En los próximos días se habrá designar a la cabeza de una de las instituciones que NO DEBERÍAN EXISTIR en este país. Se trata de Comisión de Búsqueda de Personas, dependencia que nace de una circunstancia tan grave como dolorosa: En México, cada año alrededor de 10 mil personas (hombres, mujeres, niñas, niños) desaparecen, dejando a sus familias con la angustia de no tener una tumba con sus restos para llorarlos, y con la esperanza de encontrarlos con vida.

Aunque Morelos no se encuentra entre los estados con mayor índice de desaparecidos, a partir de que se creó la Comisión Nacional de Búsqueda hace 7 años, el gobierno de la entidad tuvo que crear su propia instancia que tiene la responsabilidad de coordinar acciones para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en México.

Con fecha 18 de junio del 2019 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Decreto por el que se crea y regula el Órgano Desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. En el artículo 8 del Decreto antes citado se establece que para la designación del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, así como lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se deberá realizar una consulta pública a colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, para que posteriormente el Secretario de Gobierno remita al titular del Poder Ejecutivo Estatal, la propuesta de nombramiento de la persona que estará al frente de la Comisión.

La primera titular de esta Comisión fue Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, una ex funcionaria de la Fiscalía General de la República cercana al entonces secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas. Su gestión fue poco productiva, sin embargo, habría que considerar que nunca tuvo los suficientes recursos económicos necesarios y que le tocó iniciar desde cero la institución. Después, buscó infructuosamente la titularidad de la Comisión de Búsqueda, pero a nivel nacional.

Ante la falta de titular, la gobernadora Margarita González Saravia designó al doctor en Derecho, Leonel Díaz Rogel, como encargado de despacho, con la posibilidad de ratificarlo mediante el procedimiento que establece la Ley.

La convocatoria fue publicada el 27 de noviembre en el periódico oficial Tierra y Libertad, donde se señala que los aspirantes deben cumplir con requisitos como experiencia en derechos humanos, búsqueda de personas y, preferentemente, conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal. Sin embargo, lo que ha generado suspicacias es que el tiempo para la recepción de propuestas fue reducido de 10 a solo 5 días hábiles, un plazo que vence el próximo 3 de diciembre.

“Cinco días son insuficientes para reunir los documentos y presentar propuestas serias, especialmente cuando los colectivos están ocupados en las fosas de Jojutla”, expresó Amalia Hernández, integrante del Colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, y tía de Oliver Wenceslao Navarrete, víctima de desaparición y asesinato en 2014.

“Me enteré por casualidad, y muchas familias ni siquiera saben que la convocatoria existe. Esto es una falta de respeto y una clara señal de que el proceso está dirigido”, agregó la polémica activista.

La falta de tiempo para postularse ha generado dudas sobre la verdadera intención detrás de la convocatoria. Según los colectivos, esta acción está diseñada para imponer a Leonel Díaz Rogel, actual encargado de despacho de la Comisión, quien no cumple con los requisitos establecidos para el cargo.

“Es doctor en Derecho Industrial, un área completamente ajena a la búsqueda de personas desaparecidas. Su experiencia en derechos humanos es limitada, y eso no basta. Este cargo exige conocimiento profundo en búsqueda, ciencias forenses y localización de personas. Él no tiene ese perfil”, aseveró Hernández.

Las críticas hacia Díaz Rogel no solo se centran en su falta de preparación, sino también en su gestión al frente de la Comisión. Según denuncias, ha removido a personal capacitado para contratar a personas sin experiencia, incluyendo un contador, un periodista y un abogado, quienes han sido enviados a realizar tareas forenses sin la preparación adecuada.

“Esto pone en riesgo la identificación correcta de los restos exhumados y genera desconfianza entre las familias de víctimas. No se puede jugar con el dolor de quienes buscamos a nuestros seres queridos”, añadió la activista.

Incluso hay denuncias realizadas por afectados que, por temor a represalias, pidieron anonimato, donde señalan que Leonel ha condicionado a los trabajadores para mantenerlos en sus puestos, siempre y cuando "donen" una parte de su sueldo para "apoyar" a algunos de los nuevos integrantes que aún no han podido cobrar debido a temas burocráticos.

Otro punto de preocupación es el posible conflicto de interés en la gestión de Díaz Rogel. Hernández denunció que, antes de asumir como encargado de despacho, solicitó cartas de recomendación a tres colectivos de víctimas, las cuales este medio tiene en su poder. Tras asumir el cargo, contrató a dos firmantes de esas cartas y a una familiar directa de la tercera firmante para trabajar en la Comisión en áreas donde se exige especialización que no poseen.

Ante la presión de activistas y comunicadoras, por fin ayer el Gobierno del estado dio a conocer la lista de las candidatas y candidatos postulados para ocupar ese cargo:

María Sol Berenice Salgado Ambros, Carlos Alberto Flores García, Oscar Alfredo Valdepeña Mendoza, Elizabeth Lázaro Torres, Osmany Licona Quiterio, Alfredo Velázquez Lara…y Leonel Díaz Rogel.

Osmany Licona Quiterio fue visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y actualmente trabaja en el COLMOR, antes Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos. Es doctor en Derecho e imparte cátedra en diversas universidades.

Carlos Alberto Flores García es un ex agente del Ministerio Público del Fuero Común que se hizo famoso últimamente por enfrentarse al fiscal Uriel Carmona y exhibir supuestos malos manejos financieros.

Elizabeth Lázaro Torres es una abogada que fue subprocuradora de la región Surponiente en el gobierno de Graco Ramírez. María del Sol Salgado Ambros es poseedora de un amplio currículum, pero todo en el Estado de México, donde es o era titular de la Comisión de Búsqueda de esa entidad.

A los demás no los conocemos. Es una empresa difícil la que tiene el subsecretario de Gobierno, Miguel Peláez, a quien el secretario de Gobierno Juan Salgado Brito le encomendó esta tarea por indicaciones de Margarita González Saravia.

De una cosa estamos seguros: sea quien sea el elegido o la elegida, habrá inconformidades.

HASTA MAÑANA.