI, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, renunciaron en 2023, cuando ocupaban otros cargos dentro del Instituto, tras revelarse que usaron la tarjeta de crédito institucional para pagar un table dance.
Asimismo, de sus 975 millones de pesos de presupuesto para ese año, el INAI erogó 694 millones de pesos para salarios y prestaciones de más de 700 plazas; así como dos millones para la instalación de piso deck en un piso de su sede. También gastó otros 1.8 millones de pesos para premios por concursos como “60 segundos para informarme en Tik Tok”; y más de un millón de pesos en material con el logo del INAI.
Parafraseando al expresidente Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, al INAI ya “le dieron aire” o “se llamaba”, como dice la chaviza.
Todavía hace un mes, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló que "de consumarse la reforma constitucional a los organismos autónomos, los mexicanos perderían 20 años de avances en el derecho a saber y los órganos garantes locales", durante un ciclo de conferencias que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UAEM.
En esa ocasión, confió en que "en los próximos meses se pueda dar un acercamiento con el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de dialogar y analizar cuál es el mejor camino para nuestro país en materia de derecho a la información y protección de datos personales". Ni diálogo ni nada; RIP al INAI.
Si a nivel nacional el órgano garante de la Ley de Transparencia vive sus últimos días, lo lógico es que a nivel estatal -como se dice coloquialmente- “pongan sus barbas a remojar”. Sin embargo, en un ataque de optimismo, el presidente del IMIPE, Hertino Avilés Albavera, realizó el pasado 11 de noviembre su acostumbrada ceremonia de “Entrega de Reconocimientos al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia 2023".
Días antes, llevó a cabo la firma de un convenio con una universidad particular para que se imparta la Maestría en Transparencia y Rendición de Cuentas, teniendo como escenario el Museo Juan Soriano. Sí, a escasos metros de donde fue asesinado el entonces presidente del IMIPE, Marco Antonio Alvear Sánchez, a plena luz del día.
Lo cierto es que en Morelos la transparencia es una burla o una simulación. En días pasados hicimos un ejercicio a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con una misma solicitud a los sujetos obligados de la administración estatal: Copia simple de su currículum vitae, copia simple de su nombramiento y copia simple del documento que acredite su grado máximo de estudios.
La Coordinación Estatal de Protección Civil, el Fideicomiso Agua Hedionda y el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo ignoraron olímpicamente la solicitud de información, quizás confiados en que los días del INAI y de todos los órganos garantes de la Ley de Transparencia están contados.
De la respuesta del Fideicomiso Turismo Morelos pudimos saber que su titular, Miguel Armando Moreno Madariaga, no tiene título profesional, pero es piloto aviador y la mayor parte de su trayectoria profesional fue en el Hotel La Buena Vibra, de Tepoztlán.
De igual manera, José Luis Saavedra Vega, director del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos (el que está en Xochitepec), no acreditó escolaridad alguna, y su subdirectora jurídica informó que “con base en el Formato de Perfil de Puesto de Mandos Superiores (…) en el apartado Escolaridad, el actual director tiene experiencia comprobable en el puesto y el conocimiento en la materia para ocupar el cargo, por lo que en este acto se anexó el curriculum vitae en el punto i del presente documento”.
Quien se lleva un diez en transparencia es el director del Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V., contralmirante Salvador Cuellar Hernández, quien contestó en tiempo y forma lo que se le solicitó, incluso adjuntando los documentos que sustentan su respuesta. Francisco Guillén Valdez es el titular de la Unidad de Transparencia.
Algo en lo que coincidimos con el representante de “Morelos Rinde Cuentas”, Roberto Salinas, es que muchos de los sujetos obligados han caído en el cinismo (valemadrismo diríamos), de tal forma que no les importa ya lo que diga la opinión pública con tal de no contestar lo que les piden los ciudadanos.
Los encargados de las unidades de transparencia recurren a “marrullerías”, tales como pedir prórroga y luego no contestar; decir que no entienden las preguntas; declarar que pone en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública o que se afecta la protección de datos personales de particulares, etc.
Los “campeones de la opacidad” en la pasada administración fueron los Servicios de Salud, que no entregaron absolutamente nada de la información que le solicitó Morelos Rinde Cuentas; así como el Congreso Local (anterior Legislatura) al negarse a informar en qué se gastan el dinero que se les proporciona de manera discrecional.
Se supone que ante estas negativas procede el recurso de queja ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, pero -a pesar de que ya son cinco los comisionados en lugar de tres- la resolución de dichas inconformidades pueden tardar meses o hasta años.
Luego entonces, quizás sí tenía razón AMLO cuando decía que es mucho dinero el que se gasta para mantener a tanto comisionado con tan poca productividad.
HASTA EL LUNES.
